Carmen Crespo Fernández es economista de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Obtuvo una Maestría en Economía en la misma universidad y una maestría en ciencias, en Energía y Medio Ambiente en la Universidad de Calgary, Canadá. Trabajó en las áreas de energía (hidrocarburos y electricidad), medio ambiente y regulación de servicios públicos. Fue profesora en varias universidades de Bolivia y el Ecuador. Actualmente es la Responsable de la Plataforma de Energía del CEDLA.

EP.- ¿Porqué afirma el CEDLA que la política energética del MAS limita el rol del sector energético a un simple generador de excedentes?
CC (CEDLA-OBIE).- El CEDLA ha analizado los principales documentos en los que el gobierno formula los lineamientos de su política energética. En los mismos, se reduce al sector energético a rol de generador de excedentes.

Esta idea se evidencia reiteradamente en el Plan Nacional de Desarrollo (PND), pero es en la Estrategia Boliviana de Hidrocarburos (EBH) donde aparece con más claridad (página 23): “La idea central del PND es que a partir de los excedentes generados en los sectores estratégicos, entre ellos el sector de hidrocarburos, además de reinvertir, provean vía tributos y regalías, recursos a los sectores generadores de ingresos y empleo para contribuir a diversificar la economía y el desarrollo social”.

Esta forma de entender el sector energético ignora su naturaleza y su importancia para la economía (por ser la energía un insumo fundamental para la producción de bienes y servicios), y para el bienestar de la población (por ser los servicios energéticos, como el transporte, la iluminación, la cocción de alimentos, etc.).

EP.-¿El CEDLA considera que la política energética del actual gobierno es contradictoria y ambigua?
CC(CEDLA-OBIE).- Existen numerosas contradicciones. Por ejemplo, en el texto de la nueva Constitución Política del Estado se menciona que la industrialización de los hidrocarburos es una prioridad del Estado; sin embargo, el PND y la EBH colocan la industrialización en segundo plano, lo que evidencia una falta de articulación entre los documentos marco.

Pero lo más importante es que no existe una política energética integral de largo plazo, que se adecue a las características del país. Además de ello, los documentos analizados no definen lo que es una política energética y tampoco existe (hasta donde se tiene acceso) otro documento que la defina explícitamente.

EP.- ¿Por qué se afirma que esta política energética es reduccionista?
CC(CEDLA-OBIE).- Lo que se dice es que al asignar al sector energético el rol principal de generador de excedentes; se omite la discusión de las políticas fundamentales del sector: ¿Cómo asegurar que las unidades productivas y las familias bolivianas (incluidas las de menores ingresos y las que viven en las zonas más alejadas del país), tengan energéticos disponibles, a precios accesibles, producidos de manera eficiente y con mínimos impactos ambientales? ¿Cómo lograr que esa disponibilidad de energéticos sea sostenible en el largo plazo? ¿Cómo mejorar la eficiencia energética y disminuir el impacto ambiental del consumo de energéticos? Esas son preguntas que ni siquiera aparecen cuando se las sustituye por esta otra: ¿cómo lograr que el sector energético transfiera la mayor cantidad posible de excedentes al resto de la economía?

EP.- Se ha afirmado que la industrialización no es el norte de la política energética del MAS y que es apenas un discurso. ¿Qué fundamenta estas aseveraciones?
CC(CEDLA-OBIE).- La industrialización de los hidrocarburos está mencionada muchas veces en los tres documentos que se analizaron. Sin embargo, al priorizar la generación de excedentes como objetivo principal de la política energética, lo que se está haciendo es definir la exportación de materias primas a mercados externos como el norte de la política; contrariamente a una política de industrialización y su implementación.

Por supuesto, queda siempre la posibilidad teórica de que la exportación de productos industrializados genere mayores excedentes que la exportación de materias primas, caso en el que ambos objetivos coincidirían; pero esta hipótesis no ha sido ni siquiera mencionada en ninguno de los documentos revisados.

Ya en la práctica, la Empresa Boliviana de Industrialización de Hidrocarburos, encargada de llevar adelante esta política, no existe. Peor aún, el exiguo presupuesto asignado al desarrollo de proyectos de industrialización mencionado en la EBH no se ha ejecutado. Es decir, no existen acciones concretas que vayan en esa línea.

EP.- En este marco, ¿hablar de una autosuficiencia energética es una utopía?
CC(CEDLA-OBIE).- Dada la manera en la que están formulados el PND y la EBH, la autosuficiencia energética queda supeditada a la maximización de los ingresos por exportación de hidrocarburos primarios y de electricidad. Concretamente, el PND asocia la independencia energética al desarrollo de proyectos de energías renovables, lo que muestra una incomprensión de los conceptos de autosuficiencia, independencia y soberanía energética. Y con esta incomprensión, por supuesto, no se puede hablar de avances en el logro de la autosuficiencia energética.

EP.- ¿En qué quedaría el proyecto de hacer de Bolivia el centro energético regional?
CC(CEDLA-OBIE).-Entendiendo que la generación de excedentes y la exportación son el objetivo principal de la política energética del MAS, por supuesto existe la posibilidad de hacer de Bolivia el centro energético regional. Sin embargo, este objetivo, en ausencia de una política que atienda principalmente el propósito de desarrollo del país, en el que el uso adecuado de la energía es fundamental, puede acabar perpetuando la naturaleza primario-exportadora del patrón de desarrollo nacional.

EP.- ¿Cuál debería ser el rol de la política energética boliviana, según el CEDLA?
CC(CEDLA-OBIE).- La política energética debería tender a lograr los objetivos de: i) eficiencia en la oferta de energía; ii) eficiencia en el uso de energía; iii), diversificación de fuentes de energía; iv) disminución de impactos ambientales; v) seguridad energética y; vi) costo y disponibilidad de energéticos para las familias de menores ingresos. La pregunta es cómo alcanzar estos objetivos dado el nivel de desarrollo, el nivel de pobreza, la distribución del ingreso, la disponibilidad de fuentes de energía primaria, las condiciones naturales y geográficas del país, entre otras restricciones. Es decir, la política energética debería tender al logro de esos objetivos en las circunstancias particulares de Bolivia.

Varios elementos deben formar parte de una adecuada formulación de política energética: i)Concepción integral del sector, incluyendo hidrocarburos, electricidad, otras fuentes de energía (por ejemplo, biomasa que en el país es fundamental), eficiencia energética y todos los aspectos relacionados, como parte de un conjunto; ii) Entender que la energía no debería ser considerada únicamente como la fuente principal de excedentes del país, sino un elemento fundamental para el desarrollo productivo y el bienestar de la población; y iii) que el sector energético es el causante de los mayores impactos ambientales negativos, por lo que su adecuado manejo es imprescindible para la sostenibilidad de cualquier proyecto de desarrollo.

Justamente para incluir estos y otros temas en un debate amplio, en el que participen diversas instituciones, es que el CEDLA propone la construcción de una Plataforma de Política Energética, un espacio que sumará esfuerzos para la generación de conocimiento, información y análisis para debatir públicamente, con argumentos, la política pública para el sector.

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