La Paz, 26 de octubre de 2011.- – Diversas organizacones sociales de Bolivia, cuestionan la política hidrocarburífera del gobierno y dicen que la agenda de octubre es aún una tarea pendiente.

Al evento, al que asistieron más de 500 personas de 50 organizaciones campesinas, indígenas, sindicales, vecinales, de mujeres y estudiantes de todo el país, se llevó a cabo en la ciudad de Cochabamba durante el pasado fin de semana.

Allí se analizó la nacionalización e industrialización de los hidrocarburos, el cambio de la matriz energética, así como la reactivación del aparato productivo y el decreto de nivelación de precios de los hidrocarburos, denominado gasolinazo fueron motivo de análisis en el V Foro de Organizaciones Sociales, organizado por la Unión Nacional de Instituciones para el Trabajo de Acción Social (UNITAS).

UNA TAREA PENDIENTE

“Cuando el gobierno señala que la agenda de octubre de 2003 se ha concluido, nos preguntamos si asuntos prioritarios como la nacionalización e industrialización de los hidrocarburos se han cumplido; la respuesta es que no hay nada de esto”, señaló Fany Nina, ejecutiva de la Federación  de Juntas Vecinales de la ciudad de El Alto.

Ella, como muchos de los participantes considera que la agenda de octubre está aún pendiente, pero ponen en duda que el gobierno de Evo Morales tenga la intención de cumplirla.

Carlos Arze, investigador del Centro de Estudios para el Desarrollo Laboral y Agrario (CEDLA) y expositor en la mesa Recursos Naturales y Estratégicos señaló, al respecto, que los sectores de minería e hidrocarburos, que de acuerdo al Plan Nacional de Desarrollo  deberían  generar excedentes para crear empleo e ingresos para el país, no están cumpliendo ese objetivo.

Ésto, según Arze, se debe a que, la denominada nacionalización de los hidrocarburos no ha generado un incremento de los ingresos para el Estado, “ya que, antes de aplicarse esta medida los bolivianos nos quedábamos con el 50% de los recursos por concepto de regalías y participación; ahora llegamos apenas al 56,8%. A pesar de que el gobierno de Evo Morales se comprometió a que, con la firma de los nuevos contratos el Estado boliviano  se quedaría con el 82% y las empresas con el 18%”. Pero este problema se agrava, cuando estos bajos ingresos se destinan al gasto corriente, pago de salarios para mantener la burocracia, en lugar de generar mejores empleos e ingresos para los bolivianos.

DEMANDAS PARA EL GOBIERNO

“No somos escuchados por el gobierno, ellos favorecen a las transnacionales. En este  foro buscamos ser escuchados por el gobierno. Nuestra preocupación es el control social, queremos mejorar los mecanismos que lo hagan funcionar de manera eficaz”, afirmó, María Luisa Rafael, secretaria de organización de Coordinadora de la Defensa del Rio Desaguadero (Codirp), quien, como muchos de los participantes en este evento consideraron importante lograr un control social colectivo despolitizado, que participe en la elaboración de presupuesto públicos.

Los representantes del evento concluyeron en que la política hidrocarburífera del actual gobierno no ha cambiado su orientación y sigue preponderando las exportaciones de gas a Brasil y Argentina, antes que el mercado interno.

Demandaron, además que el Estado se haga cargo de toda la cadena de producción, expropiar las empresas  y además de exigir al Estado que cambie la matriz energética.

Escasean las inversiones y las reservas se agotan

A esto se suma la falta de inversiones en el sector, las mismas que cayeron entre el 2002 y el 2006, lo que trae consigo el agotamiento de las reservas. “Una nueva evaluación sobre las reservas señalan que los 26 trillones de pies cúbicos que, se presumía, tenía Bolivia, en realidad no pasan de 8. Pero lo más alarmante es que,  el 83% de las mismas, están en manos de Petrobras y Repsol que controlan los 5 campos más importantes de Bolivia. Entonces para el Estado queda solamente el 17%, agregó Arze.

No hay mejoras en la economía nacional
Por otro lado la economía del país no mejora porque Bolivia continúa siendo un país productor de materia prima y dependiente de los precios internacionales, los demás sectores han quedado rezagados como la agricultura, sostiene Arze.

“Como no estamos produciendo, importamos más, el 2005 importábamos 2.416 millones de dólares y para el 2010 estas crecieron a 5.337 millones de dólares, sobre todo en bienes de consumo”, añadió el investigador. “Evidentemente, si no tenemos producción, los niveles de inflación son mayores, porque la población debe pagar un mayor precio para conseguir los mismos bienes, poniéndonos ante  un deterioro en la economía nacional.”

El gasolinazo, una medida impopular
Tratando de buscar una explicación para encontrar el porqué el gobierno tomó la determinación de lanzar una medida tan impopular como el gasolinazo, se llegó a la conclusión de que, como el Estado recibe escasos ingresos por concepto de hidrocarburos, con el gasolinazo, el gobierno pretendía subir los mismos de $us 300 millones a $us 1.600 millones, ya que antes del gasolinazo el precio del barril de petróleo era de $us 84,94; luego de su aplicación, subió a $us 154,44; un precio superior al que rige en  el mercado de Estados Unidos, que iba a generar una ganancia de por lo menos  400 millones de dólares a las petroleras.

El argumento del gobierno, en ese entonces, fue que las empresas estaban trabajando a pérdida en el país, cuando en realidad, lo que pasaba era que con la subvención las empresas estaban logrando menos ganancias.

Porque el costo de producción de un barril de petróleo es de aproximadamente $us, 17. Con estos nuevos precios las petroleras iban a ganar entre 27 y 59 dólares el barril. Quien perdió, al final, fue la población ya que a pesar de que la medida se revirtió los precios no han bajado.

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