De acuerdo con el informe, el Estado se prestó $us 444 MM para ambos procesos.

El pleno de la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) aprobó ayer dos proposiciones acusatorias contra 13 exautoridades del denominado periodo neoliberal por la privatización y capitalización de empresas del Estado entre 1989 y 2000.

Entre las acusados figuran el expresidente Gonzalo Sánchez de Lozada, los exministros y otros Samuel Doria Medina, Carlos Sánchez Berzaín, Fernando Illanes de la Riva, Reynaldo Peters Arzabe, Alfonso Revollo Thenier, Jaime Villalobos Sanjinés, Gonzalo Afcha de la Parra, Arturo Beltrán Caballero, Flavio Escóbar Llanos, José Luis Landívar Bowles y Rolando Suárez Montoya.

Los delitos de los que son acusadas son «contratos lesivos al Estado, conducta antieconómica e incumplimiento de deberes», cuyas penas privativas de libertad fluctúan de uno a diez años.

De acuerdo con el informe presentado, los dos casos se abrieron con base en documentos que son memorias, informes institucionales, reportes de Cides, Cedla, hemeroteca del Cedib, publicaciones de las diarios nacionales La Prensa, La Razón, Presencia, Última Hora, El Día y El Deber, entre los principales.

Primera proposición acusatoria. El primer caso que se dio a conocer en la Asamblea fue sobre las «privatizaciones» de las principales empresas regionales que estaban a cargo de la corporaciones regionales de desarrollo y que fueron enajenadas durante el Gobierno de Jaime Paz Zamora (1989-1993) y parte del de Hugo Banzer Suárez (1989- 1993).

De acuerdo con las fundamentaciones, el proceso privatizador se llevó adelante bajo los parámetros del Decreto Supremo 21060 y además bajo la política privatizadora de la época, que era exigida por las entidades financieras y gobiernos extranjeros como el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, el Banco Interamericano de Desarrollo, el Club de París, entre otros, y el Gobierno de Estados Unidos.

Según el informe, durante ese periodo se adecuaron las leyes para llevar adelante el proceso que fue desarrollado por Samuel Doria Medina, entonces ministro de Planeamiento y Coordinación.

«Doria Medina se comprometió en privatizar, ante el Club de París, a todas las empresas medianas y pequeñas en dos años», sostuvo el presidente de la Asamblea, Álvaro García Linera.

Explicó que Doria Medina describe en su libro «El desafío del crecimiento», partes de las negociaciones que llevó adelante en 1992 ante el Club de París. «Nunca más volveremos en busca de donantes porque estamos uitlizando estos recursos para demantelar las empresas públicas» y que el crecimiento económico sería liderizado por los privados.

En el informe de la comisión de investigación se detalla que Doria Medina, con préstamos concesionales, que deberían beneficiar al Estado y otras concesiones para desarrollar el Proyecto Focas, logra implementar la Fundación para la Producción (Funda-Pro) para beneficiar a privados .

El directorio se forma con Raúl España Smith, Luis Fernando Campero y Enrique Blanco entre otros. «A través de Funda-Pro se legitima los negocios de Goni».

El informe pasará a la Fiscalía para que, tras recibir permiso de la Asamblea, abra los juicios.

13 exautoridades son acusadas por la privatización y capitalización de las empresas del Estado.

Enajenación de enfe, el segundo caso. En la segunda proposición, referida a la capitalización de la Empresa Nacional de Ferrocarriles (ENFE),  se sostiene que el manejo del costo de los activos y pasivos se realizó de manera discrecional en desmedro del Estado y de los trabajadores. En este proceso, la nacional ferroviaria fue adjudicada a la compañía chilena Cruz Blanca en 1995, empresa que desagregó ENFE en dos: el ramal occidental y el ramal oriental.

La primera fue desmantelada y solo quedan residuos de lo que fue la empresa ferrocarrilera boliviana. «Se redujo el patrimonio de ENFE para proceder con la capitalización al igual con los costos de las acciones que deberían pasar a los trabajadores y al Estado».

DATOS DE LA PRIVATIZACION Y CAPITALIZACIÓN

DOS AÑOS
> Según el informe, Samuel Doria Medina prometió privatizar todas las empresas en dos años.

FAMILIAS AFECTADAS
> El estudio de la comisión de investigación da cuenta que con la capitalización, se afectó a 48 mil familias.

CÓDIGO PENAL
> Las 13 personas investigadas son acusadas de tres delitos establecidos en el Código Penal.

PRÉSTAMOS
> El Gobierno se prestó 444 millones de dólares, 197 para la privatización y 297 para la capitalización.

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