Con la derrota ideológica de la derecha se consolidó el poder político y ahora el proceso de cambio avanza hacia la industrialización de los recursos naturales para apuntalar el poder económico, dice el Vicepresidente Álvaro García Linera. Uno de los planes industriales del gobierno es construir mega infraestructuras hidroeléctricas exportadoras de electricidad y redistribuir las ganancias del negocio a través de bonos sociales.

“El poder económico se va a lograr sólo con un proceso de industrialización…  ¿Por qué es importante industrializar? Porque de esa manera sentaremos soberanía de nuestra materia prima, y de ahí saldrá el dinero para el bono Juancito Pinto, para la Renta Dignidad, para el bono Juana Azurduy, para las carreteras y las escuelas y para termoeléctricas e hidroeléctricas…”, explicó García Linera en un reciente encuentro con productores de coca del Chapare.

El Ejecutivo boliviano prevé invertir al menos 2.000 millones de dólares en la instalación de plantas hidroeléctricas en Cachuela Esperanza, Tahuamanu, Miguillas, San José y El Bala, y decenas de pequeñas centrales en Potosí, Oruro, Chuquisaca y Cochabamba. El plan es consolidar hasta 2025 una matriz eléctrica compuesta en un 50% por hidroelectricidad, 25% termoelectricidad a partir del gas natural y 25% de energías renovables, reveló el viceministro de Electricidad y Energías Alternativas Roberto Peredo Echazú en el Seminario Internacional de Integración Energética Bolivia-Brasil celebrado la semana pasada en Río de Janeiro.

El gobierno da por hecho que la hidroelectricidad garantiza el crecimiento económico y el “desarrollo” industrial acelerado porque es la energía renovable más limpia y barata. “Sin energía barata no habrá desarrollo e industrialización y tampoco se podrá construir el `tecnosocialismo` o `socialismo más industrialización acelerada`, la única alternativa al acoso imperial”, argumenta en analista Ricardo Ángel (Ran) Cardona. [1]

El gobierno y los “tecnosocialistas” proponen aumentar la potencia eléctrica nacional de un millón de KW o 0,1 KW por habitante hasta los niveles de las naciones industrializadas –aproximadamente 1.500 millones de KW en Estados Unidos, casi 5 KW por persona, o 110 millones de KW en Brasil, es decir 0,6 KW per cápita–, y de esta forma viabilizar la exportación de electricidad a los países vecinos. La energía eléctrica generaría ingresos superiores a los cinco mil millones de dólares en la próxima década, elevando el PIB nacional en al menos 25%, estima Cardona.

Los grandes proyectos hidroeléctricos de Cachuela Esperanza y del río Madera y la termoeléctrica de Puerto Suárez se planifican exclusivamente para proveer electricidad a los mercados de Brasil y Argentina, confirmaron el ministro de Hidrocarburos y Energía Luis Fernando Vincenti, el gerente de la Empresa Nacional de Electricidad (ENDE) Raúl Alarcón y el embajador de Bolivia en Brasil José Alberto Gonzáles.

Los proyectos de Cachuela Esperanza, Rositas y otros de larga data “permitirán exportar electricidad a otros países. Es posible que algunos proyectos se vuelvan rentables si se destina para la exportación una parte de la energía que produzcan, como es el caso del proyecto del Río Unduavi. No se trata de exportar a un precio bajo subsidiado, Argentina paga seis dólares por millar de pies cúbicos de gas y ese debe ser el precio de referencia para venderle electricidad”, dijo Alarcón en el Seminario Hidroelectricidad y desarrollo convocado por la Plataforma Energética.

El 26 de julio, el embajador Gonzáles reveló que la energía generada por la hidroeléctrica del río Madera y por la termoeléctrica proyectada en Puerto Suárez se exportará a Brasil. Un día antes el ministro Vincenti anunció que está a punto de concretarse el primer acuerdo de exportación de energía eléctrica a Argentina.

El patrón de desarrollo en debate

Debatir y reflexionar sobre el patrón de desarrollo en Bolivia en base al conocimiento histórico y a la investigación científica es uno de los grandes desafíos en esta etapa de la transición estatal, señala el director del Centro de Estudios Superiores de la Universidad Mayor de San Simón (CESU UMSS) Fernando Mayorga. [2]

Una reflexión sería debiera considerar la larga historia de dependencia de la economía boliviana, hasta el día de hoy entrampada en un patrón de desarrollo empobrecedor sustentado por pocos actores y sectores productivos, como describe el informe La otra frontera, usos alternativos de recursos naturales en Bolivia, del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).

Anteriores gobiernos apostaron “ciegamente” por la capitalización/privatización sin un adecuado sistema de planificación, y ahora se impulsa la nacionalización de empresas sin contar con balances energéticos y otras herramientas imprescindibles para garantizar y proyectar el desarrollo energético boliviano, alerta el investigador del Centro de Estudios para el Desarrollo Laboral y Agrario (CEDLA) Javier Gómez.

“Debido precisamente a la ausencia de un sistema de planificación, una vez más Bolivia puede estar marchando a ciegas y existe el temor de que la proyectada expansión de la generación y exportación de electricidad se realice en desmedro del desarrollo económico interno y con escasa consideración de probables impactos socioambientales en la región amazónica”, advierte Gómez.

El gobierno de Bolivia prioriza la atracción de capitales para diversificar la matriz energética nacional y transformar estructuralmente la economía, sin evaluar el verdadero impacto modernizador del capital foráneo, el cual depende principalmente de su orientación, de su grado de integración en el tejido productivo local, y de su capacidad para crear una malla de relaciones de cooperación y dependencia entre las empresas nacionales y el Estado. [3]

Las nuevas inversiones financieras en infraestructuras hidroeléctricas están completamente subordinadas a las perspectivas de expansión y rentabilidad de grupos corporativos de la siderurgia, la celulosa y el agronegocio, que precisan nuevas fuentes de energía barata para intensificar la explotación de materias primas en el territorio amazónico, afirma el profesor de la Universidad Federal de Rondonia Luis Fernando Novoa.

Brasil ha puesto a disposición de los países sudamericanos los conocimientos y la experiencia de Electrobras y el financiamiento del Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social de Brasil (BNDES) para alterar la matriz energética de la región hacia la hidroelectricidad, declaró el coordinador del Grupo de Estudios del Sector Eléctrico de la Universidad Federal de Rio de Janeiro (Gesel/UFRJ) Nivalde de Castro.

En la peor época del neoliberalismo los Estados periféricos competían por “inversiones frescas”, flexibilizando al máximo sus normas fiscales, laborales y ambientales; los capitales “golondrina” desencadenaron crisis financieras y quebraron naciones enteras.

En la etapa post neoliberal, el Estado boliviano se endeuda con el BNDES para construir infraestructuras orientadas al mercado internacional, flexibiliza nuevamente sus marcos regulatorios laborales y medioambientales, y consolida su viejo rol de proveedor de recursos naturales, compitiendo abiertamente con otras economías periféricas satélites de Brasil. [4]

La comprobada insostenibilidad ecológica del modelo económico que impulsa el crecimiento y el concomitante consumo desmedido es tal vez la lección histórica menos entendida y asimilada en Bolivia y en otras naciones de la región, que hasta ahora no admiten que el mayor desafío es corregir los supuestos del “progreso” y “armonizar las actividades económicas y el consumo con las realidades ecológicas…”, como indica el Informe de Desarrollo Humano 2007 – 2008 del PNUD.

La humanidad continúa perdiendo selvas, especies, hábitats y ecosistemas a un ritmo sin precedentes debido a la “excesiva y desenfrenada” explotación de naturaleza por parte de las 3.000 empresas más grandes del mundo, concluye un nuevo informe del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) titulado “La Economía de los Ecosistemas y la Biodiversidad” (TEBB).

El capital natural del mundo está siendo destruido a un ritmo 100 veces mayor que en el período de la evolución, lamenta el director ejecutivo del PNUMA Achim Steiner. A pesar de ello, las transnacionales responsables de daños ambientales valuados en 1,7 billones de euros o 2,1 billones de dólares al año y hasta el gobierno del Presidente Evo Morales declarado defensor mundial de la Madre Tierra por la ONU continúan presionando a la naturaleza como si fuera una inagotable fuente de recursos.

Algunos sectores sociales proponen frenar la depredación capitalista forjando nuevos ideales de bienestar y felicidad no basados en la posesión de bienes materiales, y nuevas prácticas de consumo solidario respetuosas con los límites de la naturaleza. Otros sugieren reformas monetarias que eliminen la moneda fiduciaria, creyendo que así se corta de tajo la propensión al crecimiento desenfrenado. [5]

Sin embargo, los ideales del crecimiento ilimitado y la acumulación de ganancias sin un fin determinado, más que fetiches o patologías culturales fruto de la ignorancia humana o de la codicia innata de los empresarios, son en realidad las fuerzas motoras básicas de la competencia intercapitalista y la razón de ser del modo de producción capitalista. [6]

La explotación rapaz de recursos en pos de ganancias a corto plazo y sin la mínima consideración de los límites naturales ha sido la base histórica del proceso de acumulación y expansión capitalista. Esta especie de cáncer terminal difumina varios tipos de tumores malignos, entre ellos enormes represas que inundaron cientos de miles de kilómetros de los ecosistemas ribereños más diversos del mundo. Según varios especialistas y expertos de la ONU y de la Comisión Mundial de Represas, las hidroeléctricas de Tucuruvi, Valdina y Samuel construidas en la Amazonía brasilera provocaron verdaderos desastres socioambientales que no debieran repetirse jamás. [7]

La sociedad civil se pronuncia

Los especialistas e investigadores críticos de todo el continente no rechazan ni se oponen a la construcción de hidroeléctricas, pero exigen más estudios para probar su viabilidad ambiental y social.

En el Primer Seminario Internacional sobre políticas de integración celebrado la semana pasada en Asunción con el auspicio de la Unión de Naciones Suramericanas (UNASUR), el ingeniero paraguayo Ricardo Canese reflexionó que la integración energética entre países de mayores y menores ingresos no siempre es equitativa, como lo demuestra objetivamente el caso de la represa binacional de Itaipú.

Itaipú favoreció más a Brasil sin contribuir al desarrollo de Paraguay;  por tanto, merecen la condena pública los irresponsables que dan por hecho que el aumento de las exportaciones de electricidad garantiza el “desarrollo económico”.  Más insensatos son los que siguen creyendo que la tasa de crecimiento del PIB determina la prosperidad de la nación. El año pasado la economía boliviana creció a más del 5 por ciento, pero al mismo tiempo aumentó el número de personas que viven bajo la línea de la pobreza hasta 166.869, el 1,4 por ciento de la población, observa el PNUD.

Es inconcebible que algunos nacionalistas pragmáticos del gobierno boliviano, en vez de construir un nuevo modelo económico comunitario como manda la Constitución, impongan un modelo productivo que intensifica la naturaleza concentradora y excluyente del capitalismo.

El viceministro de Planificación Estratégica Raúl Prada Alcoreza admite que algunos burócratas restauradores del viejo Estado-nación que ha muerto y del Estado moderno que está en crisis mantienen posturas hegelianas “decadentes” e imponen la realización de la razón de Estado como si fuese el espíritu y el saber absoluto.  [8]

Los restauradores del viejo Estado subalterno en la periferia del sistema-mundo capitalista no comprenden que el Estado plurinacional comunitario y autonómico instauró un nuevo sistema de gobierno basado en la democracia participativa, es decir en el ejercicio de la democracia directa, la democracia delegada y la democracia comunitaria.

Según Prada, el Estado plurinacional es una herramienta o una maquinaria que administra las propiedades del pueblo boliviano con el mandato constitucional de construir una economía social y comunitaria en la perspectiva del vivir bien. La Constitución señala claramente la obligación estatal de armonizar el modelo productivo y el modelo ecológico y explotar los recursos naturales conservando los ecosistemas, con el control social y la gestión territorial y ambiental ciudadana.

Ejerciendo sus derechos legítimos, la sociedad civil interpela a la cúpula gubernamental restauradora del capitalismo: ¿Los megaproyectos hidroeléctricos sirven a Bolivia o son un negocio brasilero? ¿Por qué priorizan la exportación y descuidan el mercado interno? ¿Cuándo funcionará la línea eléctrica Caranavi-Trinidad que debió entrar en servicio hace un año? ¿Cuánto perdió el Estado por el retraso? ¿Cuántos litros de diesel súper subvencionado consume Trinidad y cuánto paga por el alquiler de grupos electrógenos?

Ya es hora de que el nacionalismo indígena rinda cuentas: ¿Es cierto que la termoeléctrica del Chapare presentada como la primera obra del gobierno del MAS en realidad fue gestionada y financiada íntegramente por PDVSA? ¿Sólo Venezuela firmó el contrato de fabricación y montaje de las turbinas con Siemens en Suecia? ¿Podemos confiar en burócratas del Ministerio de Hidrocarburos y de ENDE que disimulan su incapacidad atribuyéndose méritos ajenos?

[1]. La electricidad que necesita Evo y las masas para construir el socialismo.

[2]. Seminario trinacional sobre hidroelectricidad y desarrollo celebrado en Cochabamba con el auspicio del Centro de Estudios para el Desarrollo Laboral y Agrario (CEDLA), del Centro de Estudios Superiores Universitarios (CESU) de la Universidad de San Simón y del Centro de Información en Energías Renovables (CINER).

[3] Capital extranjero y cambio estructural. Una necesaria revisión de los lugares comunes, Fernando Luengo , profesor de Economía Aplicada I de la Universidad Complutense de Madrid y miembro del Grupo de Investigación Economía Política de la Mundialización, Instituto Complutense de Estudios Internacionales. www.sinpermiso.info, 25 julio 2010.

[4] Brasil y Perú firmaron hace poco un acuerdo de integración energética que serviría de parámetro en la negociación con Bolivia. El presidente Luiz Inácio Lula da Silva y su homólogo paraguayo Fernando Lugo acordaron construir hasta 2012 una línea de 500 kilovatios que enlazará la hidroeléctrica Itaipú con Villa Hayes en Paraguay, a un costo de alrededor de 400 millones de dólares financiados íntegramente por Brasil. La compensación por el pago de la energía cedida por Paraguay ascendería de 120 a 360 millones de dólares, según un reporte de Prensa Latina.

[5]. Alejandro Nadal, La Jornada, 21 julio 2010.

[6]. La competencia no es otra cosa que la naturaleza interna del capital que surge y se realiza en la interacción con otros capitales. El capital sólo puede existir como muchos capitales y su determinación aparece como la interacción recíproca de unos con otros. Por las fuerzas de la competencia, el capital es continuamente acosado “¡marcha, marcha!”, explica Marx en los Grundrisse.

[7]. Según la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA) existen más de 300 proyectos de grandes represas en construcción o planeados en la región. La instalación de megarepresas en la Amazonía provocarán al menos 14 impactos ambientales y nueve sociales, según el coordinador del programa de energía de Desarrollo, Ambiente y Recursos Naturales DAR de Perú César Gamboa.

Daños ambientales de las represas: Crean un lago completamente artificial que altera el régimen hidrológico del río en función de las necesidades de la central modificando el ritmo natural de entrada y salida de agua en las “cochas” y en los afluentes. Interrumpen el curso de agua con impacto negativo en la migración reproductiva de los peces y destrucción de alevitos. Altera la temperatura del agua en la represa y a su salida, retiene nutrientes en el lago artificial reduciendo la calidad del agua para la biota. Altera la disponibilidad y la distribución de semillas de especies forestales. Genera (o puede generar) volúmenes considerables de gases de efecto invernadero. Contribuye a la deforestación y/o destrucción de habitats y porciones importantes de ecosistemas en las cuencas inundadas. Elimina riberas o bancos de arena debido a la reducida carga sedimentaria y a las alteraciones periódicas (a veces diarias) del flujo de agua de la represa. Las represas dejan un importante pasivo ambiental cuando son abandonadas. El lodo anaeróbico es de por si un riesgo letal para el río y acumula toda clase de contaminantes naturales o de origen humano.

Impactos sociales: Desplazamiento forzado de poblaciones a lugares con condiciones generalmente menos adecuadas para su calidad de vida. Inunda tierras agropecuarias de mejor calidad en el fondo de valles con suelos aluviales. Reduce o dificulta la navegación en el río, reduce la disponibilidad de pescado, fauna silvestre y productos forestales diversos. Se pierden sitios arqueológicos y lugares de valor cultural. Altera las costumbres tradicionales y, frecuentemente, aumenta la prostitución y la delincuencia durante las obras y después de terminadas debido al flujo de personas ajenas a la región. Las represas son una amenaza constante para las poblaciones humanas y las infraestructuras localizadas en el mismo valle debajo de ellas, en especial en regiones sísmicas. Los embalses retienen minerales valiosos como el oro que, previamente, son explotados debajo de éste, ocasionando conflictos con los mineros o su dispersión a otras áreas.

[8] De la Constitución Política del Estado Plurinacional Comunitario Autonómico, Raúl Prada Alcoreza.

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