Nota de prensa

Análisis del quinto informe del Grupo sobre Política Fiscal y Desarrollo

Marco institucional, una determinante en la consolidación del pacto fiscal

En las experiencias internacionales se distinguen varios componentes en el proceso de preparación del pacto fiscal. Actores, objetivos y contenidos, son solo algunos de ellos; a ese listado se suma el aspecto institucional, un factor trascendental para la consolidación del PF.

La Paz, Bolivia – Agosto 27, 2013 – Desde el 31 de julio, según el marco legal vigente, el Servicio Estatal de Autonomías en coordinación con el Ministerio de Autonomías y el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, se dio inicio a la elaboración de una propuesta técnica de diálogo para un Pacto Fiscal, que debe analizar las fuentes de recursos públicos en relación con la asignación y el ejercicio efectivo de competencias de las entidades territoriales autónomas y el nivel central del Estado. Si bien los temas que deben ser tratados dentro del pacto fiscal (PF) pueden ser identificados, es bueno indicar que dicho proceso demanda otro tipo de factores o condiciones que permitan que el PF sea el producto de consensos, entre Estado y sociedad civil y al interior de éstos.

En ese marco, el número 5 de la revista del Grupo sobre Política Fiscal y Desarrollo (GPFD), un colectivo de análisis de la realidad fiscal boliviana, proporciona el análisis denominado “Desafíos para la constitución de un pacto fiscal en Bolivia”.

El análisis indica, entre otros temas, que en la negociación del PF se podría considerar en un principio tres posibles plataformas institucionales:

– Instituciones legalmente constituidas, en este caso a través de la Ley Marco de Autonomías y Descentralización (LMAD): el Consejo Nacional de Autonomías y el Servicio Estatal de Autonomías.

– Instituciones que pueden constituirse bajo un paraguas legal, también a través de la misma LMAD: los consejos de coordinación sectorial.

– Instituciones por ahora inexistentes que pueden ser constituidas en un futuro próximo de manera formal o informal, como lo fue en su momento el Diálogo Nacional 2000.

La Ley Marco de Autonomías y Descentralización crea el Consejo Nacional de Autonomías (CNA), una instancia de coordinación intergubernamental “política y consultiva” con representación de cinco niveles de gobierno. Si la agenda para el pacto fiscal supera el marco de relaciones intergubernamentales, esto exigiría la participación de otros actores, lo que expresaría los límites del CNA frente al proceso de concertación que exige el PF. Por otro lado, se presume que un solo disenso dentro del CNA podría bloquear cualquier tipo de concertación.

En el caso del Servicio Estatal de Autonomías (SEA), “a diferencia de otras instancias técnicas internacionales, no asume la forma de un consejo o comisión. Es decir, no es una institución que tenga como característica organizativa un cuerpo colegiado; tampoco es independiente, sino, más bien una entidad pública descentralizada”, sostiene el investigador Carlos Rocabado.

Si bien el marco institucional descrito anteriormente puede mostrarse limitado, no debe considerarse como una barrera insalvables más, en estos primeros meses de construcción

del PF, se puede plantear adecuaciones a estas instancias institucionales a fin de asegurar la institucionalidad del PF.

Actores del pacto

¿Y quiénes deberían participar del pacto fiscal? “Mientras más se amplíe el número de posibles temas a ser abordados en un pacto fiscal, más se abre el número de posibles actores interesados y viceversa, mientras más actores son invitados a la negociación, la lista de temas puede volverse inmanejable”, advierte Carlos Rocabado.

Entonces, dice, podría ser necesario que se amplíe el CNA a otros actores. El análisis clasifica a estos posibles nuevos actores de acuerdo con su relación con los posibles temas a ser incluidos. Un primer nivel que trate temas vinculados al Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH), que contaría con la presencia de las universidades públicas, el Fondo Indígena y el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas; en un segundo nivel se incorporaría a actores de la esfera productiva-laboral (empresarios -grandes, medianos y pequeños- y la Central Obrera Boliviana); un tercer nivel macro contaría con la presencia de ministerios, entidades y empresas públicas, además de expertos y centros de investigación académica, incluidos partidos políticos.

Sin duda, uno de los temas fundamentales de negociación será la renta hidrocarburífera.

 

¿Qué es el GPFD?

El Grupo sobre Política Fiscal y Desarrollo es una iniciativa de la sociedad civil que aborda aspectos poco reflexionados en el actual escenario fiscal positivo, con el propósito de aportar al debate público y a los actores de la sociedad boliviana con conocimiento y propuestas para una reforma fiscal progresiva, sostenible e integral en Bolivia.

Busca también promover, desarrollar y apoyar en la elaboración de análisis, información y propuestas de política fiscal de forma coordinada con actores de la sociedad civil para incidir en el proceso de reforma fiscal.

El GPFD fue presentado oficialmente el pasado el 9 de mayo y consta de cuatro áreas de trabajo: i) Autonomías y pacto fiscal, ii) Fiscalidad y seguridad alimentaria, iii) Sistema tributario y desarrollo, y iv) Fiscalidad y seguridad social.

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Documento en línea: Revista de GPFD Nº 5: “Desafíos para la constitución de un pacto fiscal en Bolivia”. P/Carlos Rocabado Mejìa / CEDLA Agosto de 2013.

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