“La descentralización fiscal financiera a nivel pluri autonómico es como jugar ‘chauchitas’: muchos niveles de gobierno y pocos recursos”, afirma el economista Mario Galindo en Impactos y problemas de aplicación de la propuesta de autonomías, publicado en el libro Aspectos económicos del proyecto de nueva Constitución.

El autor se refiere a las 36 autonomías indígenas, nueve departamentales, 30 regionales (o 123 provinciales) y 329 municipales. “Un proceso de descentralización impone un incremento de déficit fiscal, hasta que se delimitan competencias entre niveles de gobierno y se precisan los costos de las competencias de cada nivel de gobierno (cinco a diez años). Con esta inflación de niveles autonómicos, esto será imposible, generando un caos fiscal y un desequilibrio financiero impresionante”, afirma Galindo.

Por otro lado se pregunta: “¿las autoridades originarias manejan recursos o no? Esto está en debate en los propios pueblos indígenas”, concluye el investigador.

Divorciado del desarrollo

A decir del politólogo Diego Ayo, existe “un divorcio entre la nueva Constitución y el desarrollo económico posible”.

Así lo sostiene luego de preguntarse “cómo el diseño democrático incluido en la Carta Magna afecta la economía”.

Como conclusión, el autor afirma que “el destino de nuestra democracia podría derivar en la conformación de un círculo vicioso de cuatro eslabones”: la mayor cantidad de actores como efecto de un arreglo institucional de democracia de consenso que presionan sobre el Estado; el mayor gasto público para dar cobertura a las demandas de esos actores;?la focalización (cada vez más ante la proliferación de actores) patrimonial de esos recursos; y, como resultado, la subutilización de los mismos en tanto se destinan a clientelas que presionan políticamente, con los efectos de freno a un desarrollo económico sostenible (los recursos se usan en función a criterios políticos y no de eficiencia productiva o de necesidad social). Son muchas las razones que explican estos eslabones.

YPFB?a expensas del TGN

Según el ex superintendente de Hidrocarburos Carlos Miranda, la disposición incluida en el nuevo texto constitucional respecto a que “todos los ingresos por las ventas de los hidrocarburos son propiedad del Estado, debe leerse que son propiedad del gobierno de turno”.

La declaración forma parte del apartado de Hidrocarburos de los Coloquios Económicos número 12 de la Fundación Milenio sobre los Aspectos económicos del proyecto de nueva Constitución.

“Lamentablemente, sigue Miranda, todo gobierno es insaciable para recibir dinero y poder cumplir con sus promesas, por tanto es de esperar que las transferencias a YPFB sean cada día más difíciles y complicadas. Como YPFB no cuenta con fuentes de fondos propios, ahora queda casi exclusivamente a expensas de los fondos del TGN”.

Por otro lado, el autor encuentra una serie de exigencias que harán muy difícil la realización de obras por YPFB con contratistas o por sí sola, por lo que ve lenta la expansión petrolera.

Los alcances económicos

Bajo este título, el empresario Rubén Ferrufino analiza algunos impactos económicos del nuevo texto constitucional en Aspectos económicos del proyecto de nueva Constitución.

Entre éstos, la planificación centralizada de la economía, que a decir de él “podría llegar a determinar qué producen las empresas privadas, cómo lo hacen y otros aspectos que vulneran la libertad económica actual”. También advierte que “predomina en lo económico los temas relacionados a una visión de desarrollo basada, casi exclusivamente, en los recursos naturales”.

Por otro lado, “se fijan los derechos de los consumidores, sin embargo, no se señala nada sobre los derechos de los productores… Se prohíbe el monopolio, al respecto se debe señalar que lo que se debe evitar es la conducta de monopolio y no así la situación de pocos oferentes en el mercado”.

Finalmente, considera un “retraso” el hecho de que el Estado, en coordinación con el Banco Central, determine los objetivos de la política monetaria y cambiaria.