“El Gobierno busca que la realidad sobre la pobreza en Bolivia sea una disputa de interpretación de datos en vez de orientar adecuadamente sus esfuerzos para comprender y reducir las causas que generan mayor desigualdad y pobreza en el país”, indica Silvia Escobar, investigadora del Centro de Estudios para el Desarrollo Laboral y Agrario (CEDLA).

La investigadora señaló esto a partir de un reciente informe de la Comisión Económica para América Latina y El Caribe (CEPAL), en el que Bolivia está entre los tres países de la región que incrementó la pobreza extrema de 14,9% en 2014, al 16,4% en 2017, que fue difundido por BBC Mundo.

“Nosotros presentamos hace poco el Índice de Pobreza Multidimensional (IPM), en el que se señala que el 61% de la población vive en condiciones de pobreza multidimensional en 2017, utilizando los datos de la encuesta de hogares del Instituto Nacional de Estadísticas (INE)”, explica Escobar.

Este porcentaje incluye, entre otros, a campesinos, obreros, clases medias independientes y asalariadas en puestos de trabajo menos calificados, además de la mayoría de los indígenas y de las mujeres.

La investigadora afirma que en el trabajo presentado por el CEDLA sobre el IPM se tomó en cuenta, como antecedente, un trabajo de la CEPAL que medía la pobreza multidimensional en Bolivia para el 2012, en el que el 58% de la población boliviana era pobre.

“En agosto pasado, fue el propio vicepresidente Álvaro García Linera que comentó que se debiera tomar en cuenta a instituciones como la CEPAL para discutir los índices de pobreza del país; lo irónico es que cuando esta institución señala que la pobreza extrema se incrementó, el INE se apura para descalificarla por su metodología”, puntualiza la investigadora del CEDLA.

Pobreza y desigualdad

El CEDLA desarrolló el IPM, que mide la pobreza y las desigualdades actuales en Bolivia, que fue presentado el pasado 31 de julio.

De acuerdo con los investigadores del estudio, “la pobreza es la negación de los derechos humanos; las políticas públicas debieran estar orientadas a dar solución a los problemas derivados de la falta de condiciones para su ejercicio pleno, por su relación fundamental con la democracia y el desarrollo”.

El CEDLA señala que el Estado boliviano tiene obligación legal y moral en la reducción de la pobreza, pero “el cumplimiento de esta obligación está subordinado a las relaciones de poder y a las correlaciones de fuerza predominantes en la sociedad que impiden el ejercicio de derechos”.

En esa oportunidad, el CEDLA indicó que “la orientación de la política pública no garantiza la seguridad de ingresos para las y los bolivianos, además que amplía las brechas de desigualdad en el acceso a recursos productivos, oportunidades, participación política y seguridad ciudadana; esto se evidencia en que 61 de cada 100 bolivianos son pobres multidimensionales”.