(Extracto de Escobar S., Rojas, B. y Arze C. “País sin industrias, país con empleo precarios. Situación de los derechos laborales en Bolivia 2011 -2012, CEDLA 2014)

La Paz – Bolivia

 

INTRODUCCIÓN

La crisis de las empresas capitalistas la pagan los trabajadores: despidos masivos, salarios devengados, beneficios sociales impagos y conquistas laborales que se derrumban como un castillo de naipes, son algunos de los costos que cargan los obreros. Mateo y Elvira fueron testigos de la caída del complejo textil más grande del país y vivieron en carne propia, junto a otros 1.800 compañeros, la pérdida intempestiva de sus fuentes de trabajo, sin el pago de los beneficios sociales y salarios de varios meses. Si bien fueron contratados por la nueva empresa creada por el actual gobierno, levantada sobre la infraestructura del complejo quebrado, comenzaron de cero y con sus derechos laborales conculcados.

América Textil, AMETEX S.A, fue el gigante textil que con su derrumbe arrastró a los trabajadores hacia el paro y a la desprotección laboral. Esta empresa, a iniciativa de la familia Iberkleid, dio sus primeros pasos el año 1965 con la creación de UNIVERSALTEX en la ciudad de Oruro, dedicada a la manufactura de hilados y tejidos de lana. Años después fue trasladada a La Paz incursionando en la producción de casimires, frazadas, mantas y aguayos, además de telas novedosas como el jersey y el plusher, gracias a la introducción de las primeras máquinas circulares. Posteriormente, nació PRINTEX que posibilitó fortalecer la confección de telas de algodón incorporando en su proceso, el teñido, secado y la estabilización de los tejidos[1], proyectando un emprendimiento prometedor.

Los buenos resultados económicos impulsaron a la organización del consorcio AMETEX S.A. en 1996, articular a las factorías creadas en un gran complejo productivo que integraba todas las fases del proceso textil, desde la producción del hilo industrial hasta la confección de prendas de vestir. El complejo nació con una capacidad de producción de 8 millones de prendas anuales[2], cantidad que fue incrementándose notoriamente gracias a la incorporación de tecnología de punta y a la mayor subordinación al mercado y capital externo. El consorcio logró articular hasta 6 factorías[3] además de aproximadamente 17 pequeñas y medianas empresas subcontratadas y un enorme taller en la ciudad de El Alto con mujeres integrantes de clubes de madres contratadas para el bordado manual de prendas.

Bajo la modalidad de maquila, que es el régimen dominante en las empresas exportadoras de prendas de vestir, gran parte de la producción del complejo tuvo por destino el mercado estadounidense en el marco de acuerdos de preferencias arancelarias para productos andinos suscritos con el gobierno de Estados Unidos (ATPA y ATPDEA, siglas en inglés), por encargo de empresas extranjeras como Polo Men y Polo Woman, Nautica Jeans, Lee, Bintang Richards, entre otras.

En su mejor momento, la empresa llegó a comercializar hasta 50 millones de dólares al año y ocupó a casi 4 mil trabajadores en todas sus factorías y un número similar en las empresas subcontratadas.

El desplome del gigante

La gloria duró poco dando paso en los primeros años del presente siglo a una crisis que no la abandonó hasta sus últimos días en el año 2012. Recibió ayuda financiera de los gobiernos de turno sin poder revertir su situación. Ingresó en el 2005 al “Hospital de empresas” para someterse a un plan de reestructuración con el fin de negociar la cuantiosa deuda acumulada en el período 2002 – 2005 que ascendió a aproximadamente 30 millones de dólares.[4]

Con la suspensión en el año 2008 del Acuerdo de Preferencias Arancelarias para productos andinos y la erradicación de drogas, ATPDEA (sigla en inglés), por parte del gobierno estadounidense con el argumento que Bolivia no cumplió “eficazmente con la lucha antidrogas”, se aceleró la caída del consorcio. Los esfuerzos del gobierno de Morales por procurarle los mercados de Venezuela y Brasil fueron vanos haciendo que la crisis sea inminente. El propio accionista principal del consorcio reconoció en declaraciones a un medio de prensa que “en los últimos años la fábrica tuvo muchos problemas para continuar porque su producción cayó a la quinta parte y redujo el número de sus empleados de 3.900 a 1.900.”[5]

La dependencia extrema de un solo mercado (el de Estados Unidos) y de pocas empresas contratantes que incidió en la no diversificación de la producción y en la adopción de estrategias comerciales para la búsqueda de otros mercados y, con ello, la mayor vulnerabilidad frente a los cambios en la demanda y en los precios en el mercado internacional, fueron las causas principales de la caída del gigante textil.[6]

En julio de 2012 sobrevino la quiebra de la empresa con el despido masivo de alrededor de 1.800 trabajadores sin el pago de los beneficios sociales correspondientes y de los salarios adeudados de dos meses.

“Hemos trabajado hasta el 13 de julio (2012). Hoy estamos sin empleo, hemos sido despedidos todos el 13 de julio sin cartas de despido, fue un despido masivo. Hasta el momento (agosto 2012), no nos han pagado nada de nada. Hay el compromiso de pago una vez que se haga la liquidación de la empresa y el gobierno pague y con eso nos pagarían los beneficios, es decir, se pagaría hasta fin del 2012.”(Trabajador de una de las factorías, 2012).[7]

Según información difundida en los medios de comunicación, el patrimonio de la empresa alcanzaría la suma de 52 millones de dólares aunque en los libros llegaba apenas a 13 millones de dólares.[8] Asimismo, la deuda acumulada hasta el año 2010, según un informe de la Fundación Milenio, habría llegado a 411 millones de bolivianos (algo más de 59 millones de dólares) frente a un activo de 509 millones de bolivianos (73.1 millones de dólares).[9]

El nacimiento de ENATEX

En la última fase del colapso, el accionista principal del consorcio negoció con el gobierno con el objetivo de lograr medidas y acciones tendientes a salvar la crisis de la empresa. La propuesta que prosperó fue que el Estado alquilaría todo el complejo productivo compuesto por las cinco factorías, con la posibilidad de comprar a futuro todas las instalaciones. En este marco, el gobierno de Morales promulgó el Decreto Supremo Nº 1253 el 11 de junio de 2012, determinando la creación de la Empresa Nacional Textil, ENATEX, como una entidad pública nacional estratégica (EPNE) orientada a la “producción y comercialización de productos del Complejo Productivo Textil, procurando la generación de empleo digno” (Art. 4).[10] De esta manera, nació una empresa pública sobre los restos del quebrado consorcio, en la senda del modelo de economía plural promovido por el gobierno con un patrimonio de 53 millones 655 mil bolivianos. El monto de alquiler final pactado fue de 45 mil dólares mensuales, por un período de tiempo no definido.

Según autoridades ministeriales y el principal accionista del consorcio, la operación permitiría salvaguardar los bienes de la factoría con el fin de “preservar” los empleos de más de 1.800 trabajadores despedidos de la compañía y garantizar el pago de los beneficios sociales adeudados. Esta pretensión fue más discursiva ya que el objetivo apuntó a dilatar y hasta eludir que la empresa sea sometida a un proceso de liquidación con cuyos recursos se cubrirían las deudas con los trabajadores. El gobierno a través del Ministerio de Desarrollo Productivo se comprometió a que en un plazo de 6 meses (desde enero 2013) se procedería al avalúo del complejo productivo en la perspectiva de adquirir las factorías, para con los recursos honrar las deudas sociales. Según los dirigentes sindicales consultados, las deudas con los trabajadores ascenderían a 15 millones de dólares.

La nueva empresa pública desconoce los contratos vigentes

Los trabajadores lograron el compromiso del gobierno que todos los obreros y empleados de la empresa quebrada sean transferidos a la nueva empresa estatal, compromiso que fue incluido en el decreto de creación de ENATEX. La incorporación de todos los trabajadores tardó un año en concretarse, habiéndose contratado en julio de 2013 a los últimos 120 trabajadores de la factoría encargada de la comercialización de prendas (Batt).

Los 1.870 trabajadores transferidos a la nueva empresa, fueron contratados como nuevos desconociendo los contratos pre existentes y por ende, todos los derechos laborales adquiridos.[11]  Al no haberse resuelto la liquidación de la empresa y el pago de los beneficios sociales y, al decidir el gobierno alquilar el complejo textil, tanto los contratos originales como los derechos ganados se mantienen plenamente vigentes. Justamente, la Ley General del Trabajo dispone que “la sustitución de patronos no afecta la validez de los contratos existentes” y que “el sustituido será responsable solidario del sucesor hasta 6 meses después de la transferencia” (Art. 11). Este precepto legal establece la corresponsabilidad de los propietarios transferentes a cumplir las obligaciones sociales por el plazo fijado y la continuidad de la relación laboral a favor de los trabajadores sin que la sustitución afecte los derechos adquiridos desde la contratación original. (Sandoval, 2006).

Eso no fue todo. Si bien el decreto de creación de la empresa pública dispone la contratación de los trabajadores bajo el amparo de la Ley General del Trabajo[12], los responsables de este complejo industrial buscaron imponer la transferencia de los contratos laborales al Estatuto del Funcionario Público, bajo el argumento que, siendo ENATEX una empresa pública nacional y estratégica, los contratos deben enmarcarse en esta norma y no en la Ley señalada. La movilización de los trabajadores logró frenar que sean convertidos en servidores públicos con reducidos derechos laborales, tal como determina el Estatuto en cuestión.

Salarios en caída

Como nuevos contratados, los obreros vieron disminuir sus salarios en torno al mínimo nacional (Bs. 1.000 en 2012) y esfumarse irremediablemente todos los derechos ganados en muchos años. La nueva empresa reconoció parcialmente los años de trabajo acumulados bajo la figura de un “bono de experiencia”, sujeto a 4 niveles salariales: 1) de 1 a 5 años, 1.000 bolivianos; 2) 5 a 10 años, 1.100 bolivianos; 3) 10 a 15 años, 1.200 bolivianos y 4) más de 15 años, 1.300 bolivianos[13], tergiversando de esta manera, la antigüedad laboral y los beneficios sociales derivados.

En los primeros meses de funcionamiento de la nueva empresa, los salarios nominales promedio percibidos por los obreros eran inferiores a los pagados en el consorcio anterior (2.500 bolivianos)[14]. Desde noviembre de 2012, la empresa puso en marcha el Reglamento del Factor Variable de la escala salarial[15] con el objetivo de promover mayor productividad de los trabajadores fijando niveles de producción y los montos de incremento que corresponderían a los salarios en caso de alcanzar los porcentajes exigidos.

Según la ministra de Desarrollo Productivo, “El incentivo que estamos dando ahora es un pago adicional al haber básico de acuerdo con el desarrollo del trabajo de cada persona. Cada trabajador accederá al incentivo en la medida en que la unidad de producción a la que pertenece tenga buenos resultados productivos; este beneficio se pagará de forma mensual (…)”[16].

El Reglamento estableció un bono máximo de 1.500 bolivianos siempre y cuando se logre una productividad del 100%, meta difícil de alcanzar en ese momento por la materia prima insuficiente y por la carencia de un mercado seguro. En tal sentido, los salarios de los obreros con los montos bajos del bono de producción oscilaron entre los 1.300 y 1.750 bolivianos[17], inferiores a una canasta normativa alimentaria de Bs. 1.908 calculada para el año 2012 lo que revelaban el nivel de precariedad en que se encontraban los trabajadores de la empresa. En comparación, los subgerentes ganaban entre 7 y 13 mil bolivianos y el personal especializado del área de operaciones, según Decreto Supremo Nº 1317, 28 mil bolivianos.

Por la modificación del monto superior en el Reglamento[18] (de 1.500 a 4.500 bolivianos) y la mejora en la productividad, en agosto de 2013, los salarios nominales se incrementaron hasta alcanzar en algunos módulos productivos montos superiores a los 3 mil bolivianos. Sin embargo, considerando que la empresa no termina de consolidar mercados para su producción, esta mejora salarial no tiene perspectivas de mantenerse. Asimismo, es importante destacar que, los incrementos que puedan darse ocultan los bajos salarios básicos establecidos en la empresa fiel a la política de contención salarial impuesta por el gobierno de Morales.

“En la Resolución indican que vamos a ganar Bs. 4.500 produciendo al 100%. Pero por la incapacidad de la Gerencia General y Comercial no vamos a poder llegar a lo que piden, porque llegamos hasta el 25 y 30% de producción. Nunca llegaremos a producir al 100%. Mientras no se vayan, seguiremos con producciones bajas”.[19]

Se busca debilitar a los sindicatos

Si bien los sindicatos de las cinco empresas alquiladas fueron reconocidos, la labor de los dirigentes y el papel de estas organizaciones como instrumentos de representación de los intereses de los trabajadores están débilmente garantizados. Según los dirigentes entrevistados, la empresa pretende que los dirigentes e incluso aquellos declarados en comisión no tengan el pago del bono de producción que establece el Reglamento, lo que viola los derechos laborales colectivos y coarta la labor de los directivos sindicales. En esta misma línea, también denunciaron que el gerente de la empresa difundió propaganda entre los trabajadores sobre la modificación del Reglamento, resaltando sus beneficios; incurriendo en el desconocimiento de la participación y rol de los sindicatos en la negociación de estos instrumentos.

“Una mañana nos sorprendimos con panfletos pegados en diferentes lugares de la empresa que mostraban los beneficios del nuevo reglamento llamando a los trabajadores a producir más para que ganen más y no pedir incremento salarial (…), así desconocieron todo lo que el sindicato estaba negociando y lo que estaba pendiente”.(Dirigente sindical de una de las factorías).

¿Y los beneficios sociales?

Con relación al pago de los beneficios sociales pendientes, el gobierno incumplió varias veces los plazos de realización del avalúo de todas las factorías, postergando la compra del complejo industrial y con ello el pago de estos beneficios.

“Rechazamos esta situación y la actitud de la ministra. Se tiene fuera del cronograma la valoración económica del costo de los equipos de AMETEX que serían adquiridos por la empresa estatal cuya fecha tope era el 31 de julio pasado (…), lamentablemente AMETEX no ha cumplido con sus obligaciones laborales (por eso), las medidas contra el Gobierno serán radicalizadas por los trabajadores.” (Dirigente sindical de una de las factorías).[20]

El gobierno, a través del Ministerio de Trabajo, tampoco cumplió con los preceptos constitucionales y de la legislación laboral con relación a garantizar el pago de los beneficios sociales lo que devela su afinidad con los intereses empresariales contribuyendo a dilatar y eludir el cumplimiento correspondiente de estos derechos.

Si se concretara la compra por el Estado, correspondería a los trabajadores demandar la continuidad laboral y la vigencia de sus derechos conquistados, tratándose de una empresa recuperada por el Estado.

Trabajadores movilizados

La negativa por cumplir con el incremento salarial establecido para la gestión 2013, el incumplimiento de acuerdos y las acciones de conculcación de derechos fueron combatidos por los trabajadores de la nueva empresa con medidas como el paro de brazos caídos, mítines y plantones, conscientes que la organización y la acción colectiva son los únicos instrumentos de lucha para la defensa y conquista de sus derechos. La lucha evidenció que en una empresa pública también se violan derechos, quizá más que en las empresas privadas.

BIBLIOGRAFIA

Fundación Milenio, “AMETEX. Historia de un emprendimiento”, Informe nacional de coyuntura Nº 202, 12/07/13.

Alcaraz, Oscar. “AMETEX. La apuesta perdida”, publicado en El Deber, 27/06/12.

Jornada, 16/06/12, “Cierra la mayor exportadora de textiles de Bolivia y Gobierno crea ENATEX”.

Correo del Sur, 02/07/12, “Trabajadores de textilera AMETEX desesperados por falta de acuerdo” y La Prensa, 03/07/12, “Obreros de Ametex paralizan medidas”.

Decreto Supremo Nº 1253 de 11/06/13.

Página Siete, 27/11/12, “Incentivos en ENATEX varían entre 500 y Bs 1.500”.

Reglamento del Factor Variable de la escala salarial aprobado por el Decreto Supremo Nº 1418, 28 de noviembre de 2012

La Razón, 27/11/12, “Gobierno anuncia la elevación de salarios en ENATEX”.http://www.fmbolivia.com.bo/noticia121661-trabajadores-de-enatex-levantan-medidas-de-presion-tras-acuerdo.html

SIE, 05/08/2013, “ENATEX, aún con problemas internos”. http://www.sie.com.bo/index.php/component/k2/item/133-enatex-a%C3%BAn-con-problemas-internos

fmbolivia.com.bo, 06/08/13, “Persiste el malestar entre los trabajadores de Enatex”. http://www.fmbolivia.com.bo/noticia122706-persiste-el-malestar-entre-los-trabajadores-de-enatex.html