ANF

Desde la aprobación de la Ley 351 de Otorgación de Personalidades Jurídicas del 29 de marzo de 2013, sólo dos organizaciones no gubernamentales (ONG), nueve fundaciones y nueve entidades sin fines de lucro accedieron a su personería en el marco del nuevo ordenamiento jurídico.

En una entrevista con ANF, el director general de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Autonomías, Javier Zúñiga informó que sólo aquellas ONG, fundaciones y asociaciones de la sociedad civil sin fines de lucro que cumplieron con todos los requisitos que exigen la Ley 351 y el Decreto Supremo reglamentario 1597, fueron las que accedieron a la otorgación de su personería jurídica.

Entre las 20 entidades que tienen personería, existen varias relacionadas al oficialismo, como Abya Yala Bolivia (canal de TV), y otras desconocidas o sin perfil político, como «Fotografos de Camélidos en Arte Turístico» y «Federación Boliviana de Entrenadores de Fútbol».

Para acceder a su personería, las organizaciones de la sociedad civil tuvieron que adecuar sus estatutos y reglamentos internos a la normativa vigente; tuvieron que incluir en los mismos, no sólo sus objetivos para los cuales fueron creadas, sino también, las causales de su disolución o revocatoria de personería y hasta nombraron al liquidador de su entidad. Detallaron además de manera específica las tareas que cumplirán en lineamiento al Plan Nacional de Desarrollo, políticas sectoriales y a la Agenda Patriótica 2025.

Con datos oficiales, Zúñiga detalló que de un total de 68 organizaciones no gubernamentales, 37 se encuentran en trámite de la modificación de sus estatuto orgánico y reglamento interno, siete se encuentran en la fase de tramitación de la otorgación de registro y personalidad jurídica, 22 se encuentran en la fase de conclusión del trámite de modificación de su estatuto orgánico y reglamento, y sólo dos lograron su registro con personería vigente.

En el caso de las Fundaciones, el director jurídico informó que de un total de 70, 26 se encuentran en la etapa de modificación de sus estatuto orgánico y reglamento interno, 16 tienen en trámite la otorgación del registro y personalidad jurídica, 19 están en la fase de conclusión del trámite de modificación del estatuto orgánico y reglamento, y sólo nueve lograron concluir La situación de las entidades civiles sin fines de lucro es similar.

Zúñiga indicó que de un total de 85, unas 41 tramitan la modificación su estatuto orgánico y reglamento interno, 16 están en la fase de tramitación de la otorgación de registro y personalidad jurídica 19 concluyeron el trámite de modificación de su estatuto y reglamento, y sólo nueve concluyeron su trámite con su respectiva otorgación y registro de personería.

«Hay muchas que no se sometieron a la ley» En criterio de Javier Zúñiga, muchas ONG, fundaciones y entidades sin fines de lucro no se sometieron a la ley o se «suicidaron» porque según su lectura, no quisieron someterse al control estatal o no quisieron transparentar sus verdaderos objetivos en el país.

«El control del Estado debe estar, debe supervisar qué hacen las ONG; si vienen en beneficio de los ciudadanos, comunidades y hacen el trabajo agropecuario, de recursos naturales, medioambiente que declaran (?). Creo que lo que sucedía antes era que formaban una ONG, percibían recursos del exterior y después se ha descubierto que el trabajo que hacían era otro. Con la nueva normativa estas ONG deben adecuarse para saber qué están haciendo y sí su objetivo es lícito», manifestó.

Otra de las razones por las cuales las ONG no avanzaron en la consolidación de sus personerías, según Zúñiga, es que «normalmente» las interesadas incurren en la presentación de documentación incompleta, se resisten a adecuar sus estatutos en los términos que indica la norma y a detallar las tareas que realizan y que justifican los objetivos de su existencia.

«Nosotros (Ministerio de Autonomías) no tenemos la facultad dentro de la ley para fiscalizar; son los ministerios sectoriales de acuerdo a su objetivo, eso le corresponde a cada cartera, lo que nosotros hacemos es la otorgación de las personerías», señaló. Entre las fiscalizadoras de las fuentes de financiamiento se encuentra el Viceministerio de Inversión Pública y Financiamiento Externo (VIPFE) y la cancillería.

Ante la acusación directa que hizo el vicepresidente, Álvaro García Linera en contra de la Fundación Tierra, el Centro de Documentación e Información (CEDIB), Fundación Milenio y el Centro de Estudios para el Desarrollo Laboral y Agrario (CEDLA) a las que sindicó de «hacer política» y «mentir» en el propósito de defender intereses de empresas y gobiernos extranjeros, Zúñiga dijo que «si el río suena, es porque trae piedras», y acotó que deberían estar preocupadas «si están haciendo algo malo».

«Pero entendiendo que fiscalizar es hacer una atención a una denuncia formal presentada ante este Ministerio de Autonomías, sí; efectivamente abriendo un proceso de revocatoria a alguna ONG, o institución colectiva registrada, a denuncia formal de algún ministerio o persona, se abre un tipo de investigación, se pedirán pruebas al denunciante, y asimismo al denunciado, también sus pruebas de descargo; si se verifica el incumplimiento al artículo 19 del decreto 1597, se procederá a la revocatoria».

Dicho artículo señala que procede la revocatoria de personería por: a) Incumplimiento a la Ley 351 y sus reglamentos; b) Necesidad o interés público, declarado por ley nacional, c) Realizar actividades distintas o dedicarse a otro rubro que no sea indicado en su estatuto (objeto, fines y alcance), d) Incumplimiento a las políticas y/o normas sectoriales previo informe del ministerio del área.

En el afán de agilizar los trámites de registro de personerías, en los próximos días, el Ministerio de Autonomías pondrá en aplicación el Sistema de Registro de Personalidades Jurídicas (Sirepeju) vía internet, para que los delegados y representantes legales de ONG, fundaciones y entidades sin fines de lucro, realicen seguimiento de sus trámites. Zúñiga también informó que la tramitación de personerías se desconcentrará en ocho direcciones departamentales, para que los interesados no tengan que trasladarse hasta la sede de gobierno.

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