Periódico Global – España

Felipe Molina

Más de 40 intelectuales latinoamericanos y el embajador de la Unión Europea en Bolivia criticaron en distintos tonos la amenaza del vicepresidente de expulsar del país a las ONG que “se metan en política”. Álvaro García Linera se refirió en concreto a cuatro instituciones no gubernamentales: Centro para el Desarrollo Laboral y Agrario (CEDLA), Centro de Documentación e Información Bolivia (CEDIB), y las fundaciones Tierra (las tres de izquierda), y la Fundación Milenio (liberal), que publican informes críticos sobre el trabajo gubernamental. Dos son ambientalistas y ya habían sido fustigadas anteriormente por el presidente Evo Morales por su participación en el rechazo indígena a la autorización gubernamental para explorar petróleo en áreas protegidas, y por su oposición a la política oficial de ampliación de la frontera agrícola y de fomento a los grandes monocultivos de alimentos.

“Usan el pretexto de la defensa de la Madre Tierra para servir a intereses transnacionales”, dijo García Linera de las cuatro ONG, ninguna de las cuales recibe cooperación oficial, pero sí financiamiento de sus homólogas de Gran Bretaña, España, Dinamarca, Suecia y Alemania. Los directores de estas instituciones respondieron que son bolivianas, y por tanto no pueden ser expulsadas, solamente cerradas o “exiliadas”.“Podemos combinar la defensa del bosque, de los ríos, con la agricultura y la explotación de los recursos naturales. Tenemos derecho a hacerlo”, explicó el vicepresidente, que es considerado el principal pensador del proceso político boliviano.

Luego de la actuación vicepresidencial, casi medio centenar de intelectuales de izquierda, entre ellos Leonardo Boff, fundador de la teología de la liberación, Alberto Acosta, expresidente de la Asamblea Constituyente de Ecuador, Frank Gaudichau, editor del sitio web rebelión.org, los académicos Boaventura de Sousa Santos y Eduardo Gudynas, y la mexicana Raquel Gutierrez, anterior pareja y compañera de prisión de García Linera cuando en los años 90 ambos fueron acusados de alzamiento armado, escribieron una carta abierta en la cual dicen que “la disidencia o la crítica intelectual no se combate a fuerza de censura y amenazas y descalificaciones, sino con más apertura a la discusión política e intelectual; esto es, con más democracia”.

También se sumó a la crítica el expresidente y vocero de la causa marítima boliviana, Carlos Mesa. El aludido no respondió directamente, pero sí declaró que el derecho de los bolivianos a crear organizaciones de trabajo social se respetará, al mismo tiempo que no se permitirá que países extranjeros financien actividades que puedan considerarse “político-partidarias”. “Cuando el Estado es fuerte ya no se necesita de las ONG”, añadió.

A raíz de la controversia, los medios locales investigaron las relaciones que en el pasado mantuvieron decenas de funcionarios del gobierno, incluyendo el vicepresidente, con estas y otras ONG, así como las felicitaciones que, cuando era opositor, Morales envió a algunas de las instituciones que hoy considera peligrosas. Los voceros oficialistas replicaron que estas ONG eran diferentes antes, cuando en ellas trabajaba gente de izquierda, y que ahora se han convertido en refugio de opositores a los cambios que vive Bolivia.

García Linera ya había dicho que algunas de ellas eran manejadas por neoliberales y otras por “unos trotskistas verdes… que por plata han cambiado su ideología”, y que ahora ya no postulan la revolución, sino el inmovilismo económico por razones ambientales. Ambas acusaciones fueron rechazadas por los directores de las ONG. El jefe de la Delegación de la Unión Europea, Timothy Torlot, anunció que seguirá colaborando al país a través de organizaciones no gubernamentales, pues “un Estado fuerte necesita de una sociedad fuerte”.

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