Los integrantes de la agrupación juvenil Otra Izquierda es Posible presentaron el 7 de marzo de 2014 el proyecto de ley “Empleo Digno y Estable para los Jóvenes” que propone la “inclusión, complementación, y modificación a la Ley de la Juventud °342.”  Uno de los representantes de esta organización señaló, “hemos visto ciertas falencias en la ley [de la Juventud] y la hemos modificado”.  Además de un sistema público de préstamos destinados a jóvenes emprendedores, la propuesta busca la inclusión de jóvenes profesionales en entidades empleadoras, tanto públicas como privadas, disponiendo que 20% de los empleados sean jóvenes entre 18 y 34 años.  En la Sección III, articulo 28, el proyecto establece que “El nivel central del Estado y las entidades territoriales autónomas… generarán: Fuentes de empleo en el sector público, privado, mixto y otros, que garanticen la inclusión de personal joven, en sujeción a las disposiciones y normal laborales”.  También el propósito de la propuesta es hacer que la ley cumpla con lo estipulado.

Varios integrantes de la agrupación explicaron que respaldan a esta iniciativa porque están preocupados por su futuro laboral por haber experimentado dificultades en incorporarse al mercado laboral y por conocer los problemas enfrentados por otros jóvenes. Según Adelaida, una joven profesora, afrontó muchas dificultades en encontrar trabajo, refiriendo a la existencia de un mercado laboral bastante restringido para los jóvenes, por una parte, en el magisterio y por otra, en otros sectores en general. Por la imperiosa necesidad que tenía, se vio obligada a emplearse en el sector privado en donde sufrió explotación laboral por trabajar largas horas sin compensación por las horas extraordinarias. Actualmente trabaja en una tienda comercial por falta de oportunidades en el campo de su profesión. 

Al conocer la propuesta presentada, dos estudiantes de la carrera de Psicología, Fabiana y Gabriela, expresaron su apoyo al proyecto: “Nos interesa como futuros profesionales tener un trabajo digno, un trabajo que cumpla las normas laborales.” Ciertamente, en un país como Bolivia donde la precariedad y desprotección social laboral afecta al 90% de los jóvenes ocupados entre 15 y 24 años en el eje central del país, la preocupación de estas jóvenes tiene sobrado fundamento (ECEDLA, 2011).

Las dificultades que experimentaron las jóvenes mencionadas y otros jóvenes se deben a varios factores que determinan el actual mercado de trabajo en Bolivia. Un primer factor tiene relación con las altas tasas de desempleo juvenil  (14.5%) que en 2011 duplicaba la tasa general (7.9%) y de subempleo por ingresos (61%) (ECEDLA, 2011). Entre otros factores principales, un estudio del Centro de Estudios para el Desarrollo Laboral y Agrario (CEDLA) reveló que el mercado de trabajo urbano en Bolivia presenta grandes restricciones para los y las jóvenes por cuanto la generación de empleos se concentra en el sector informal (65%) donde los puestos de trabajo son altamente precarios, en actividades terciarias (62%) y en puestos laborales con menor calificación laboral (75%).  Según la investigadora del CEDLA Silvia Escóbar, esta baja calidad del empleo es un elemento que esta ¨atravesando toda la estructura ocupacional¨ en Bolivia donde los jóvenes constituyen el sector poblacional más afectado por la falta de oportunidades y de trabajos de calidad (2009, p. 21, 24). 

La discriminación laboral también juega una parte al limitar las oportunidades para los y las jóvenes. En un estudio cualitativo en curso del CEDLA (2014) se reveló preliminarmente que los jóvenes señalan que un obstáculo para aspirar a un buen empleo es la edad y los prejuicios asociados a los empleadores cuando se trata de contratar trabajadores jóvenes.  Según los jóvenes entrevistados, la edad limita a que los jóvenes consigan empleo, lo que lleva a los empleadores aprovechar la falta de oportunidades para los jóvenes, ofreciéndoles bajos salarios y condiciones inadecuadas de trabajo.

Actualmente, existen en Bolivia normas similares a la propuesta por la agrupación juvenil mencionada referidas a la inclusión laboral de determinadas poblaciones en el sector público.  Está vigente la disposición que determina cuotas laborales a favor de las personas con discapacidades mediante la Ley General para Personas con Discapacidad  Nº 223. Esta norma establece que todas las instituciones públicas contraten un mínimo de 4% de personas de esta población.  Sin embargo, la Defensoría del Pueblo señaló a partir de un estudio sobre el estado de mujeres discapacitadas en Bolivia que, en el caso de este sector de la población, no se cumplen las leyes anti-discriminatorias laborales por falta de ¨soportes institucionales… y recursos¨ (Defensoría del Pueblo, 2011, p. 45).  Dada la incapacidad de hacer cumplir las normas vigentes, se tendría que pensar en instituir mecanismos institucionales funcionales que obliguen al cumplimiento de estas disposiciones, además de implementar sistemas de incentivos a entidades públicas y privadas que posibiliten la contratación respectiva.

Los programas y acciones para promover el empleo juvenil en Bolivia son escasos y de limitado impacto. En los últimos años, el más importante fue el Programa “Mi Primer Empleo Digno,” que tuvo el objetivo de crear empleo subvencionando la capacitación e inserción de jóvenes a corto plazo.  El impacto fue casi marginal ya que, según un estudio de Oxfam Quebec, este programa apenas logró “insertar a un puñado de jóvenes al año de los miles que buscan empleo en los mercados de trabajo” (2008, p. 71). 

En consecuencia, las propuestas de la agrupación juvenil mencionada resulta un esfuerzo significativo para sensibilizar e interpelar al gobierno y a la sociedad en general sobre los grandes problemas laborales que enfrentan los y las jóvenes y la urgente necesidad de promover políticas públicas orientadas a generar condiciones sostenibles que valoren la importancia del trabajo y rol de los jóvenes en la economía nacional.