Si bien la brecha entre trabajo informal y formal se redujo, el que más personas tengan un trabajo asalariado no siempre va acompañado del ejercicio de los derechos laborales.

Estabilidad laboral, más trabajo de calidad, inamovilidad para ciertos segmentos de trabajadores, igualdad de derechos para hombres y mujeres, mayores beneficios salariales y el uso de las libertades sindicales son algunas de las conquistas sociales que el Gobierno resalta con motivo del Día Internacional del Trabajo. No obstante, analistas en materia laboral consideran que el ejercicio de los derechos de los trabajadores está parcialmente garantizado pues solo beneficia a los que están en el sector formal.

El ministro del sector, Héctor Hinojosa, destaca que la estabilidad laboral impide despidos injustificados. A ello se suma, dice, la inamovilidad del trabajador engendrador (o sea el padre) y de la gestante durante el periodo de embarazo y hasta que el niño cumpla un año, así como para los que sufren discapacidad.

Se garantiza también un trabajo de calidad, “digno”, según el ministro, porque hay más empleos con seguridad social e industrial y salud ocupacional, sobre todo en las empresas estatales que garantizan mayor desarrollo tecnológico.

Una muestra de ello, manifiesta la autoridad, es que el número de personas afiliadas a la seguridad social de corto plazo aumentó de 1,5 millones, registrados en 2006, a más de 4 millones, a la fecha.

Resalta también una mejora en el cumplimiento de derechos de las mujeres en sus fuentes laborales, en pos de lograr equidad de género y mayores oportunidades de empleo para ellas en actividades que estaban reservadas para los varones.

A esos beneficios se suman los aumentos salariales reales decretados por el Gobierno, que posibilitaron el crecimiento del salario mínimo nacional de Bs 400 a Bs 1.805 entre 2006 y 2016, afirma Hinojosa. Y con la reciente suba (anunciada el jueves), a partir de este año nadie puede ganar menos de Bs 2.000.

A ese paquete de beneficios, esta autoridad añade el hecho de que los trabajadores pueden hacer uso pleno de su derecho a la organización, es decir, la libertad sindical, que está garantizada con el fuero sindical.

El investigador del Centro de Estudios para el Desarrollo Laboral y Agrario (CEDLA) Bruno Rojas explica que al contrario de lo expresado por el ministro, hay más inestabilidad laboral en el país. Muestra de ello, dice, es que los empleos temporales a contrato, como consultorías, se incrementaron de 47% a 52%. Y la inseguridad en el ámbito laboral también se expresa en que los trabajadores de planta solo representan el 40% de las planillas de las empresas.

Pero no solo eso, pues el trabajo sigue siendo en un mayor porcentaje informal, manifiesta Rojas. De acuerdo con datos del ministro, 69% de los empleos son informales y solo 31% de personas labora en la formalidad, es decir, que son asalariados y que tienen beneficios sociales. Esta autoridad destaca, no obstante, que hace 11 años esa brecha era mayor, es decir, 80% eran informales y solo 20% formales.

Si bien la cantidad de asalariados aumentó, indica Rojas, no todos ejercen sus derechos laborales, pues solo entre 17% y 20% del total (1,4 millones según el Censo 2012) están amparados por la Ley General del Trabajo, el resto están sujetos a la ley del Estatuto del Funcionario Público, a la Ley de Municipalidades, entre otras normativas, que limitan esos derechos. Con ese análisis concuerda el experto en material laboral Rodolfo Eróstegui, quien explica que únicamente los trabajadores asalariados se benefician de diferentes normativas y no así el sector informal que, en su criterio, ha ido aumentando. “Tengo cerca de mi casa una caserita que sale a vender con su canasta de pan por años y va a seguir vendiendo en esas condiciones, ¿con qué se benefició de todas estas normas?, con nada. Entonces la situación sigue siendo la misma, no se aprueban normas para lograr sacar a los trabajadores de la informalidad y más bien lo que se está haciendo con estas normas (por ejemplo frenar cualquier despido) es que los empleadores decidan invertir menos o ya no invertir y eso significa que habría menos empleo”, lamenta.

“Eso nos lleva a una reflexión, a una pregunta: dónde está la autoridad estatal para hacer cumplir la normativa laboral, hacer cumplir los derechos laborales”, cuestiona Rojas.

El ministro Hinojosa dice que “el cumplimiento de la normativa laboral siempre va a ser relativo, porque tiene que ver con la voluntad de los actores de la actividad productiva”. No obstante, resalta que producto de las medidas asumidas por el Ejecutivo, las denuncias por incumplimiento de las disposiciones legales aumentaron y a la par la resolución de los problemas planteados.

“Del 100% de las denuncias que recibimos por despidos injustificados, más o menos el 90% son atendidos de manera positiva, con la restitución del derecho del trabajador, ése es un aspecto”, expresa. Acota que si bien el número de inspecciones a las empresas privadas se incrementó, la limitación de su despacho es que no tiene la cantidad suficiente de oficinas para la fiscalización, por ello apela al control social de los sindicatos.

Las normativas amparan a los trabajadores, pero, según Eróstegui, también implican una carga social grande que impide que los empresarios puedan expandir sus negocios. De acuerdo con sus datos, desde 2006 se emitieron al menos 100 normas que van en contra del sector formal de la economía.

“El Estado le tiene que dar a los empresarios la posibilidad y las condiciones para mejorar la cantidad de personas empleadas”, declara y complementa que por ello la garantía de la estabilidad laboral (que ofrece el Gobierno mediante decretos y otros) debe ser relativa, porque ésta solo se garantizará si la empresa es sostenible, productiva y si tiene mercado asegurado, entre otros.

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