El investigador y periodista cruceño Carlos Valverde cree que en medio del actual conflicto por los incendios, los agroindustriales asociados a la Cámara Agropecuaria del Oriente (CAO), ocultan los chantajes del Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA) para no afectar la denominada Alianza Público-Privada (APP) que los une al gobierno desde diciembre de 2016.

En su programa que se difunde a través de las redes sociales, Valverde sostiene que algunos empresarios ganaderos recibieron miles de hectáreas desarrollar sus actividades, pero al mismo tiempo les exigieron que renuncien a porciones de terreno si querían recibir la titulación de sus tierras.

Señaló que esos terrenos renunciados fueron entregados a los colonos y por ello le parece extraño que el presidente de la Cámara Agropecuaria del Oriente (CAO),  Mario Oscar Justiniano, afirme estar preocupado porque dentro la APP tienen una alerta temprana pero una reacción tardía del gobierno para atender los incendios que afectan seriamente áreas de trabajo.

“Justiniano nos dice que la APP no sirve para nada. Yo les voy a decir para qué es la APP. Les voy a contar que el INRA en las gestiones de Jhonny Cordero, Juan Carlos Rojas, Jorge Gómez y probablemente de Cliver Rocha, no me lo han confirmado, vive extorsionando. No sé si la APP se refiere a la extorsión permanente que han recibido en el Norte, los menonitas; en Guarayos los japoneses”, comentó.

Explica que algunos empresarios que tenían 1.000 ha fueron obligados por el INRA a renunciar entre 200 o 300 hectáreas. “Van a renunciar y te vamos a consolidar 700, lo demás vas a renunciar por escrito y una vez renunciado, inmediatamente al día siguiente están los colonos. No me explico por qué la CAO, Freddy Suárez y Julio Roda, no nos cuentan esto en vez de hablar de la APP que es un bluf. Esto lo sabe todo el mundo, es vox populi”, afirmó.

Anunció que está en la tarea de conseguir nombres de los empresarios  que renunciaron a tierras bajo presión del INRA y recordó que uno de los ganaderos confesó haber entregado predios a los colonos en los alrededores de sus tierras para ser protegidos ante posibles avasallamientos.

“Los que saben de esto deben estar preocupados, porque saben que lo que estoy diciendo es verdad. No tengo ningún problema en mandarlos al frente y decir el señor fulano de tal renunció a su tierra. Lo voy a trabajar así me cuesten dos años. Yo no sé si alguien puede sobrevivir con tanto chantaje y con tanta maldad, con tanto abuso del poder de ir cediendo por estar en juego sus propios bienes”, reflexionó.

El periodista observa una actitud de “indignidad” de algunos empresarios que se pavonean haciendo remates de ganado, a sabiendas que soportan todo tipo de chantaje por la vigencia de la Alianza que en su criterio es un hecho político para darle gusto al gobierno.

La Alianza Público – Privada fue firmada en diciembre de 2016 durante la gestión del presidente de la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia, Ronald Nostas, a cambio de impulsar la inversión privada y que el gobierno flexibilice la participación de los empresarios en obras estatales y otras concesiones administrativas mediante decretos supremos.