El Gobierno fiscalizará el trabajo que realizan las Organizaciones No Gubernamentales (ONG) y evaluará si amerita su expulsión del país por «hacer política», tal como lo advirtió el presidente Evo Morales y el vicepresidente Álvaro García Linera.

Según el Ministerio de Autonomías, instancia encargada del registro de las personerías jurídicas para el funcionamiento de estas entidades, se procederá a una inmediata identificación y evaluación de las tareas que desarrollan en Bolivia.

«Vamos a hacer una publicación de manera general de cuáles son las entidades que están autorizadas para estar en el país. Hay que hacer una fiscalización sobre el objeto que tienen y si hay diferencias, sin duda, pueden ser susceptibles de sanción o anulación», señaló el titular de ese despacho, Hugo Siles.

Afirmó que junto con las autoridades que tienen el papel de fiscalizar, se supervisará la labor que desempeñan estas ONG. «Nosotros registramos, hacemos el trámite del papeleo, que luego emite una personería jurídica de alcance nacional», dijo.

El vicepresidente Álvaro García Linera identificó el lunes a cuatro de estas organizaciones que «hacen política»: Milenio, Fundación Tierra, el Centro de Documentación e Información de Bolivia (Cedib) y el Centro de Estudios para el Desarrollo Laboral y Agrario (Cedla), las cuales corren el riesgo de ser expulsadas del territorio nacional y serán las primeras en ser evaluadas, según afirmó Siles.

ESTRANGULAMIENTO

La Unión Nacional de Instituciones para el Trabajo de Acción Social (UNITAS), detectó al menos seis mecanismos de «estrangulamiento» contra las ONG o fundaciones, para subordinarlas al Gobierno.

Según las directora de UNITAS, Susana Eróstegui, estos mecanismos tienen que ver con las multas que reciben, la búsqueda que les hacen de todo tipo de información, el ataque a sus fuentes de financiamiento, las dificultades establecidas en la Ley 351 y los ataques políticos.

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