Enrique Ormachea Saavedra (PLATAFORMA ENERGETICA)

viernes 14 de enero de 2011

Durante el debate que tuvo lugar sobre la situación de la seguridad y soberanía alimentaria en el país en los días previos al gasolinazo, demostramos –con base a información oficial– que durante el gobierno de Evo Morales los cultivos agroindustriales, producidos mayoritariamente bajo relaciones capitalistas de producción, habían incrementado su importancia: mientras en la gestión agrícola 2005/2006 representaban el 79% del total de la producción agrícola del país, en la gestión 2008/2009 significaban ya el 82%.

Así mismo, señalamos que el gobierno del MAS, a pesar de su constante discurso de apoyo a la pequeña producción campesina, no había logrado revertir la tendencia de una cada vez menor relevancia de la producción agrícola en las regiones del altiplano y los valles que, como se sabe, concentran a la gran mayoría de las unidades productivas campesinas del país. Ambas regiones que en 2005/2006 representaban el 25% del total de la producción agrícola del país, en el periodo 2008/2009 habían bajado su participación al 21,6%.

Por tanto, este escenario muestra que el departamento de Santa Cruz consolidó su rol hegemónico en la producción agrícola del país: pasó del 72% del total de la producción agrícola nacional en 2005/2006, al 76,8% en 2008/2009. Asimismo, Santa Cruz, durante el periodo de referencia, cobró cada vez mayor importancia en la producción ganadera tanto de carne como de leche, así como en la producción avícola, todos ellos rubros fundamentales para la alimentación de la población boliviana, la misma que depende cada vez más de la oferta alimentaria agroindustrial y agrícola básica que genere este departamento.

En este sentido, indicamos que este escenario productivo se iría consolidando, al margen de una política gubernamental que privilegia sólo en el papel a la producción campesina como eje central de su discurso sobre la soberanía alimentaria en el país. Por ello, planteamos que el gobierno del MAS se vería obligado a hacer mayores concesiones, en varios planos, a la burguesía agroindustrial y agropecuaria cruceña que, hasta no hacía mucho tiempo, era presentada como la más recalcitrante oposición derechista al mismo.

No tuvimos que esperar mucho tiempo para comprobar nuestra hipótesis, pues el gasolinazo decretado por gobierno del MAS el pasado domingo 26 de diciembre –y que debido a la resistencia y acción directa de los trabajadores tuvo una vida muy corta– puso en evidencia las concesiones que Evo Morales estaba dispuesto a hacer a la burguesía agroindustrial.

Uno de los argumentos utilizados por el gobierno para justificar la necesidad del decreto de marras –que intentaba darle un cariz “antiempresarial” a una medida que a todas luces estaba destinada a favorecer la inversión del capital transnacional en hidrocarburos– estaba relacionado con la necesidad de cortar la subvención al diesel, que beneficia desde hace ya más una década a los agroindustriales de Santa Cruz.

Este tipo de argumento fue también utilizado por las direcciones de las organizaciones campesinas afines al MAS, como parte del discurso orientado a convencer a sus bases sobre el contenido “antineoliberal” y “revolucionario” del gasolinazo.

Contradictoriamente, al mismo tiempo de “atacar” a los agroindustriales que se beneficiaban de la subvención del diesel, eliminada por el mencionado decreto, las principales medidas del gobierno en el ámbito de la producción agrícola estuvieron orientadas a beneficiar a quienes eran previamente señalados como una de las partes responsables de la “sangría” de las arcas del Estado. De esta manera, a los productores de soya –cuya producción se dirige fundamentalmente a la exportación y cuya producción es realizada por grandes y medianas empresas, así como por pequeños capitalistas– se les ofrecía la adquisición estatal de toda su producción a precios del mercado internacional. También se ofrecía a los productores de maíz, arroz y trigo la adquisición estatal de dicha producción a un precio mayor al 10% del precio interno.

En cambio, para el grueso de los campesinos pobres, el gobierno no contempló ninguna medida inmediata concreta de apoyo a su producción; no ofreció subvención alguna para productos en los que la producción campesina (sobre todo andina) sigue siendo importante para el mercado interno: tubérculos, hortalizas y frutas, fundamentalmente. Ofreció, más bien, dos proyectos de larga maduración: Por un lado, una inversión de 300 mil dólares americanos por municipio para infraestructura de riego y, por otro lado, el seguro agrícola que viene siendo anunciado desde hace ya un par de años atrás.

Como puede observarse, en el caso de la política agraria, el slogan de “mandar obedeciendo” tiene, para el gobierno del MAS, una inconfundible orientación de clase, en la que la burguesía agroindustrial asentada en el oriente del país es la principal beneficiaria.

Enrique Ormachea Saavedra es investigador del Centro de Estudios para el Desarrollo Laboral y Agrario (CEDLA).

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