Sin tener reservas certificadas y con total ausencia de planificación del uso del gas para el desarrollo nacional, como advertía Marcelo Quiroga Santa Cruz

Mirko Orgáz García*

El gobierno «socialista» de Evo Morales amplía la venta del gas como materia prima para el desarrollo de la Argentina-Chile, Brasil y Uruguay sin tener reservas certificadas y sin haber industrializado una molécula de gas en cuatro años, dejando a Bolivia sin seguridad energética para su desarrollo. Estos acuerdos con Brasil y Argentina dejan al descubierto que la política neoliberal de mantenernos como país enclave se mantiene inalterable ya sea con Gonzalo Sánchez de Lozada o Evo Morales Ayma.

Contra todos los análisis sesgados e interesados de la prensa nacional e internacional en sentido de que Brasil no necesita «gas boliviano», una frondosa delegación brasileña llegó al país para sostener reuniones con autoridades del ejecutivo en diversos rubros, pero esencialmente para seguir succionando gas boliviano después del 2019.

El sonsonete de la poca importancia del gas boliviano en el mercado del «coloso del sur», una idea falsa refrendada por analistas «nacionales» como Humberto Vacaflor, Álvaro Ríos, Carlos Miranda y direccionada desde los más altos niveles del gobierno brasileño y las transnacionales, cayó en el vacío.

La delegación brasileña que llegó al país, dirigida por Marco Aurelio García, asesor principal del presidente del Brasil Luis Inácio Lula Da Silva, y ejecutivos de Petrobras, Electrobras, Braskem, Vale Do Río Doce, Andrade Gutiérrez, ODEBRECHT, OAS y Embraer, no sólo habló de la construcción de una industria petroquímica para industrializar el gas en Puerto Suárez sino también fijó sus ojos en el litio, amén de las consabidas carreteras y novedosa construcción de un tren eléctrico que vincularía Brasil con los puertos del Pacífico.

Sin embargo, en lo esencial, Bolivia con esta última reunión vuelve a enfrentar su vieja y presente condición colonial que la obliga a dar más gas a menor precio; renunciar a la posibilidad de industrializar sus hidrocarburos por sus empresas estatales y en el país; y ceder su soberanía a favor del expansionismo brasileño con la construcción de carreteras para el tránsito de sus mercancías, con el consiguiente endeudamiento externo.

Dicho de otra manera, esta negociación actualizó la vieja historia nacional que invariablemente se repite cada vez que el Brasil ve en peligro su seguridad energética, base de su acelerado desarrollo capitalista, pero que tiene hoy como actor principal al gobierno «anticapitalista» y «socialista» de Evo Morales. Antes ocuparon ese sitial Hugo Banzer Suárez, Jaime Paz Zamora y Gonzalo Sánchez de Lozada quienes privilegiaron sin el menor remordimiento los intereses del Brasil en detrimento de Bolivia.

En fin, la agenda brasileña que el gobierno «socialista» de Evo Morales se apresta a concretizar los próximos años, comprueba fehacientemente la aplicación de una vieja política de enajenación de nuestros recursos naturales que manda al traste la integración latinoamericana. Veamos.

Proyectos considerados entre Bolivia y Brasil

1.- Construcción de una ruta transoceánica que permita articular la carga de productos del sudoeste brasileño con los puertos del Pacífico.

2.- Potenciamiento de la línea aérea estatal Boliviana de Aviación (BoA) a través de la compra o el alquiler de aviones (la propuesta fue lanzada por la empresa Embrae, de Brasil, la cual fabricaría las naves).

3.- La explotación de los recursos evaporíticos del Salar de Uyuni, punto en el cual el Gobierno boliviano demandó que se considere la industrialización.

4.- Construcción, con ayuda brasileña, de una serie de represas que generen excedente de energía que pueda ser transferido al país vecino.

5.- Lucha contra el narcotráfico bajo un control aéreo.

6.- Industrialización del etano por la empresa Braskem.

7.- Interés de Petrobras de explorar nuevas áreas para incrementar la producción de gas natural.

8.- Formación de una empresa multinacional para la construcción de un tren eléctrico que conecte Puerto Suárez con Pisiga.

El cuento del «Polo petroquímico»

En el marco de la finalización del contrato de compra y venta de gas el año 2019, el gobierno de Lula no ha encontrado mejor argumento para garantizar la seguridad energética de su país que volver a las promesas incumplidas de industrialización.

A cambio de más gas a menor precio, proponen la construcción de una industria petroquímica en Puerto Suárez para utilizar los licuables del gas boliviano que se exporta a este país con el objetivo de producir un millón de toneladas de polietileno por año.

Carlos Brenner, ejecutivo de Brasken, ha dicho que se pretende invertir entre 2.000 a 3.000 millones de dólares en este emprendimiento que demorará al menos siete años para materializarse, lo que obligaría a Bolivia a extender su venta de hidrocarburos más allá del 2019 y a ampliar sus volúmenes, pues lo que se pretende industrializar para producir polietileno es el etano, un componente que no pasa del 3% del gas que actualmente se exporta. Dicho de otra manera, la única manera de garantizar el proyecto es doblar el volumen de nuestras exportaciones, hasta 60 Mmm, para que la Braskem cumpla su objetivo de producir un millón de toneladas de polietileno. En otras palabras, nosotros ponemos la materia prima y ellos industrializan. Pero eso no es todo.

Nuevas áreas de exploración para Petrobras

La voracidad brasileña no tiene medida ni clemencia con Bolivia. En esta línea, Brasil ha expresado su interés de contar con nuevas áreas de exploración para Petrobras, pese a que opera Campo San Alberto, Sábalo y produce el 60% de gas en Bolivia.

Sobre el particular, datos del CEDLA establecen que entre el 2001 y el 2008, la producción de gas y petróleo de Petrobras ha ido en constante aumento. Del 13,5 por ciento del 2001 ha pasado a controlar cerca del 60% de la producción de gas.

¿Cómo se llegó a esta situación?

La clave está en el contrato del año 1996 firmado por el gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada, que permitió a Petrobras controlar la explotación de campo San Alberto y Sábalo, dotarse de nuevas áreas de exploración, (Ingre e Irenda) y controlar el transporte y comercialización de gas de manera absoluta, situación que no ha cambiado los últimos cuatro años a pesar de toda la retórica «nacionalizadora» del gobierno de Evo Morales.

Precios bajos

¿Qué dicen las autoridades nacionales de este cuadro de situación? Las declaraciones de funcionarios de YPFB frente a este conjunto de intereses del Brasil causan estupor.

La indefensión del país está expresada en las declaraciones de Carlos Villegas, presidente interino de YPFB, funcionario cuestionado desde diversos frentes sobre su gestión, quien ha señalado como un logro que el «Brasil mantenga inalterable los volúmenes y la fórmula para establecer los precios señalados en el contrato de 1996». Villegas dijo que el precio del gas boliviano que se exporta a Brasil y Argentina se incrementará para el período abril-junio. En el caso de la Argentina, el millar de BTU (Unidad Térmica Británica) aumentará de 6,99 dólares a 7,37 dólares a partir de abril. Brasil pagará 5,93 dólares en el segundo trimestre del año, frente a los 5,60 dólares del período enero-marzo.

Lo que olvida este funcionario es que el precio del gas se establece a través de una fórmula arbitraria contenida en los contratos de venta tanto al Brasil como a la Argentina, y a pesar de las constantes críticas de sectores de la sociedad boliviana él no puso en cuestión como política de estado en las múltiples reuniones bilaterales a las que asistió. Si no lo hizo, cuando menos no debiera plantear como un «logro» que se mantengan los precios y la fórmula discrecional que favorecen al Brasil.

¿Cuál el precio justo del gas boliviano?

El precio del gas debiera establecerse no a través de este tipo de fórmulas sino en función de su valor calórico y de sus características medioambientales como energía limpia, máxime en estos tiempos de «calentamiento global».

En esta dirección, se ha dicho que un barril de petróleo genera casi 6 millones de BTUs de energía y que un millar de piés cúbicos de gas genera 1 millón de BTUs de energía. Por tanto, en términos energéticos el precio del millar de piés cúbicos de gas debería ser el precio del barril del petróleo dividido entre seis.

En la actualidad, el precio del barril en el mercado internacional es de 86, lo que dividido entre 6 da 14,3 dólares para el millar de piés cúbicos de gas. La «victoria» de Villegas es que el Brasil nos pague 6,93, a pesar de que Petrobras realiza esta misma mercancía en su mercado en 28 dólares. Aún más, de los 6,93 que quedan en Bolivia, sólo el 50% es captado por el estado vía regalías del 18% e IDH del 32%. El porcentaje restante es parte de los «costos recuperables» inflados por las petroleras.

El litio

Bolivia cuenta con las reservas más importantes de litio del mundo. La intención brasileña es penetrar la industrialización del potasio a través de la multinacional Vale do Rio Doce que pretende invertir un millón de dólares y conformar una sociedad mixta con el Gobierno para la explotación e industrialización de los recursos evaporíticos del salar de Uyuni.

Cabe decir que Vale do Rio Doce es una transnacional especializada en la explotación de hierro, níquel, concentrados de cobre, aluminio, potasio, manganeso. Sus inversiones previstas para este año llegan a 13 mil millones de dólares lo que muestra una dimensión exacta de su tamaño financiero.

El litio es considerado la base de un nuevo paradigma tecno científico de desarrollo para la humanidad. Con todo ha quedado claro que Brasil y sus empresas han decidido ingresar a la lucha por el litio contra Bolivia, junto a las japonesas Sumitomo y Mitsubishi; la francesa Bolloré y la coreana LG.

Trenes eléctricos y carreteras

«La renuncia al ejercicio de la soberanía nacional a favor del Brasil, país necesitado de un territorio como vía de tránsito más corta y barata para llevar sus mercancías al Pacífico, con el añadido de satisfacer su designio expansionista; paralelamente, las deudas contraídas por el país para comprar equipos que deberán ser utilizados exclusivamente en la construcción de las vías de penetración que Brasilia proyecte consultando sus propios intereses». Esta era la conclusión de Marcelo Quiroga Santa Cruz del contenido del «Acta de Capitulación Nacional», convenido entre Banzer y Geisel el año 1974.

Desde entonces el estado brasileño ha venido materializando este objetivo expansionista de unir Brasil con los puertos del Pacífico, vía el endeudamiento de Bolivia para la construcción de carreteras que son ejecutadas por empresas brasileñas, consolidando una política desigual de relacionamiento económico. Esto explica la familiaridad de empresas como Andrade Gutiérrez, la constructora OAS y la multinacional Odebretch en la construcción de carreteras en el país y la aplicación de políticas de «más gas a menor precio».

La penetración brasileña ha llegado a extremos de plantear la construcción de un tren eléctrico de gran envergadura que una Puerto Suárez, frontera con Brasil, y Pisiga, Chile.

Los argumentos por parte del gobierno para justificar estas mega construcciones a la exacta medida de los intereses de las mutinacionales y del estado brasileño son inverosímiles y ocultan que el país ha cedido su soberanía a favor del Brasil para facilitarle el tránsito de sus mercancías hacia el Pacífico, como lo hicieran Hugo Banzer, Jaime Paz o Gonzalo Sánchez de Lozada.

¿Cuánto tendríamos que producir de gas para satisfacer la voracidad brasileña?

Marco Aurelio García, en entrevista con el periódico la prensa de fecha 11 de abril de 2010, ha establecido cuánto de gas quiere el Brasil y cuánto Bolivia debería producir. Marco Aurelio García: «… Petrobras está dispuesta a hacer nuevas inversiones acá, quiere hacerlas, y necesitará de nuevos campos, porque el polo gas-químico, más lo que Bolivia exporta a Brasil y las perspectivas de expansión de las exportaciones para Argentina y otras partes, van a exigir un crecimiento muy acelerado de la producción de gas natural».

Sumemos, por un lado, los requerimientos del Brasil. García separa las necesidades del polo petroquímico (30 Mmcd), de los actuales volúmenes de exportación (30 Mmcd), lo que da 60 Mmcd.

Por otro lado, Argentina acaba de asegurar 27 Mmcd para distribuirlo a Chile y Uruguay quiere 3 Mmcd. El consumo boliviano actual es de 6 Mmcd. Para alcanzar estos requerimientos necesitamos producir 100 Mmcd que en veinte años devorarían 24 Tcf, es decir, ¡más del total de reservas probadas del país y más que lo que Gonzalo Sánchez de Lozada quería exportar a través del Proyecto Pacific LNG! Actualmente producimos 41 Mmcd.

¿Y gas para Bolivia?

Villegas dice que si falta GLP en el mercado interno lo importaremos del Perú y si falta diesel lo importaremos de Venezuela. La ecuación del «gobierno del cambio» es: exportar gas limpio a Argentina-Chile, Uruguay y Brasil e importar GLP del Perú (que vuelve a este país vía contrabando) y carburantes contaminantes de Venezuela.

De aplicarse esta política depredadora, Bolivia no contará con gas para sus planes de industrialización, el cambio de la matriz energética nacional y los proyectos de desarrollo industrial alrededor del Mutún. Lo tendremos que importar.

Promesas incumplidas del Brasil

Cada vez que Brasil quiere más gas a menor precio utiliza la misma estrategia: promete polos de industrialización que nunca se realizan y publicita la idea de que «es un acto de solidaridad el comprar gas boliviano».

En la larga la historia del relacionamiento energético con la República Federal del Brasil ha sido una constante la política del chantaje.

El primer convenio energético con este país se remite al año 1938, donde el gas aparece citado en las notas reversales de Roboré, suscritas el 29 de marzo de 1958, entre los gobiernos de Brasil y Bolivia, en la primera presidencia constitucional de Hernán Siles Suazo.

Una compañía norteamericana, la Gulf Oil Company, que campeaba en el país gracias al antinacional Código Davenport, se opuso a la actualización del Tratado de 1938. Este conflicto terminó en 1958 en Roboré con la disminución del 60% del área de trabajo de Petrobras y el establecimiento del artículo XIII, que compromete a Bolivia vender a Brasil el gas que se descubra en el área de «B» de las concesiones, así como a autorizar la construcción de un gasoducto para lo cual Brasil se compromete a otorgar el crédito necesario.

Los acuerdos de Roboré constituyen, en consecuencia, el primer intento de vender el gas al Brasil, sin cuantificar reservas ni planificar su utilización interna.

Más tarde, Hugo Banzer Suárez y Emilio Garrastazu, inician el proceso de venta de gas al Brasil en condiciones onerosas para el país y bajo el canto de sirena del establecimiento de plantas petroquímicas bi-nacionales que Brasil nunca materializará pero que utilizará sistemáticamente de ahí en adelante, como promesa, permanentemente incumplida.

El 31 de enero de 1972, se firma en Corumbá una declaración conjunta para el aprovechamiento de los recursos naturales. Dos años más tarde, el 22 de mayo de 1974, Geisel Banzer, sellan el «Acta de Capitulación Nacional», a decir de Marcelo Quiroga Santa Cruz, con resistencia de las organizaciones sociales y políticas y de las propias Fuerzas Armadas. Este convenio, estuvo plagado de irregularidades, pues según Quiroga, posibilitó y confirmó la renuncia al ejercicio de la soberanía nacional a favor del Brasil y el establecimiento de una política de precios totalmente favorables a este país.

Entonces con el gobierno de Hugo Banzer se inició la política de gas a precios bajos y el endeudamiento del país en la construcción de carreteras para el tránsito de las mercancías brasileñas hacia el Pacífico, a cambio de los nunca cumplidos proyectos de petroquímica que nunca se cumplirán.

El año 1996 Brasil consolida sus intereses energéticos con el Contrato de compra y venta de gas con Bolivia. Este contrato merece una explicación porque consolida el esquema del saqueo brasileño.

El contrato de 1996, la madre del cordero

El Convenio del año 1996 muestra de cuerpo entero la geoestrategia carioca. Para justificar la exportación de gas a Brasil se dijo que YPFB y el gobierno carecían de recursos para controlar «el negocio del siglo». Para garantizar el «sueño boliviano» de vender gas al vecino país había que asumir tres medidas: 1) Aprobar la Ley de Hidrocarburos 1689; 2) Capitalizar YPFB; 3) y construir el gasoducto al Brasil.

Este famoso Plan, criticado por preclaros patriotas como Enrique Mariaca Bilbao, ocultó el hecho de que YPFB tenía las reservas suficientes y el financiamiento necesarios para encarar el proyecto por sí solo, prescindiendo del «socio extranjero».

Sin embargo, más pudo la avaricia y la lógica transnacional que por medio del «Triángulo energético» impuso como dueñas del proyecto a la norteamericana ENRON, la anglo holandesa Shell y a la semi estatal brasileña Petrobrás, dejando a Bolivia fuera del negocio porque no tenía a su empresa, YPFB, que había sido «capitalizada» (privatizada).

Con este convenio, Brasil se aseguró la provisión de gas barato y limpio y con un poder calorífico por encima de los estándares, lo que le valió un plus económico exorbitante.

En lo posterior, este convenio será la base y el modelo para vaciar los hidrocarburos del subsuelo boliviano y se mantendrá como tónica en los siguientes gobiernos de Hugo Banzer, Jaime Paz y Gonzalo Sánchez y hoy Evo Morales.

¿Qué hacer con nuestro gas?

Con la política del chantaje de que «Brasil no necesita tanto gas boliviano», se ha ocultado el hecho real y verificable de la pérdida de soberanía de Bolivia sobre su política y los recursos energéticos y la incorporación del subsuelo gasífero boliviano a los intereses del Estado brasileño.

Brasil necesita del gas boliviano y lo quiere barato y en volúmenes gigantes para su desarrollo. Para ello utiliza un conjunto de mecanismo que basan su éxito centralmente en la falta de políticas nacionales para sentar soberanía sobre nuestros recursos naturales.

Bolivia debe industrializar la totalidad de su gas y usar este recurso en el cambio de su matriz energética, dando cumplimiento a la tesis del año 2003 de «Gas para los bolivianos».

Primero la industrialización del gas para producir diesel ecológico le daría al país la posibilidad de monetizar el millar de piés cúbicos en 13 dólares, más del doble de lo que paga el Brasil (5.93 Mmcd).

Segundo, el cambio de la matriz dinamizaría la economía boliviana con energía barata, generando en una primera fase la monetización de mil millones por la sustitución del 50% de GLP y 50% de diesel contaminante con gas natural que Brasil nos «compra por solidaridad».

Para esto, solo hace falta voluntad política que el gobierno de Evo Morales ha demostrado no poseer para nacionalizar la política energética.

Eso mismo sucedía con los gobierno neoliberales de Jaime Paz o Gonzalo Sánchez de Lozada.

* Director del mensuario Hora 25. Este y otros interesantes artículos puenden consultarse en el sitio web www.hora25.org
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