Bruno Rojas Callejas, investigador del CEDLA

La realidad es categórica

“Empleo digno”, “salario justo”, “jubilación digna”, derechos laborales irrenunciables y de cumplimiento obligatorio, son postulados que podrían cobrar relevancia si Bolivia transitara por un camino que conduzca a hacer realidad los mismos; sin embargo, hoy el país continúa en la misma senda de la precariedad y sobreexplotación laboral. ¿Empleo digno?, como está la realidad laboral, parece irrealizable.

Si bien la nueva Constitución Política del Estado boliviana reconoce el “trabajo digno” y, en general, el “derecho al trabajo y al empleo” de todos los bolivianos y las bolivianas (sección III, 1), el actual gobierno del MAS hizo poco o nada para garantizar el ejercicio de estos derechos y postulados constitucionales. En este sentido, el “empleo digno”, tal como lo establece la carta magna, con “seguridad industrial, higiene y salud ocupacional, sin discriminación, y con remuneración o salario justo, equitativo y satisfactorio, que le asegure para sí y su familia una existencia digna”, además de estable (sección III, 2), es una ilusión sino algo imposible en el país mientras persista las relaciones capitalistas de explotación laboral.

Es una ilusión porque la crisis estructural de empleo que vive actualmente el país y la política económica del gobierno de Morales que profundiza esta situación al consolidar un patrón primario exportador de base extractivista, echa por tierra toda posibilidad de creación de fuentes laborales plenas, de calidad y dignas.

La producción viene sufriendo un franco deterioro con rasgos de ser irreversible y con ello, la reducción de condiciones para la generación de empleos sostenibles, productivos y adecuados. La limitada industrialización de las fuerzas productivas del país viene haciéndose más deleznable a tal punto que adopta las características de un proceso de “des industrialización” que pone en serio riesgo el débil mercado interno y de este modo, las posibilidades económicas de creación de empleos y la mejora de las condiciones laborales. El desarrollo rural terminó de encostrarse en pocos rubros altamente dependientes del mercado externo y cultores del monocultivo, a la par de un fuerte proceso de diferenciación social campesina que, articulados, vienen provocando procesos intensos de emigración hacia las ciudades incrementando la oferta laboral frente a una reducida demanda de trabajo.

En este escenario y que apunta a mantenerse en el mediano y largo plazo, el empleo digno se reduce sólo a dos palabras que son manipuladas políticamente a favor de los intereses de las fracciones sociales dominantes como adornos complementarios sin perspectiva alguna. El empleo digno no es un objetivo social o una búsqueda estatal, menos un propósito empresarial considerando la reproducción de prácticas de flexibilización laboral orientadas a la sobrexplotación de fuerza de trabajo en provecho de mayores ganancias.

El reino de la precariedad laboral

La información y análisis disponibles como los generados por el Centro de Estudios para el Desarrollo Laboral y Agrario, CEDLA, permite conocer que en los últimos 12 años se incrementó notoriamente la precariedad laboral en todos los sectores del mercado de trabajo, especialmente la precariedad extrema que en el 2011 afectó al 51% de la población ocupada en las principales ciudades del país. La precariedad laboral se manifiesta en la proliferación de empleos temporales e inestables, con ingresos por debajo de una canasta alimentaria, sin seguridad social y, en el caso de los asalariados con derechos laborales restringidos. La mayor concentración de los ocupados en el sector informal urbano, puestos de trabajo de menor calificación laboral y en el sector terciario (comercio y servicios) que son rasgos centrales de los actuales mercados de trabajo en Bolivia, contribuyeron a que la precariedad laboral alcance niveles preocupantes. A esto debe sumarse la ampliación y consolidación de las relaciones capitalistas de producción en el mundo rural que tiene como sustento la reproducción de empleos precarios y sin derechos laborales.

La precariedad laboral afectó más a los obreros, a las mujeres, jóvenes de 15 a 24 años y a los trabajadores del sector informal urbano, en una clara tendencia hacia el aumento de la precariedad laboral extrema. En 2011, 95 de 100 obreros,  87 de cada 100 jóvenes trabajadores y 86 de cada 100 mujeres ocupadas tenían empleos precarios en un contexto de destrucción de los empleos plenos y de calidad.

                 Fuente: CEDLA

Investigaciones recientes realizadas por el CEDLA sobre empleo juvenil en los municipios de La Paz y El Alto corroboraron que los jóvenes y adolescentes fueron más golpeados por la precariedad laboral reinante ya que, 93% y 97% respectivamente de esta población, contaban con puestos de trabajo precarios.

¿Y qué hace el Estado?

En 2006, el gobierno de Morales elaboró e implementó su Plan Nacional de Desarrollo determinando varias medidas tendientes a la generación de empleos para “vivir bien”. Del conjunto de planteamientos, privilegió la concreción de aquellos de corto plazo traducidos en proyectos y programas de empleo con fuerte influencia neoliberal.

El Programa de Empleo de Emergencia (PLANE), PROPAIS, EDIMO, “Municipios en acción”, “Aquí me quedo”, “Plan de Vivienda Social”, “Plan de reconstrucción” de las áreas afectadas por fenómenos naturales y, en los últimos años “Mi primer empleo digno” y el Programa de Apoyo al Empleo (PAE), fueron las acciones principales ejecutadas por el gobierno del MAS. Todos se caracterizaron por generar empleo temporal, desprotegido, precario, por apostar a la capacitación laboral de los beneficiarios (jóvenes en particular) como medio de facilitar la inserción en el mercado de trabajo y por subsidiar a las empresas con fuerza de trabajo barata.

Se crearon nuevas empresas públicas, se reorganizaron otras bajo control estatal en los rubros de hidrocarburos y minería especialmente, y se propiciaron varios proyectos de construcción de infraestructura que aportaron en la cantidad de empleos creados, pero no, en la mejora de la calidad del empleo. También se implementaron acciones de información y bolsas de trabajo con un impacto casi imperceptible en la promoción de empleo digno.

Si bien se aprobó una cantidad apreciable de normas laborales, muchas favorables a los trabajadores, su cumplimiento fue y es constreñido por las prácticas flexibles de contratación laboral vigentes en las empresas y por la incapacidad del Ministerio de Trabajo en desplegar acciones suficientes para garantizar el ejercicio de los derechos laborales.

El país carece de una política nacional de empleo y esta es una demostración de que el gobierno puso poca atención en atender una de las demandas principales de la población boliviana cuál es tener empleos de calidad, con derechos y dignos. En suma, se está lejos de cumplir con la nueva Constitución Política del Estado que el propio partido en función de gobierno impulsó, referente a la creación de “trabajo y empleo digno”.