Bol Press • Desaceleración del crecimiento: empeoran el desempleo, informalidad y precariedad laboral • 26/10/2016
Cae la economía boliviana
Javier Gómez, director del CEDLA, afirma que la precariedad laboral, la alta informalidad, el desempleo y la vulneración constante de derechos laborales, caracterizan al mercado de trabajo urbano en el país. En el escenario actual de desaceleración del crecimiento, estos rasgos tienden a empeorar. Ello podría llevar a una crisis económica difícil de afrontar, señala también en el más reciente Editorial de Alerta Laboral N° 77, del Centro de Estudios para el Desarrollo Laboral y Agrario, cuyo artículo principal suscrito por la investigadora Silvia Escóbar aborda las consecuencias de la desaceleración en el empleo.
http://www.cedla.org/sites/default/files/alerta_laboral_77_octubre_2016.pdf
LA DESACELERACIÓN ECONÓMICA Y LOS TRABAJADORES
-Javier Gómez Aguilar, Director Ejecutivo, CEDLA
Hace algunos días, el Ministro de Economía y Finanzas Públicas señaló a los medios de prensa que, según sus cálculos, “hay un 50 por ciento de probabilidades de que haya el segundo aguinaldo, pero hay otro 50 por ciento de probabilidades de que no haya”, y que se debe esperar el dato final del INE sobre el crecimiento del PIB para definir el pago. No es casual esta aseveración porque coincide con otras referencias expresadas por voceros del gobierno, para ocultar la situación actual de la economía, especialmente a la población trabajadora.
En esta línea convergen los informes de entidades internacionales (Banco Mundial, Corporación Andina de Fomento, entre otros) que no ahorran conceptos para elogiar la buena salud de la economía boliviana y a calificar al país como un modelo a seguir. Obviamente, esas apreciaciones solo consideran el efecto que podría tener la inversión pública, financiada en parte por sus instituciones, mientras dejan a un lado aspectos críticos de la realidad del país como son la profundización de la dependencia económica del extractivismo y de la exportación de materias primas, el debilitamiento de las actividades productivas e industriales y la terciarización creciente, asentada en rubros tradicionales de muy baja productividad.
La desaceleración del crecimiento, más allá del deseo político del gobierno de imaginar una economía sólida capaz de soportar los embates de la crisis capitalista mundial, podría llevar a una crisis económica difícil de afrontar. Los efectos de la disminución significativa de los precios de minerales e hidrocarburos en el mercado mundial causada por el menor crecimiento de China y la recesión de vecinos como Brasil y Argentina, son innegables. Como el país no es una isla, sino una economía integrada al comercio internacional, cualquier cambio adverso en ese escenario indefectiblemente lo impactará, como viene sucediendo con el aumento de las importaciones de bienes de consumo básico sobre la producción nacional.
La desaceleración se tradujo rápidamente en una reducción drástica de los ingresos fiscales, afectando el gasto corriente y la inversión pública. Nuevamente, el gobierno de Evo Morales apostó por el mayor endeudamiento para paliar la disminución de los ingresos por las exportaciones de materias primas, sin una visión de largo plazo ni una estrategia de desarrollo productivo dirigida a diversificar la economía, a mejorar la productividad y a potenciar la capacidad de generación de más y mejores empleos.
Mientras tanto, se hace más visible la crisis del trabajo que arrastra largamente el país. Esta se manifiesta en el aumento del desempleo, de la precariedad laboral y de la informalidad. Los trabajadores asalariados, entre éstos las mujeres, los jóvenes, los menos calificados y los que pertenecen a los grupos de bajos ingresos, vienen soportando despidos masivos por la pérdida constante de puestos de trabajo (ENATEX, cooperativas mineras, micro y pequeñas empresas, además de entidades públicas y privadas), como también a formas de contratación temporal que los conduce a una gran incertidumbre laboral, a la reducción del poder adquisitivo de los salarios, al incremento e intensificación de las jornadas de trabajo y, en general, a la vulneración de sus derechos laborales.
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