Problema. El Ejecutivo busca renegociar con las empresas eléctricas el descuento del 25% a la tarifa para familias de bajos ingresos. El beneficio concluye un ciclo en marzo. Favoreció a la fecha a 655.595 consumidores

Informe: El beneficio desde 2006 llegó a 655.595 consumidores, quienes lograron ahorrar 158,1 millones de bolivianos (22,6 millones de dólares)

La Tarifa Dignidad es insostenible financieramente y llega a su fin con la facturación de marzo, por lo que el Gobierno aún busca la manera de garantizar su vigencia en favor de los consumidores de bajo ingresos durante los próximos cuatro años.

Así lo revela un diagnóstico del Ministerio de Hidrocarburos y Energía, que sirve de base para reformular la nueva Ley de Electricidad.

El documento fue reproducido en enero en el portal www.plataformaenergetica.org, un espacio de debate sobre temas del sector coordinado por el Centro de Estudios para el Desarrollo Laboral y Agrario (CEDLA).

La Prensa se comunicó con el ministro de Hidrocarburos y Energía, Fernando Vincenti, pero la autoridad no contestó a su teléfono celular.

La Tarifa Dignidad aplica un descuento de 25 por ciento promedio de la tarifa vigente para personas de bajos ingresos con consumos de hasta 70 kilovatios hora al mes (KWH). También beneficia a consumidores atendidos por sistemas aislados de generación eléctrica (área rural, ciudades intermedias) con consumos hasta de 30 KWH.

Por ejemplo, si en La Paz alguien consumía antes 70 KVH y pagaba 46,9 bolivianos, con el beneficio sólo se le comenzó a cobrar 35,1 bolivianos.

La rebaja fue implementada a partir de la facturación de abril de 2006 y por mandato del Decreto Supremo 28653.

Se financia con los aportes de las empresas de generación, transmisión y distribución sobre la base de un convenio firmado con el Estado.

Según la Autoridad de Fiscalización y Control Social en Electricidad (AE), este acuerdo y por ende la aplicación de la Tarifa Dignidad finaliza con la facturación de marzo de este año.

Para dar sostenibilidad a este beneficio, el Ejecutivo tiene el desafío de ampliar el convenio por otros cuatro años más, sin poner en riesgo la sostenibilidad del suministro de electricidad a familias de bajos ingresos.

Desde su aplicación en abril de 2006 a diciembre de 2009 se ha beneficiado a un promedio a 655.595 consumidores o familias de la categoría domiciliaria.

De acuerdo con la AE, en términos monetarios este grupo logró ahorrar 158,1 millones de bolivianos (22,6 millones de dólares). Por regiones los habitantes que más se beneficiaron fueron los de Potosí, que dejaron de pagar el 72 por ciento del ahorro alcanzado.

Le siguen las familias en La Paz con 57 por ciento, Oruro con 58 por ciento, Cochabamba con 53 por ciento y Chuquisaca con 51 por ciento.

El informe del Ministerio de Hidrocarburos identifica además debilidades en la generación referidas a deficiencias en la norma y la institucionalidad, la falta de incentivos para la inversión privada. Advierte también como amenazas la “presión social para evitar el incremento de las tarifas eléctricas”, y las exigencias medioambientales de regiones y grupos sociales.

El economista especializado en el sector eléctrico Roberto Orihuela opinó que la sostenibilidad del beneficio dependerá de que las empresas dispongan de mejores ingresos, porque aportan a costa de obtener una menor rentabilidad.

Pero también de la capacidad del Estado de financiar la tarifa en caso de que nacionalice las compañías de generación que junto a las de transmisión aportan el 50 por ciento.

Orihuela también sugirió focalizar mejor el beneficio porque existen grupos de la población que no son necesariamente son pobres, pero tienen bajo consumo.

El Gobierno aún negocia con las empresas la extensión del beneficio

Para destacar

En La Paz los hogares ahorraron 68,8 millones de bolivianos con la vigencia de la tarifa Dignidad.

En Potosí los descuentos llegaron a 11 millones de Bolivianos y en Tarija a 2,8 millones de bolivianos.

En Cochabamba el ahorro sumó 35,1 millones de bolivianos y en Oruro 10,8 millones.

En Santa Cruz el beneficio fue de 20,6 millones de bolivianos menos de facturación para las familias.

En Pando se dejó de pagar 305.111 bolivianos y en Beni 2,9 millones de bolivianos.

Para financiar la tarifa el gobierno y las empresas acordaron y firmaron en 2006 un convenio

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