Lo sustancial de la nueva ley radicaría en la promoción, la regulación y la fiscalización de actividades de uso y aprovechamiento de los recursos de los bosques, apuntando a la consolidación de un agente económico de base comunitaria, y equilibrando, no excluyendo, la actividad empresarial privada. En este entendido, la adecuación de la actividad económica empresarial a un manejo estratégico estatal de los recursos naturales renovables (recursos ambientales), y el despliegue de capacidades y actividades forestales comunitarias, podrán ser consustanciales en la ley. Aportes para el debate.

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