La nacionalización de los hidrocarburos, dispuesta por el gobierno de Evo Morales determina recuperar la propiedad, la posesión y el control de todos los recursos hidrocarburíferos y, además, rescatar a las empresas petroleras capitalizadas en la gestión de Sánchez de Lozada, para que el Estado obtenga el control de la cadena productiva de los hidrocarburos y pueda, entre otras cosas, garantizar el abastecimiento del mercado interno antes que la explotación de hidrocarburos para la exportación, una tendencia que había sido claramente marcada por el capital transnacional.

Sin embargo, y paulatina implementación de por medio, la nacionalización ha comenzado a ser cuestionada por sectores que, como el CEDLA, sostienen que ésta solamente ha ratificado el carácter privado del negocio petrolero al relegar la participación estatal a un segundo plano por permitir a las petroleras, mediante la suscripción de los 44 contratos, monetizar aceleradamente las reservas probadas existentes. Es decir, como disponía la Ley 1689, convertir el gas rápidamente en dinero para lo cual el gobierno debe asegurar mercados de exportación como hizo con Argentina y Brasil.

En este marco, la acción de las grandes petroleras como Repsol o Total, estaría dirigida a asegurar los cupos de volúmenes de producción para la exportación, con el objeto de garantizar las exportaciones en desmedro del mercado interno. En criterio del CEDLA, la llamada nacionalización ratifica esa orientación e incorpora tímidamente la necesidad de mejorar la capacidad de YPFB para que participe en la cadena productiva “pero sin la intención de imponer el monopolio estatal al dejar intacta la institucionalidad que estimula una política fiscal dirigida a favorece el gasto corriente y no la inversión”.

Consecuentemente, la nacionalización estaría lejos de promover la industrialización, a partir de la concesión de valor agregado a los recursos naturales como el gas. Recientes denuncias avalan el criterio de que la nacionalización no ha sido tal y que se ha limitado a ser una transacción entre privadas y el Estado boliviano, con significativas pérdidas para el interés nacional.

Una versión gubernamental, que refute coherentemente esta lectura, no es corriente encontrar entre los voceros del sector. El gobierno se ha limitado a informar mediante spots y ha renunciado a la información amplia y contextualizada sobre sus reformas a la institucionalidad del Estado. En este marco, la realidad energética, estratégica para el desarrollo nacional, es vista de manera fragmentada, en la mayoría de los casos. ¿Será lo mejor que nos puede pasar a los bolivianos?

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