De 2.228 Organizaciones No Gubernamentales (ONG) que trabajan en el país, el 87% no tienen un registro de funcionamiento vigente, aspecto que motiva al oficialismo a elaborar una ley con el objetivo de transparentar su funcionamiento.

«En Bolivia están operando alrededor de 2.228 ONG y de acuerdo a los datos que tenemos se habrían registrado 291 ONG, es decir que 1.937 ONG no tienen vigente su registro», afirmó Borda.

El asambleísta requirió información de diferentes instituciones sobre las organizaciones, a consecuencia de la advertencia del vicepresidente Álvaro García Linera, quien el lunes dijo que serían expulsadas las ONG si continúan «mintiendo» y haciendo política partidista.

Borda planteó la necesidad de «controlar» su funcionamiento y exigirles que hagan transparentes sus finanzas y sobre el destino de los recursos económicos, tomando en cuenta que son donaciones que debieran servir para el desarrollo del país.

Desde la Vicepresidencia de la Cámara se impulsará una normativa «expresa» para las ONG, al margen de la Ley 531, que en su criterio «no es específica».

«Estamos preparando una ley para que se pueda encarar este tema, para transparentar sus recursos económicos», dijo.

El 2013, se promulgó la Ley 351 de Otorgación de Personalidades Jurídicas, para las organizaciones sociales, ONG, fundaciones y entidades civiles sin fines de lucro que desarrollen actividades en más de un departamento y cuyas actividades sean no financieras.

La ley permite que el Gobierno disuelva en cualquier momento, sin recurrir a orden de juez, a cualquier ONG o fundación, sin necesidad de comprobar sus eventuales acusaciones. La ley también le permite al Gobierno confiscar sus activos.

En 2013 fue disuelta y expulsada de Bolivia la ONG IBIS Dinamarca.

Al respecto, el defensor del Pueblo, Rolando Villena, manifestó su esperanza de que el Tribunal Constitucional Plurinacional se pronuncie en los próximos días, a favor de la acción abstracta de inconstitucionalidad que presentó en contra de esta Ley.

APOYO Y AHORA CRÍTICAS

García Linera dijo el lunes que el CEDLA está conformado por «trostkistas verdes» o «oenegistas», que cambiaron su ideología por el dinero, que reciben de empresas y poderes extranjeros.

La otra entidad atacada con el mismo argumento fue el Centro de Documentación e Investigación Bolivia (CEDIB), que funciona en Cochabamba desde hace más de 40 años. Ambas, más las fundaciones Milenio y Tierra, fueron amenazadas con ser «expulsadas» del país por vertir «mentiras».

Contradictoriamente, cuando era diputado, el ahora presidente Evo Morales envió una carta de respaldo al Centro de Documentación e Información de Bolivia (CEDIB) en la que destaca a esa intuición «porque defiende» los intereses de los «productores de coca» y «apoyó a los dirigentes de las Federaciones en momentos de represión».

A su vez, García Linera, se presentó a fines de 2004 a un concurso abierto de competencia para ocupar el cargo de director del CEDLA. La expectativa salarial del ahora vicepresidente no se ajustaba a lo que disponía esta ONG, según recapitula la agencia ANF.

El CEDLA respondió ayer a las acusaciones de García Linera y aseguró que las autoridades del Gobierno tienen la intención política de limitar el derecho a la libre opinión y expresión que tiene esta asociación civil privada.

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