Juanita Ancieta anunció que la lista de ONG que financian proyectos para fines políticos será presentada en congreso de las “bartolinas” que será en septiembre.

Organizaciones sociales afines al Gobierno amenazaron ayer con expulsar de sus regiones a las organizaciones no gubernamentales (ONG) que financian o desarrollan proyectos políticos.

«Vamos a evaluar en qué departamentos se  estarían imponiendo (las ONG), e inmediatamente en magno congreso se determinará la expulsión de cualquier ONG”, advirtió ayer  Juanita Ancieta, dirigente de la Confederación Sindical de Mujeres Campesinas de Bolivia «Bartolina Sisa”.

Las declaraciones fueron realizadas después   de la reunión de dirigentes de organizaciones sociales con el presidente Evo Morales en Palacio de Gobierno.

La lista de ONG que financian proyectos para fines políticos será presentada -según anunció Ancieta- en un magno congreso de la confederación de las «bartolinas” que será en Porvenir, departamento de Pando, del 5 al 7 de septiembre próximo.

El dirigente Feliciano Vegamonte, de la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia,  explicó que las organizaciones sociales, en cumplimiento del control social,  evaluarán el trabajo y el financiamiento que destinan  las ONG a los proyectos.

«En el marco del control social las organizaciones sociales tenemos la obligación de saber dónde va esa cooperación, el presupuesto… También tenemos que ver cómo controlarlos y asumir sobre todo el control social para que esos presupuestos sean invertidos en beneficio de las organizaciones sociales”, afirmó.

El dirigente campesino denunció que en 2011 y 2012 varias ONG   financiaron la marcha de los indígenas del Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro Sécure (TINIS) para que se movilicen contra el Gobierno;  por eso  los sectores sociales asumirán «medidas  orgánicas” como la expulsión, como también advirtió el vicepresidente Álvaro García Linera.

Según  Ancieta, las ONG no pueden denominarse «organización” porque «nosotros somos organizaciones sociales sin fines de lucro, que servimos a la patria; en otras palabras, con todo orgullo y corazón servimos a la patria”.

Es un llamado para hacer actos represivos

El director ejecutivo del Centro de Estudios para el Desarrollo Laboral y Agrario (CEDLA), Javier Gómez, opinó que el Gobierno está movilizando a las organizaciones sociales afines al oficialismo  para amedrentar el trabajo de las organizaciones no gubernamentales (ONG).

«Las declaraciones del Vicepresidente es casi  un mandato para determinadas dirigencias muy vinculadas al Gobierno para hacer actos casi represivos, pero cuando se trata de organizaciones de base como el pueblo guaraní es fuertemente reprimido”, manifestó.

Gómez explicó que el trabajo de las ONG es sólo interpretar  desde una perspectiva la realidad y señaló que aquí no se trata de identificar a quién miente.

«El CEDLA tiene todas las publicaciones en su página web, es de acceso libre y que sea la población que verifique en qué documento se miente”, desafió.

Para el diputado Miguel Ángel  Feeney, de Unidad Demócrata, el Gobierno y toda persona tiene que respetar el pensamiento de cualquier institución.   «La gente del Gobierno crea ONG, se empleó, recibió recursos económicos como salarios de las ONG y ahora como ya no les sirve asume esta posición”, manifestó.

La  diputada Susana Rivero,  del MAS, señaló que algunas ONG «no están diciendo la verdad” y pese a esa situación  «nadie está persiguiendo a las ONG, pues trabajan legalmente algunas, otras están en proceso de registro porque en Bolivia, un Estado soberano, todos tienen que tener su documento en regla”.

 

La pasada semana, el vicepresidente Álvaro García Linera acusó a cuatro ONG de mentir, hacer política partidaria y de defender intereses de transnacionales. Luego centró sus amenazas en las ONG extranjeras.

Ante la advertencia de expulsión del Vicepresidente, intelectuales de varios países la   calificaron como «un gesto de autoritarismo e intolerancia”. Asimismo que,   de ejecutarse las amenazas, «implicarían (…) una grave restricción de los derechos civiles, entre ellos, la libertad de expresión y de asociación y, por consiguiente, un retroceso enorme para la democracia boliviana”.

El lunes, el embajador de la UE, Timothy Torlot, manifestó que un Estado fuerte también necesita de una sociedad fuerte.

Moldiz apunta a la fundación NED  por un plan subversivo

El exministro de Gobierno, Hugo Moldiz, dijo que la fundación norteamericana National Endowment for Democracy (NED) trata de subvertir el orden en países latinoamericanos y que el Ministerio de Planificación debería «identificar” los 14 proyectos que está financiando esta fundación en Bolivia.

«El Ministerio de Planificación debería identificar los 14 proyectos, muchos de ellos vinculados a la ecología, medioambiente, participación democrática y cuidado de bosques que están siendo financiados por la NED”, sostuvo Moldiz en una entrevista en el canal Abya Yala.

La exautoridad aseguró que el financiamiento de muchas organizaciones no gubernamentales (ONG) viene directamente de Estados Unidos y que «juegan un papel subversivo” y mencionó a la NED como una de ellas. Según Moldiz está vulnerando uno de los principios entre Bolivia y Estados Unidos ya que la ayuda debe ser entre Estados y no financiando proyectos.

«Quieren ponerlos contra los procesos de cambio, eso ha sucedido en Ecuador”, dijo Moldiz y agregó que las ONG  no quieren que el país aproveche del beneficio de los recursos para distribuir entre la población. (ANF)

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