Página Siete, 11 de Junio de 2013

Editorial

Hoy, 12 de junio, es un día dedicado, a nivel mundial, a la reflexión de un tema que hiere a los derechos humanos: el trabajo infantil. La OIT estima (2010) que 15,5 millones de niños están involucrados en trabajo doméstico remunerado o no en el hogar. Estos niños son particularmente vulnerables a la explotación.

Según datos oficiales, en Bolivia existen más de 3,03 millones de niños, niñas y adolescentes entre cinco y 17 años; de este total, 848 mil están involucrados en actividades económicas; 493 mil son trabajadores por debajo de la edad mínima de admisión al empleo (14 años); 79,6% desempeña actividades peligrosas. Nuestro país se sitúa entre las naciones con más alto índice de ocupación infantil y juvenil en la región y, además, es uno de los países con menos avances en la sanción del abuso laboral, a pesar de estar prohibido por la Constitución Política del Estado en su artículo 61 y la Ley General del Trabajo, que “prohíbe el trabajo de mujeres y menores en labores peligrosas”. La Estructura Organizativa del Estado le da al Ministerio de Trabajo la obligación de generar políticas y programas para la erradicación gradual de las peores formas de trabajo infantil.

        Sucede que a pesar de los avances en la erradicación de la pobreza extrema, el país aún no ofrece las condiciones a las familias más pobres para evitar que responsabilidades económicas recaigan sobre los niños o niñas. Por el contrario, se podría decir que niños, niñas y adolescentes son fuente de recursos y apoyo en trabajos pesados para sus padres, casi como cosa natural. Es más, este aspecto es todavía más evidente en las niñas, quienes frecuentemente son marginadas de la escuela porque están obligadas a trabajar. Tampoco se podría decir que se ha avanzado demasiado en la conciencia social de las personas o empresas que fungen como empleadores pues, a pesar de las normas, se ve un uso constante y abierto de trabajo infantil en tareas peligrosas como la construcción, la minería, el comercio ambulante, sin mencionar al transporte público y otros espacios con más riesgo de vulneración de sus derechos.

Erradicar toda forma de trabajo infantil y vulneración de los derechos de los niños es imperativo. No se puede pensar en un país mejor si se priva a los niños de una infancia escolarizada, de juegos e integración social y familiar. A pesar de ser una prioridad ciudadana, la responsabilidad principal de garantizar que los niños por debajo de la edad mínima legal de admisión al empleo se encuentren escolarizados y que los jóvenes trabajadores por encima de la edad mínima legal trabajen en condiciones seguras recae en los gobiernos.

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