“Lo que se espera de la aplicación del incentivo no es que se eleven significativamente las reservas de petróleo necesario para la producción de combustibles para el mercado interno, sino para cumplir con los compromisos de exportación y generar recursos fiscales que financien las políticas del actual gobierno”, advirtió esta semana Carlos Arze, investigador del Centro de Estudios para el Desarrollo Laboral y Agrario (Cedla).
Se refiere a la Ley 319 (ya promulgada), que en sus artículos 6 y 7 establece que estos incentivos sólo se aplicarán para los hidrocarburos destinados al mercado interno. El gobierno justifica la medida pues con ella busca garantizar la seguridad energética interna del país así como la materia prima para los futuros proyectos de industrialización.
Sin embargo, Arze observa que la ley en los hechos incentivará indirectamente el incremento de producción (extracción) de gas natural que está asociada a la producción de condensado, lo que aceleraría el vaciamiento de las reservas.
“En el caso del condensado, el nivel de los incentivos es similar a los del petróleo crudo cuando se trata de condensado producido en nuevos campos de gas natural descubiertos después de la publicación de la ley y es menor para el condensado adicional proveniente de los campos en actual producción”, indica.
Esto quiere decir, según Arze, que se pagarán como en el caso del petróleo crudo, a toda la producción nueva de condensado y no a volúmenes sujetos a algún otro parámetro.
Por otra parte, el boletín estadístico 2014 de YPFB, da cuenta de que la producción de hidrocarburos líquidos en los últimos años estuvo dominada con más del 70% por los condensados (asociados al gas natural), mientras que el petróleo significó menos del 9% y la gasolina natural no llegó al 20%.
Producir más condensado, por tanto, significa producir más gas natural (predominantemente destinado a la exportación como materia prima, al menos hasta que se concluyan los proyectos petroquímicos en no menos de 4 a 5 años).
Según las proyecciones del propio gobierno, se prevé el incremento de las reservas de gas natural y, consecuentemente, de condensado asociado, antes que el descubrimiento de reservas comerciales de petróleo crudo.
Es por todo esto que el investigador del Cedla alerta que “lo más preocupante es que el incentivo proyectado favorecerá más la producción creciente de condensado, antes que la producción de petróleo a partir de nuevas reservas descubiertas y desarrolladas”.

Un mejor negocio para las transnacionales
En diciembre de 2010, el gobierno boliviano buscaba “nivelar”  el precio de los combustibles líquidos en el mercado interno mediante decreto supremo 748, con el objetivo de  “proteger la economía boliviana”, según dijo en aquel momento el vicepresidente  Álvaro García Linera.
La medida, que en los hechos incrementaba el precio de la gasolina en 73% y del diesel en 82%, tuvo que ser derogada poco después ante el descontento masivo de la población.  El gobierno justificaba la medida como un intento de frenar el creciente contrabando hacia países vecinos. Los críticos acusaban a éste de intentar favorecer los bolsillos de las transnacionales que operan en Bolivia.
Esta semana, el gobierno promulgó la ley 319 con otros justificativos (incrementar la producción y las reservas de hidrocarburos), pero la medida está generando críticas similares a las de hace 5 años: que beneficia a las empresas petroleras.
Desde el Cedla, Carlos Arze observa que “si tomamos en cuenta el actual escenario de caída del precio internacional del petróleo hasta niveles cercanos al precio congelado del mercado interno —27,11 dólares por barril—, podemos afirmar que el gobierno ya está pagando en la actualidad —bajo la combinación del precio oficial y el incentivo en papeles— un precio mayor al vigente en el mercado internacional”.
Su razonamiento: con la aplicación estricta de la Ley 3058, con un precio de 27,11 dólares por barril, el operador recibiría 13,56 dólares después de descontando el 50% por concepto de Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH) y Regalías, monto que se denomina Retribución del Titular y del que se descuenta los costos y las utilidades.
Con el DS 1202 (aprobado por el gobierno el 2012) vigente hasta implementar la nueva ley, el monto de la Retribución se eleva a 43,56 (suma de 30 dólares adicionales netos (no pagan IDH) a los iniciales 13,56 dólares).
“Paradójicamente, con este resultado, el Estado que recibe 13,56 dólares (y hasta aproximadamente 19 dólares si sumamos el impuesto a las utilidades) por cada barril producido, paga 30 dólares como incentivo”, cuestiona Arze.
El investigador afirma que esto significa una devolución parcial de la renta hidrocarburífera a las transnacionales y constituye un retroceso respecto a la reforma de la Ley 3058 de 2005.
En septiembre, el analista Gustavo Rodríguez Cáceres observaba ya que  el “objetivo principal” de la ley de incentivos, era el de modificar “las proporciones en que se reparte el valor total de los hidrocarburos producidos en el país”, que según la ley 3058 debe ser de 50% para el Estado (IDH + regalías) y 50% para las empresas petroleras.
Para Rodríguez Cáceres, modificar estas proporciones (como indica la nueva ley al destinar el 12% del IDH para pagar los incentivos) significa alterar las proporciones establecidas en la ley 3058, lo que obligaría a llamar a un referéndum nacional, pues lo esas proporciones fueron decididas por el pueblo boliviano en el referéndum de 2004.

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