(PIEB)  Un estudio del Centro de Estudios para el Desarrollo Laboral y Agrario (CEDLA) presenta un informe sobre la situación de los derechos laborales en Bolivia: Habla, así, de distancias entre la legislación y la realidad de las relaciones laborales, de las formas en las que el Estado y el sector privado vulneran las normas que protegen a los trabajadores y las luchas de las organizaciones sindicales para enfrentar la precariedad laboral traducida en la incertidumbre en el empleo, bajos salarios y la desprotección social.

“¡No hay derecho! Situación de los Derechos Laborales en Bolivia, 2009” es el título de esta publicación presentada en los días pasados.

El estudio fue desarrollado por los investigadores Silvia Escóbar y Bruno Rojas de la Plataforma por el Derecho al Trabajo (PDT) promovida por el CEDLA.

Los autores consideran que el informe pueda contribuir a la reflexión, el debate y la participación de los trabajadores y trabajadoras en las luchas por la defensa y conquista de sus derechos laborales.

El libro expone casos concretos e información estadística actualizada sobre las formas usuales de explotación del trabajo en los sectores público y privado, así como la exclusión de la protección laboral, económica y social de amplios segmentos de trabajadores, cuyos efectos se manifiestan en el creciente deterioro de las condiciones laborales.

“El ejercicio de los derechos laborales implica la obligación de protegerlos y respetarlos, lo que solamente puede realizarse con el cumplimiento y fiscalización estricta por parte del Estado y la acción permanente de los sindicatos para promover y exigir el reconocimiento efectivo de los derechos adquiridos y otros conquistados”.

Se observa que a pesar del discurso gubernamental de cambio en el modelo de desarrollo, las políticas que se promueven aún no están orientadas hacia el fortalecimiento de la capacidad productiva y la generación de empleos de calidad en los sectores que hacen uso intensivo de fuerza de trabajo, y por el contrario, sigue favorecida la competitividad y ganancia empresarial asentadas en el pago de salarios bajos y el recorte o eliminación de los beneficios laborales dispuestos por ley.

La problemática encontrada sugiere la persistencia de barreras políticas, institucionales, económicas y sociales que llevan a mantener la situación de vulnerabilidad laboral y social de la mayor parte de los trabajadores, que se ven más afectados en momentos de crisis económica. En efecto, el uso de formas flexibles de contratación, remuneración, asignación horaria y funcional, y otras que posibilitan contar con trabajadores a bajo costo restringiendo su capacidad de presión para exigir sus derechos, siguen proliferando e inciden en la mayor explotación del trabajo.

Estadísticas de 2009 señalan que la legislación laboral cubrió a menos del 30 por ciento de los trabajadores a nivel nacional de los sectores público y privado. Entre el 70 por ciento restante predominan los trabajadores de establecimientos con menos de 20 trabajadores, que por ley no pueden organizarse en sindicatos. “Como señalan muchos dirigentes y trabajadores, a pesar de las nuevas disposiciones gubernamentales en materia laboral, dirigidas a ratificar o actualizar la legislación vigente desde 1942 y sus posteriores reglamentaciones, prevalecen las políticas de libre contratación que, en un contexto de elevado desempleo estructural, debilitan los derechos de libertad sindical, la sindicalización y las posibilidades de acción colectiva”.

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