El diario financiero Valor, de Sao Paulo, trae hoy una noticia que asegura que el gobierno del presidente Evo Morales prepara una nueva ley de hidrocarburos que estará lista para discusión y firma después de las elecciones del domingo. El nuevo documento ha generado muchas expectativas entre las empresas y analistas bolivianos. Algunos apuestan, dice la publicación, que Bolivia reducirá la carga tributaria sobre las empresas en procura de más inversiones para aumentar la producción de gas.

La publicación no menciona la controvertida obligación que se impone a las empresas bajo la nueva CPE de reinvertir sus utilidades en Bolivia. Esa obligación, en la práctica, es un veto a las inversiones. (Nota: Es como decirle a un empleado. No le vamos a  pagar. Su sueldo estará depositado en un banco, pero no podrá hacer retiros.)

Para Carlos Arze Valdez, investigador del Centro de Estudios para e Desarrollo Laborista y Agrario (CEDLA), en La Paz, “el gobierno quiere revertir la situación de bajas inversiones en la industria de gas. Y para eso tendrá que reducir los impuestos de las empresas que exploran en busca de gas, como desean las petroleras,” dice Valor.

Advierte que el gobierno ha evitado hablar en  público sobre el tema. Preguntado por valor este viernes sobre la posibilidad de una flexibilización fiscal de la nueva ley, el coordinador de campaña electoral de Morales, el diputado Jorge Silva, dijo solamente que “no se descarta” y en seguida agregó: “Pero no es la prioridad”.

Agrega Valor: “Para la economista Carmen Crespo, que integra un equipo de especialistas que ayuda al gobierno a redactar el proyecto de ley, el objetivo es producir una legislación compatible con la nueva constitución. La actual ley de hidrocarburos es de 2005 y fue sancionada por el gobierno anterior, del presidente Carlos Mesa. Aunque con el apoyo de la bancada del partido de Morales, el MAS. En 2007, ya en el gobierno, los contratos fueron revisados, como exigía la ley de 2005, pero aún estarían atrasados respecto a la nueva Carta”.

“La nueva ley tiene que aplicar la nueva constitución, tiene que definir, por ejemplo, como las empresas van a pasar a operar como prestadoras de servicios y no más como concesionarias, como es hoy, y cómo es más práctico para ellas”, dijo Crespo a Valor.  Agrega la publicación: Los contratos de prospección y producción coloca a las empresas como prestadoras de servicio, pero los contratos que tratan de otras actividades, como transporte, refinación y distribución para redes internas en Bolivia, aún mantienen a las petroleras como concesionarias.

Los cambios previstos, según Crespo, incluyen aumento de impuestos, incluso en algunos de los contratos de Petrobras, que no quiso comentar el asunto. La empresa, que es operadora de cuatro campos de gas en Bolivia, tiene participación en un quinto, participa en un quinto y también en el transporte y compresión del gas natural.

Las expectativas del gobierno no son de bajar la recaudación, sino de subir en esas y otras etapas”, dijo Crespo,  ex investigadora de Cedla. “En relación a los contratos vigentes (de prospección y producción), no creo que habrá cambios. Los contratos que serán firmados sobre la nueva ley serán más flexibles en términos fiscales”.

Continúa: El ministerio de Hidrocarburos reunió hace un mes a las empresas que tienen contratos en sociedad con YPFB para discutir la nueva ley. Según el ministerio, el gobierno quiere concluir el texto en diciembre o enero y enviarlo a la nueva Cámara Legislativa que también será elegida el domingo. “El mensaje que las empresas dieron al gobierno fue que las empresas ya pueden estar adaptadas a los contratos vigentes para operar los campos que en los que producen. Pero que, para nuevas inversiones, más incentivos fiscales serán necesarios”, dijo Carlos Delius, Vicepresidente de la Cámara Boliviana de Hidrocarburos.

El estado se lleva el 50% de los ingresos de las empresas más de una porción variable que según las empresas puede hacer que la tributación supere el 90%. Carlos Arze Vargas dice que no espera una reducción de la porción de los 50%. “Eso provocaría reacción en las calles”. La salida, dijo, sería crear otros beneficios fiscales.

Para Vargas, el gobierno flexibilizará la cobranza por necesidad política.  Evo no va a conseguir cumplir las promesas de industrialización del gas durante el primer mandato, para industrializar es preciso un aumento de producción y los contratos actuales han desincentivado las inversiones. El gobierno se dio cuenta que no puede obligar a las empresas a invertir”, Según Arze, uno de los reflejos de la falta de inversiones está en la capacidad diaria de producción de gas. Dese 2004 la capacidad se mantiene en cerca de 40 millones de m3 diarios. Hace menos de una década, eran perforados 64 pozos per año. Hoy son sólo cuatro por año.

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