El Gobierno inició el 28 de agosto y el 9 de septiembre la fiscalización de las empresas pequeñas, medianas y grandes mediante la actualización de su matrícula de funcionamiento en el Registro de Comercio y el Registro Nacional de Empleadores en el Ministerio de Trabajo con fines laborales.

El objetivo que persigue es controlar que todas las unidades económicas cumplan las normas vigentes en materia comercial y de protección a los trabajadores.

Para esto, el Órgano Ejecutivo emitió el Decreto Supremo 288 del 9 de septiembre de 2009 que obliga bajo pena de sanción a todas las empresas (sociedades anónimas, unipersonales, cooperativas, civiles e incluso públicas) a inscribir a sus trabajadores en el Ministerio de Trabajo hasta el 15 de diciembre de este año.

El jefe de gabinete del Ministerio de Trabajo, Luis Orellana, explicó que la norma apunta a obtener información actualizada del ámbito socio-laboral.

La disposición, antes de la vigencia del decreto, tenía carácter voluntario, pero ahora se sancionará el incumplimiento.
Los datos permitirán a esa cartera de Trabajo fiscalizar el cumplimiento de las normas laborales, aportes a la seguridad social y seguro de largo plazo (jubilación) y de corto plazo (salud), el tipo de contrato de los trabajadores (eventuales o permanentes), si hay personas con discapacidad y escala salarial, entre otros.

Una encuesta del Centro de Estudios para el Desarrollo Laboral y Agrario (Cedla) en el sector fabril a 50 dirigentes da cuenta de que las condiciones de trabajo en el rubro son malas, con mayor intensidad en la gran industria y en la manufactura.

Algunos aspectos que se observan son: creciente inestabilidad laboral, salarios bajos y pagados con retraso, jornadas laborales de más de ocho horas sin el pago que reconozca ese trabajo extra y escasa cobertura de la seguridad social.

Según el decreto, todos los registros existentes de este tipo deberán entregar la información al Ministerio de Trabajo.
Orellana indicó que se cruzarán datos oficiales con el registro comercial, porque a la fecha en el Ministerio había 3.000 empresas que inscribieron a sus trabajadores, pero en Fundempresa existen cerca de 33.000.

El objetivo es inscribir y regularizar la situación de las 30.000 de diferencia. “Antes existía el registro, pero era casi voluntario, es decir, sin sanciones, pero no se vio la voluntad de las empresas de cumplir el registro”. Esta actitud representa una violación de una obligación laboral del empleador.

La segunda es la Resolución 026/2009, del 28 de agosto de 2009, emitida por la Autoridad de Fiscalización y Control Social de Empresas (AEMP), que dispone la actualización de la matrícula comercial en Fundempresa hasta el 30 de noviembre. A la fecha, esta entidad tiene 41.848 empresas registradas con actividad formal y tendrán que cumplir los requisitos.

El director ejecutivo de la AEMP, Óscar Cámara, explicó que con la nueva información el Estado ejercerá un control de las empresas. “A partir del 1 de diciembre, la Autoridad (de Empresas) emprenderá una fiscalización a todas estas unidades económicas en cuanto a su actualización y la utilización de documentos comerciales”.

Sanciones a firmas que no se registren

Conforme a la Resolución 026/2009, el plazo para la actualización de la matrícula comercial vence el 30 de noviembre.
Después del plazo, la AEMP impondrá las sanciones, primero se les exhorta a que registren y luego se aplica una multa de entre 50 y 500 bolivianos.

Adicionalmente, esto puede llevar a la cancelación de la matrícula si se resiste al registro.
Datos de la gestión 2008 de la AEMP revelan que hubo incumplimiento en la actualización de un 11 por ciento, pequeñas empresas la mayoría.

En cuanto a la matrícula laboral, existen tres penalidades por su incumplimiento.
Primero, es un requisito exigido para obtener la matrícula comercial. Segundo, no se podrá acceder a créditos en la banca, ni efectuar trámites en el sistema financiero y, por último, una sanción pecuniaria.

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