ENERGY PRESS · 21 ABRIL, 2015

Las transnacionales condicionan la actividad exploratoria a cambios en la Constitución y en la Ley de Hidrocarburos. Exigen el sometimiento de conflictos a tribunales y árbitros internacionales, la vigencia de un nuevo régimen impositivo y la libre exportación de ganancias. En síntesis, desean que YPFB retorne a la condición de empresa residual, impuesta por Gonzalo Sánchez de Lozada (GSL)”. Las transnacionales condicionan la actividad exploratoria a cambios en la Constitución y en la Ley de Hidrocarburos. Exigen el sometimiento de conflictos a tribunales y árbitros internacionales, la vigencia de un nuevo régimen impositivo y la libre exportación de ganancias. En síntesis, desean que YPFB retorne a la condición de empresa residual, impuesta por Gonzalo Sánchez de Lozada (GSL)”.

 

Mientras el barril Texas, de referencia para Bolivia, se recupera tímidamente en el mercado de Nueva York (ayer perdió casi un dólar cerrando en 55,74 dólares, diez más que el 20 de marzo) aportando cierto respiro entre los responsables de manejar las finanzas del país y las gobernaciones, que deben administrar un presupuesto construido en base a los 80 dólares por unidad, el debate se posiciona de nuevo en los planes a largo plazo que se deben desarrollar para hacer sostenible el sector de Hidrocarburos en el futuro a medio plazo.

La Fundación Milenio ha sido la última en sumarse al debate advirtiendo en su informe de Coyuntura Económica 272 que, “las empresas previendo una menor cantidad de ingresos y de demanda decidieron, en muchos casos, reducir la exploración y perforación de pozos en diversas partes del mundo, ejecutándose solamente los proyectos con mejores perspectivas, es decir aquellos que sean rentables con los actuales precios bajos que muy probablemente se mantengan en 2015.

De esta forma se esperaría que la inversión en exploración de hidrocarburos sea mucho más selectiva destinándose a países con menores riesgos, mayor estabilidad, eficiencia y retornos a su inversión.

Milenio, que relaciona la exploración con la cantidad de recursos disponibles y particularmente, con el índice de crecimiento anual de Bolivia (corregido a la baja para este 2015) en la secuencia histórica 1998-2013 recomienda, luego de reiterar su habitual línea editorial de que el Estado “no puede hacerse cargo” por la necesidad de grandes recursos económicos, técnicos y tecnológicos “de manera independiente”, que se cuente con “empresas con la experticia y capitales necesarios principalmente en la fase de exploración” y acabar con la también habitual sonatina de la necesidad de seguridad jurídica para acercar los capitales privados extranjeros.

La receta dista de la recomendada por el ex ministro de la nacionalización, Andrés Soliz Rada. “Defender a YPFB a toda costa, manejar en forma óptima y transparente los ingresos del gas y presionar al Gobierno para que rectifique sus errores son las tareas inmediatas”, recogido en su artículo “Bolivia y la geostrategia del shale gas”, básicamente porque el análisis del contexto es diferente.

“El fortalecimiento de YPFB fue el eje de la tercera nacionalización (DS 28701, de 01-05-06), lo que le permitió controlar la cadena productiva. Para ello, se transfirió a YPFB el 50 % de las acciones de Chaco, Andina y Transredes. Posteriormente, YPFB compró o expropió las acciones necesarias que le permiten la conducción de la actividad petrolera. A partir de ese momento, YPFB tomó el control de la producción, comercialización e industrialización del sector”.

Soliz Rada analiza el sector en el marco de la nueva geostrategia mundial a partir del hundimiento de precios por la irrupción del shale gas: “El desarrollo comercial del esquisto (shale), pese al mayor daño medio ambiental que provoca, se incrementó en EEUU, a partir de 2010, lo que le ha permitido disminuir la importancia de la OPEP, ser autosuficiente en hidrocarburos y asumir el papel de regulador de precios, junto a Arabia Saudita (Daniel Yergin).

El nuevo escenario ha provocado la brusca caída del precio del petróleo y la contención de Rusia como posible abastecedor exclusivo de gas natural a Europa Occidental, ya que EEUU controlará parte del gigantesco mercado europeo, a través de barcos metaneros” por lo que señala que “la competencia del shale gas acentúa las dificultades de Bolivia para explorar sus reservas de gas natural.

Las transnacionales condicionan la actividad exploratoria a cambios en la Constitución y en la Ley de Hidrocarburos. Exigen el sometimiento de conflictos a tribunales y árbitros internacionales, la vigencia de un nuevo régimen impositivo y la libre exportación de ganancias. En síntesis, desean que YPFB retorne a la condición de empresa residual, impuesta por Gonzalo Sánchez de Lozada (GSL)”.

El Gobierno afina su plan antes de 2019

El resfrío del sector de Hidrocarburos unido a la renovación de los cargos en casi todas las cabezas del sector, incluyendo el traumático relevo del fallecido Carlos Villegas por Guillermo Achá y el del ex ministro de Hidrocarburos Juan José Sosa por su colaborador Luis Alberto Sánchez, ha obligado a reestructurar la estrategia a toda velocidad.

Si en anteriores ocasiones el directorio de YPFB había hablado de la incursión en el sector de no convencionales a través de la exploración con la técnica conocida como “fracking”, la semana pasada el ministro Quintana condenó la técnica por su alto impacto en el medio ambiente.

Quintana lo hizo en presencia de dos grandes socios estratégicos que juegan un papel fundamental en el mapa geopolítico; la Gazprom es pulmón ruso, la potencia más afectada (junto a Venezuela) por la caída del precio del crudo que perjudica sus explotaciones en el Mar del Norte mientras que Petrobras ha visto afectado su macroproyecto de explotación del Presal, en sus reservas de aguas profundas.

La Gazprom será la encargada de la “Actualización del Esquema General para el sector de Gas en Bolivia hasta el año 2030” que permitirá tener a largo plazo una planificación de lo que van a ser las actividades en toda la cadena del sector hidrocarburos en el país, de acuerdo a lo expuesto por Achá, por lo que sus posiciones en la industria convencional tendrán influencia.

Petrobras firmó ese día tres contratos de exploración para áreas en Tarija (San Telmo, Sunchal y Astillero) con las que se espera nutrir de 4,88 trillones de pies cúbicos las reservas, algo menos de lo necesario para honrar el “megacontrato” de abastecimiento del carburante a San Pablo. El contrato que vence en 2019 está en plena negociación para su ampliación.

Sóliz Rada advierte; “la incursión del shale gas dificultará las negociaciones del nuevo contrato de venta de gas al Brasil, a partir del 2019. La crisis de Petrobras incidirá para que las transnacionales hagan prevalecer sus intereses en la negociación. Las importantes reservas de gas descubiertas en la costa del vecino país, llevarán a Brasil a afirmar que “ya no necesita” de nuestro gas.

El argumento olvida que el gasoducto Santa Cruz – San Pablo se halla totalmente amortizado, de manera que el costo del gas boliviano en su principal emporio industrial es muchísimo más barato que el que podría ser extraído de sus depósitos marinos, cuya extracción se ha tornado anti económica por la competencia del shale gas.

Por otra parte, no es lo mismo llevar el gas desde de la costa brasileña hasta sus plantas petroquímicas en el Mato Grosso, que abastecerlas desde nuestros campos fronterizos”.

http://energypress.com.bo/actualidad/exploracion-de-gas-entre-el-declive-y-el-renacer/