Luego de la presentación del proyecto de Presupuesto General del Estado, el Gobierno ha invitado a la sociedad a reflexionar sobre la pertinencia de mantener la subvención a los combustibles, sosteniendo que el monto de la subvención (que según el Gobierno asciende a 1.060 millones de dólares) constituye un verdadero “desangramiento” de la economía nacional.

Lejos de ingresar a un debate equilibrado sobre los “pro”, los “cómo” y los “contra” del subsidio a los combustibles, la intención clara es estigmatizar la subvención con ayuda de toda una batería de argumentos, incluidos los análisis de varios conocidos analistas del sector, según el Centro de Estudios para el Desarrollo Laboral y Agrario (Cedla), a través del documento “Ecos del gasolinazo – Subsidio a la gasolina y el diésel”.

“Parecería que el objetivo único es mostrar a la población que la subvención está desangrando al sacrosanto Estado Plurinacional y que los principales y casi únicos beneficiarios del subsidio son los propietarios de vehículos particulares y transportistas, responsabilizando al consumo y a los consumidores de esta situación”, sostiene el estudio.

Concentrar el debate de la subvención en una cifra y su afectación al Tesoro General de la Nación es, por decir lo menos, no jugar con todas las cartas sobre la mesa.

En un debate serio y real, la agenda a discutirse debería considerar el análisis del problema de la subvención a los hidrocarburos desde varias perspectivas distintas, sostiene el Cedla.

“No se puede ignorar una lectura detallada de la dimensión del gasto corriente del gobierno, para luego compararla con los montos de la subvención y así tener una perspectiva política más clara o, al menos, un panorama que contraste la subvención a los combustibles con el montón de dinero destinado al crecimiento de la burocracia”, explica el documento.

Se debe evaluar los volúmenes de producción de líquidos en las empresas nacionalizadas, y, a partir de ellos, establecer las causas del problema en el contexto de la “nacionalización”.

Se deben considerar los resultados reales de los planes orientados a la sustitución de gasolina por Gas Natural Vehicular.

De igual manera, es necesario, según el Cedla, afrontar la discusión acerca del verdadero impacto de la nacionalización de autos “chutos” en el incremento del consumo de hidrocarburos y, por tanto, de la subvención; y demandar los planes que ha considerado el gobierno para controlar la demanda de combustibles que no sean el incremento de precios.

Una arista fundamental en este debate es la situación precaria real de la economía de los hogares que comprarán combustibles o servicios derivados de su utilización.

Estamos hablando, en otras palabras, de bajos salarios/ingresos de sectores medios y populares versus costos de transporte y efectos inflacionarios del mero anuncio de discutir la subvención.

“Finalmente, también debe incluirse en la discusión los planes para resolver la problemática del traspaso de los costos incrementales del transporte público al consumidor final, el contrabando, los sobreconsumos de sectores derrochadores públicos y privados subvencionados, la creciente contaminación del aire en las grandes ciudades por el exceso de vehículos inadecuados para un transporte masivo y otros impactos ambientales”, sostiene el estudio.