La norma ratifica la preeminencia de la actividad minera sobre otras actividades productivas como la agricultura.

Según Carlos Arze investigador del CEDLA, el proyecto de nueva ley de minería adopta la misma concepción de la actual Ley 1777 de origen neoliberal. Afirma que la propiedad del pueblo boliviano sobre los recursos mineros sólo abarca a los minerales en su estado natural, en su condición de yacimientos –ya sean del subsuelo o del suelo-, lo que otorga derechos irrestrictos para el uso y usufructo de la producción a los empresarios mineros.

Asimismo, el marco jurídico está destinado a impulsar y fomentar la privatización de la actividad minera a través de los actores privados: empresas y cooperativas; impulsando la consolidación y presencia de la Gran Minería, a la que garantiza estabilidad de las condiciones tributarias, competitividad y protección de sus inversiones del avasallamiento y de todo impedimento a sus actividades.

Por otra parte indicó que se prioriza las cooperativas transfiriéndoles, libres de deudas, muchas áreas mineras pertenecientes a COMIBOL, debido a que liberan al Estado de su obligación de generar empleo en el país.“Relega la presencia estatal y las empresas públicas deben someterse a la competencia de mercado, como cualquier actor privado”.

Para el investigador no se prioriza la industrialización y la sujeta a la iniciativa privada. También significa un retroceso en el reconocimiento de los derechos de los Pueblos Indígena-originarios a quienes no se reconoce como  sujetos con derechos minerosy cuyo derecho sobre sus territorios es sometido a los intereses de los operadores mineros.