Alerta Laboral 87: Producción, empleo y protección social
Producción, empleo y protección social
La economía boliviana ya estaba en desaceleración. El crecimiento del PIB se había reducido a 2,2% en 2019, el más bajo desde 2002. Por donde se mire, nada asegura la sostenibilidad del desempeño de los sectores productivos que estarían llamados a impulsar la economía. Al comenzar la crisis sanitaria solo el 40% de los trabajadores del país eran asalariados, 48% en las ciudades y 13% en el campo; más de la mitad de los asalariados tienen contratos temporales sin derechos y, en esos términos, comparten la misma situación de desprotección social de los trabajadores por cuenta propia.
Antes de la crisis sanitaria
Desde hace varios años los menores ingresos por la exportación de materias primas con escaso valor agregado (gas, minerales y derivados de soya) y el aumento de las importaciones baratas, llevaron a desequilibrios macroeconómicos que redujeron el crecimiento económico en torno al 4,2% anual y, de un año a otro, a 2,2% en 2019, la tasa más baja desde 2002, con una composición que amenaza las posibilidades de recuperación, por las restricciones del contexto externo e interno y los efectos de la crisis del COVID-19.
La gestión pasada, el crecimiento había caído en todas las actividades, con un signo negativo en la minería e hidrocarburos, y tuvo una disminución mayor al promedio en las principales actividades productivas (agropecuaria, industria, construcción, transporte) más el comercio; y menor al promedio en los servicios (administración pública, financieros, servicios de restaurantes, hoteles y otros).
Así, la participación de los servicios en el Producto Interno Bruto (PIB) aumenta, mientras disminuye la de los sectores productivos: juntas, la agropecuaria (12%) y la industria (10,5%), representan menos de la cuarta parte del PIB.
En este escenario, los sectores de servicios pasan a ser los más dinámicos con una incidencia de 1,23% en la variación del PIB, con el liderazgo de los servicios de administración pública y los servicios sociales, además del aporte de los servicios financieros.
Esto muestra la dependencia que ha pasado a tener la economía del gasto corriente en el Sector Público No Financiero (SPNF), destinado a servicios personales y no personales, beneficios sociales, aportes patronales, compras estatales, etc.
Les siguen la agropecuaria y la industria, las dos principales actividades generadoras de empleo e ingresos con una incidencia de 1,19%; tanto la influencia de los factores externos, como la baja productividad que afecta a su capacidad competitiva —en un contexto de apertura comercial extrema y paulatina disminución del consumo de los hogares—, han reducido drásticamente su aporte.
Por donde se mire, nada asegura la sostenibilidad del desempeño de los sectores productivos que estarían llamados a impulsar la economía.
La caída de dos puntos porcentuales en el producto y su recomposición sectorial comprometen seriamente la dinámica del mercado laboral que ya sufrió un importante deterioro en 2018, incluso sin variación en el PIB real, con la caída del empleo asalariado en 5%, el aumento del desempleo urbano de 4,5% a 5,2%, y del trabajo por cuenta propia en 4,3%.
Claramente estos cambios tuvieron efectos directos e indirectos sobre la precarización laboral; se tendrá que esperar un tiempo para saber, pero estos indicadores tienen que haber aumentado en forma exponencial, en 2019. En todo caso, al comenzar la crisis sanitaria solo el 40% de los trabajadores del país son asalariados, 48% en las ciudades y 13% en el campo; más de la mitad de los asalariados tienen contratos temporales sin beneficios complementarios al asalario; en esos términos, comparten la misma situación de desprotección social de los trabajadores por cuenta propia.
ASÍ, LA PARTICIPACIÓN DE LOS SERVICIOS EN EL PRODUCTO INTERNO BRUTO (PIB) AUMENTA, MIENTRAS DISMINUYE LA DE LOS SECTORES PRODUCTIVOS: JUNTAS, LA AGROPECUARIA (12%) Y LA INDUSTRIA (10,5%), REPRESENTAN MENOS DE LA CUARTA PARTE DEL PIB
Durante la crisis del COVID-19
Reflejando la escasa diversificación productiva, el 84% de los trabajadores a nivel nacional se concentra en 5 de 20 sectores, encabezados por los servicios de la administración pública y sociales, seguidos de la agropecuaria, comercio, restaurantes y hoteles, manufactura y construcción; los trabajadores asalariados se concentran en los servicios, la manufactura y la construcción y, los no asalariados en la agropecuaria, el comercio y restaurantes y hoteles.
Todos estos sectores están afectados por las medidas de distanciamiento social que exige la crisis sanitaria; dos meses después no existen las condiciones para levantar la cuarentena, mientras sigue aumentando el número de contagios; no se puede anticipar en qué medida se va a flexibilizar esta disposición, comenzando por algunos lugares y sectores de actividad, luego de tomar los recaudos de bioseguridad que la pandemia exige. Entretanto, la pérdida de ingresos, la suspensión de actividades en un sinnúmero de empresas, los despidos o postergación de las nuevas contrataciones, siguen erosionando el mercado laboral.
En otro artículo de este boletín, se analizan los efectos desde una mirada a los sectores y los trabajadores más afectados. Aquí, interesa mostrar los posibles efectos del COVID-19 desde la heterogeneidad de la estructura económica, el empleo y las condiciones laborales en términos de estabilidad y protección social, diferenciadas según el tamaño de los establecimientos1. Se toma como referencia al conjunto urbano nacional.
En primer lugar, se puede evidenciar el atraso del aparato productivo urbano y la fragilidad de amplios segmentos económicos para enfrentar la crisis:
El 55% de la población labora en unidades económicas por cuenta propia compitiendo palmo a palmo en los mismos espacios del mercado de bienes y servicios.
El 23% trabaja en micro y pequeñas empresas (MYPE)2 que tienen un promedio de 6 personas ocupadas y operan con escasos recursos complementarios al trabajo en franca competencia con las importaciones legales y el contrabando, permaneciendo en los mercados en un equilibrio precario; en función de las variaciones de la demanda los trabajadores son contratados o despedidos generalmente al margen de la legislación laboral.
El 10% de los trabajadores se ocupa en empresas medianas y grandes y, el 12% en el sector estatal. A esto se refieren los analistas cuando señalan que solo el 20% o 25% del empleo en Bolivia es formal.
Durante la crisis sanitaria, el mayor riesgo para la continuidad del trabajo y la seguridad en los ingresos por mínimos que éstos sean, es ciertamente para los trabajadores independientes que se mueven en espacios públicos y se relacionan cara a cara con los clientes; sin embargo, no es menos crítica la situación de los trabajadores de la MYPE, por cuanto el sector ya viene de una crisis ocasionada por la contracción de la demanda de productos no alimenticios y servicios no esenciales. Sus dirigencias han hecho conocer públicamente el cierre masivo de pequeñas empresas, lo que dejaría sin empleo a una fracción importante de la fuerza laboral urbana que mayoritariamente está sujeta a contratos temporales (73%).
Por último, no todos los trabajadores de la empresa mediana y grande y del sector estatal pueden considerarse menos vulnerables al riesgo, precisamente por el peso de la contratación temporal sin derechos que facilita el despido. El 29% de los ocupados en la empresa privada y el 22% de los ocupados en el Estado carecen de estabilidad laboral. Si esto es así, lo que se espera como efecto de la crisis es un gran desempleo y una mayor precariedad laboral, muy difíciles de revertir incluso en el mediano plazo.
En segundo lugar, cuando se trata de la salud o las pensiones, la desprotección en el trabajo aparece como la deuda social de largo plazo en el país. Excepto por los trabajadores estatales donde más del 90% tienen cobertura de ambos sistemas, el 30% de los ocupados del sector formal no tienen cobertura en ninguno de los dos sistemas, lo que significa que se sujetan a contratos civiles y no laborales como parte de las prácticas de abaratamiento de costos laborales o de explotación del trabajo de las empresas; mientras tanto el 80% de los asalariados de la MYPE no cuenta con protección social. Como era de esperar, la situación es más desventajosa para la mitad de los ocupados que en todas nuestras ciudades trabajan por su cuenta en un sinfín de actividades: el 12% tiene alguna cobertura de salud y solo el 5% en pensiones (ver infograma adjunto). Entonces, no solo se trata de los rubros afectados sino de la forma de organización de la producción y del trabajo predominante en el país, que no se ha modificado en los últimos 50 años, lo que deja escasos márgenes de resiliencia frente a los estragos económicos de la pandemia. Todo presagia mayor precarización laboral y pobreza por un ciclo largo.
1 Como una aproximación indirecta a las formas de organización del trabajo: estatal, empresarial, semiempresarial y familiar.
2 Menos de 20 trabajadores; elaboración propia con base en la información de la EH, INE, 2018.
LA PÉRDIDA DE INGRESOS, LA SUSPENSIÓN DE ACTIVIDADES EN UN SINNÚMERO DE EMPRESAS, LOS DESPIDOS O POSTERGACIÓN DE LAS NUEVAS CONTRATACIONES, SIGUEN EROSIONANDO EL MERCADO LABORAL
Después de la crisis sanitaria
La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) acaba de bajar la proyección de crecimiento para Bolivia de 3% a -3% en 2020 por el COVID-19. Esto remite a una recesión sin precedentes en el país que ha comenzado a ser visible en la economía en términos de producción, empleo, ingresos y otros indicadores macroeconómicos.
En las condiciones de atraso tecnológico y baja productividad del aparato productivo nacional, este comportamiento recesivo de la actividad económica será difícil de vencer e incidirá en una menor demanda laboral y, por tanto, en una fuerte caída de la tasa de ocupación. Con esta tendencia, el desempleo urbano y la inactividad forzada aumentarán a niveles nunca conocidos, afectando los ingresos y los medios de vida de la mayoría de los trabajadores.
Por tanto, comenzando desde ahora, el gobierno debe encaminar un conjunto de políticas para estimular el nivel de actividad económica, y para responder a la gravedad de la crisis priorizando los rubros productores de bienes esenciales, con capacidad para generar mayor valor agregado, empleos de calidad y socialmente protegidos.
Acuerdos de financiamiento con los sectores empresariales y de las PYME deben sujetarse a la estabilización y/o la creación de empleos; además a la protección de los trabajadores mediante el aumento de la cobertura de la seguridad social (salud y pensiones), en cumplimiento de la legislación laboral.
En cuanto a la crisis sanitaria, debe verse como una oportunidad para avanzar en una verdadera reforma del sistema de salud, como han venido reclamando las organizaciones sectoriales en los últimos 35 años.
Después del fiasco de la creación del Sistema Único de Salud (SUS), sin financiamiento adicional y, por lo tanto, como una acción demagógica e irrespetuosa de los derechos de la población, el desafío es diseñar e implementar un Sistema Nacional de Salud Integrado con una sola cabeza de sector que defina las políticas que serán ejecutadas coordinadamente por los servicios departamentales, municipales y las entidades de la seguridad social3.
Finalmente, mientras persistan los efectos de la crisis sanitaria y la crisis económica, el Estado tiene que seguir jugando un papel central en la contención de la pobreza y la mejora del bienestar de la sociedad, a través de medidas de política encaminadas a una mejor distribución del ingreso nacional entre capital y trabajo, una mejor asignación y efectividad del gasto social en salud, educación, pensiones, servicios básicos mejorados (agua, saneamiento, eliminación de residuos), entre otros; pero también, mediante la asignación sostenible de recursos a programas especiales de generación de ingresos con protección social, especialmente para las mujeres y los jóvenes, quienes son los más afectados en momentos de crisis y los que tienen mayores dificultades para conseguir empleo en tiempos de recuperación.
3 Al respecto puede verse: Salud para todos. Las experiencias de los sistemas de salud locales en Bolivia, Revista de GPFD N° 21, marzo de 2017. CEDLA : La Paz Bolivia.
EN CUANTO A LA CRISIS SANITARIA, DEBE VERSE COMO UNA OPORTUNIDAD PARA AVANZAR EN UNA VERDADERA REFORMA DEL SISTEMA DE SALUD, COMO HAN VENIDO RECLAMANDO LAS ORGANIZACIONES SECTORIALES EN LOS ÚLTIMOS 35 AÑOS
OCUPADOS POR TIPO DE ESTABLECIMIENTO Y PROTECCIÓN SOCIAL
Nota: Los ocupados independientes reportaron estar afiliados a algún seguro de salud (SSPAM, Sistemas subnacionales, privado); Cada ícono de persona=10%.
Fuente: elaboración propia con base en EH-INE (2018).
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