Susana Eróstegui recordó que si en 2014 se vulneraron los derechos de las ONG, este año hubo sindicaciones directas a cuatro ONG del Vicepresidente de hacer política en contra el Gobierno.

Durante el Día Internacional de los Derechos Humanos, la red de Unión Nacional de Instituciones para el Trabajo de Acción Social (UNITAS), reivindicó el derecho que tienen las Organizaciones No Gubernamentales, fundaciones y entidades civiles sin fines de lucro, no sólo de asociarse libremente, sino también de hacer política.

La directora de UNITAS, Susana Eróstegui, después de la rendición pública de cuentas que realizó con las 23 afiliadas, en un céntrico restaurante, señaló a ANF que más allá de lo concreto, de los niveles de relacionamiento con el gobierno, de todo el tema financiero, de los resultados, de las áreas de acción, beneficiarios, fondos, y otros aspectos, es inevitable pensar en qué contexto se está trabajando «y fue un año complejo, ahí se evidenciaron varias acciones y alusiones directas a ONG y cuestiones que generaron mucha preocupación».

«El informe de UNITAS, más allá de mostrar esta información y de promover una cultura de rendición de cuentas y de transparencia en el país, lo que quiere es reivindicar el derecho a la libertad de asociación y de expresión. No es casual que el 10 de diciembre Día Internacional de los Derechos Humanos, se presente un informe colectivo de rendición de cuentas que es una bandera de reivindicación del derecho a la libertad del derecho a la asociación», manifestó.

Eróstegui dijo que si bien el 2014 fue un año «emblemático» en términos de vulneración de los derechos de las organizaciones de la sociedad civil, con la intervención policial del Conamaq, de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de La Paz, además de la toma del Instituto Politécnico Tomás Katari (IPTK) y su posterior transferencia al Ministerio de Educación, el 2015 no fue mejor, pues hubo sindicaciones directas a cuatro ONG de parte del Vicepresidente.

«El 2015 continuaron algunas situaciones que afectaron a las ONG con algunas alusiones, de que había intromisión en temas políticos. Aclaramos en su momento que cualquier ONG, cualquier organización de la sociedad civil, sea agrupación ciudadana o cualquier ciudadano, constitucionalmente tiene derecho de hacer política en el amplio sentido de la palabra y de hacer control del poder público», aseveró.

El vicepresidente Álvaro García Linera acusó al Centro de Documentación e Información Bolivia (Cedib), a la Fundación TIERRA, al Centro de Estudios para el Desarrollo Laboral y Agrario (Cedla) y a la Fundación Milenio, de hacer «actividad partidista» en contra de los intereses del gobierno. Inmediatamente se reactivó la Ley 351 de Otorgación de Personería Jurídica -aprobada el 2013- por la cual se obliga a las ONG a renovar su personería bajo un nuevo marco normativo.

Según Eróstegui, las entidades afiliadas a UNITAS se trazaron el 2015, el desafío de sostener el derecho de emitir libremente cualquier criterio de lo que sucede en el país, sin temor a las represalias, y de poner en la mesa del debate problemáticas que afectan la vida de la sociedad.

«El Estado tiene la obligación de escuchar y de tomar en cuenta nuestra opinión. (?). Lo vemos muy simple, porque si en los hechos fuéramos coherentes con el cumplimiento de la Constitución Política del Estado, sería más simple, porque estaríamos aplicando lo que decidimos el 2009? el desafío mayor es que la sociedad vuelva a sentir la seguridad que al expresarse no sufrirá ningún tipo de represalia, y que va a trabajar sin ningún tipo de restricción legal, ni financiera, ni política», aseveró.

En análisis de la socióloga, el 2016 el gobierno continuará en la misma línea dura de relacionamiento con las entidades civiles, y que esta conducta continuará «hasta que haya una señal más aclara que hay un reconocimiento de la participación de las ONG a favor de la sociedad». En su tercer informe anual, UNITAS detalló que el año 2014, las 23 instituciones afiliadas hicieron una inversión de más de 15 millones de dólares con un beneficio directo e indirecto sobre 1,1 millones de personas, que en su mayoría viven en el área rural.

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