YPFB: LA NECESIDAD DE UNA EMPRESA ESTATAL QUE CONTROLE LOS HIDROCARBUROS

Durante las últimas semanas, las empresas petroleras transnacionales que operan en el país han demostrado el poder y el control que detentan sobre los hidrocarburos y el Estado boliviano, generando una dramática escasez de GLP en el mercado interno. Pese a las explicaciones de las autoridades gubernamentales y de la Superintendencia de Hidrocarburos, varias fuentes señalan que la escasez de GLP es resultado, esencialmente, de una baja en la producción de hidrocarburos. Lo que estarían buscando las petroleras es ejercer presión para modificar la nueva Ley de Hidrocarburos No. 3058 e impedir la “refundación” de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) en este momento cuando se está por conformar el directorio de la nueva empresa estatal, bajo la figura de una distorsionada refundación. Estos elementos ponen de manifiesto la necesidad de contar con una empresa estatal fuerte que controle la cadena productiva de los hidrocarburos de manera que los bolivianos no sean quienes carguen con las consecuencias de una política errática enmarcada en los márgenes de un liberalismo a ultranza. Historia breve de YPFB Hacia el año 1867, en Bolivia se realizaron las primeras exploraciones y concesiones petroleras en los departamentos de Cochabamba, Tarija y Santa Cruz. En 1922 fue perforado el primer pozo por la empresa Standard Oil Company de Nueva Jersey (una de las Siete Hermanas). Una de las compañías que logró encontrar grandes yacimientos de gas y petróleo fue la Bolivian Gulf Co. Pasada la Guerra del Chaco, “la guerra del petróleo”, y aduciendo incumplimiento de contrato y graves lesiones al Estado boliviano por parte de las petroleras, el gobierno de David Toro, mediante D.S. de 21 de diciembre de 1936, obligó a la Standard Oil devolver sus concesiones al Estado, creándose simultáneamente Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) por considerar a este recurso como estratégico. A partir de entonces, YPFB representó para Bolivia un pilar fundamental de su economía. En 1954, durante el gobierno de Víctor Paz Estensoro, se dictó el Código del Petróleo o “Código Davenport”, cuyo objetivo era atraer inversiones de las compañías transnacionales. El Código contenía muchos puntos que iban en desmedro de los intereses nacionales y a favor de las transnacionales. Durante el gobierno de Alfredo Ovando se derogó el Código del Petróleo, el 26 de septiembre de 1969, como paso previo a la nacionalización de la Gulf Oil. La llamada nacionalización del petróleo se realizó el 17 de octubre de 1969. Esa medida logró la recuperación de una riqueza que vigorizó la economía del país. El 5 de diciembre de 1996, YPFB fue privatizada y entregada a Repsol (Andina), Amoco (Chaco) y Enron-Shell (Transredes). Bolivia perdió su empresa estrella. YPFB fue privatizada amparada en la Ley de Capitalización No. 1544, de 21 de marzo de 1994, promulgada por el gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada, so pretexto de que era una empresa ineficiente y corrupta. Este acto formó parte de la “segunda generación” de reformas estructurales aplicadas en el país, que profundizaron el modelo económico neoliberal implantado con el D.S. 21060. YPFB sufrió otra estocada mortal el 4 de agosto de 1997, cuando antes de terminar su mandato, Gonzalo Sánchez de Lozada promulgó el D.S. 24806 por el que se transfirió la propiedad estatal de las reservas de gas y petróleo a varias empresas transnacionales. La llamada refundación Luego de intensas luchas de los movimientos sociales, en septiembre y octubre del 2003, que exigían la nacionalización de los hidrocarburos y que YPFB sea la empresa estratégica que fortalezca el desarrollo del país, el gobierno de Carlos Mesa realizó —el 18 de julio del 2004— un referéndum tramposo orientado a la desmovilización popular. Para responder al reclamo del pueblo, YPFB fue “refundada” mediante Ley No. 3058 de 17 de mayo de 2005, recuperando las acciones de las capitalizadas petroleras (Chaco, Andina y Transredes), actualmente administradas por las AFPs, reestructurando los Fondos de Capitalización Colectiva y asumiendo el financiamiento del Bonosol. Para su funcionamiento, Yacimientos contará con los siguientes ingresos consignados en el artículo 32 del D.S. 28324: a) Ordinarios: i) Los que le asigne anualmente el Tesoro General de la Nación – TGN ii) Los que le correspondan por Ley en su rol de agregador. iii) Los que le correspondan por cumplir y desempeñar su rol en todas las fases de la industria de hidrocarburos y en las operaciones realizadas dentro de dicha industria. iv) Retribución por prestación de servicios petroleros. b) Extraordinarios: i) Los provenientes de la venta de bienes de su patrimonio. ii) Los fondos que obtenga por la venta de bonos, títulos y valores que pudiera emitir conforme a la normativa correspondiente. iii) Los provenientes de financiamiento externo. iv) Los demás recursos que obtenga por otros medios. El nuevo rol de YPFB A la vista, esta refundación de YPFB no es la que el pueblo esperaba, ya que renace con grandes limitaciones económicas, con un futuro incierto, porque está circunscrita a ser una empresa que no dificulte y no se inmiscuya en los intereses de las grandes compañías petroleras. A YPFB no se le dan condiciones para participar de manera autónoma en el negocio petrolero y dirigir al sector, fijando precios o actuar como instrumento de política económica. En todo caso será relegada al mercado interno y, por lo mismo, no tendrá una participación preponderante en el negocio de los hidrocarburos. Al Estado neoliberal no le interesa la constitución de una empresa estatal fuerte y tampoco la industrialización del gas, sino cumplir con las imposiciones de los organismos internacionales y preservar el negocio de las transnacionales petroleras. Las exportaciones de gas a Brasil y Argentina son ininterrumpidas. ¿Cómo se puede fortalecer a YPFB si los hidrocarburos se encuentran en manos de las petroleras y si el Estado responde dócilmente a las recetas neoliberales? El neoliberalismo y las empresas transnacionales han justificado la privatización de los hidrocarburos con el argumento de que el Estado es ineficiente en el manejo de una empresa como YPFB. Sin embargo, esta empresa fue el sostén de la economía boliviana durante varios años, aunque fue manejada políticamente o usada como botín político por los mismos que la privatizaron.

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