EFE

Las organizaciones no gubernamentales (ONG) bolivianas a las que el Gobierno de Evo Morales acusó de hacer política negaron hoy por separado esas sindicaciones y rechazaron las amenazas de expulsión formuladas por las autoridades.

Las organizaciones no gubernamentales (ONG) bolivianas a las que el Gobierno de Evo Morales acusó de hacer política negaron hoy por separado esas sindicaciones y rechazaron las amenazas de expulsión formuladas por las autoridades.

La Fundación Milenio, el Centro de Estudios para el Desarrollo Laboral y Agrario (CEDLA) y el Centro de Documentación e Información Bolivia (Cedib) se pronunciaron en ese sentido después de que el vicepresidente Álvaro García Linera les acusara de mentir con sus análisis sobre el Gobierno y de defender intereses «trasnacionales».

El Cedib señaló en un comunicado que esas declaraciones son «infundadas» y «representan un atentado» contra sus derechos civiles.

«Denunciamos además que la amenaza de expulsión del país a quienes ejerzan sus derechos sobrepasan las atribuciones de su investidura y no se encuentran contempladas en el ordenamiento jurídico de ningún estado democrático», indicó esa organización.

El director del Cedib, Marco Gandarillas, dijo a Efe que esa entidad es un fondo documental que ha acumulado, sistematizado y clasificado información hemerográfica desde la década de los 60 con 12 millones de registros, una biblioteca con 70.000 volúmenes y centenares de investigaciones.

Se trata, según el directivo, de uno de los mayores fondos documentales de Suramérica con ese nivel de diversidad temática, sobre economía, medioambiente, minería, política e hidrocarburos.

Gandarillas dijo que le llaman la atención las acusaciones de mentir de parte del Gobierno porque el mismo Estado solicita y usa sus investigaciones para sus propias políticas y acciones.

Agregó que las advertencias de expulsión son una amenaza de «destierro» porque los investigadores del Cedib son todos bolivianos.

El CEDLA defendió en un comunicado que su carácter «independiente respecto a las organizaciones políticas» le ha permitido abordar la investigación sobre asuntos socioeconómicos «con rigor y honestidad intelectual» y con el objetivo de aportar a la superación de los problemas que afectan a los trabajadores.

«Nuestra producción de conocimiento busca rigurosidad y se valida bajo los parámetros de la investigación científica; su relevancia social se fundamenta en el intercambio permanente tanto con trabajadores urbanos y rurales como en el debate público», indicó.

La organización, que tiene 30 años de trayectoria, consideró que las «acusaciones sin fundamento de autoridades de gobierno» tienen «la clara intención política de limitar» sus derechos a la libre opinión y expresión y a la asociación para el trabajo.

La Fundación Milenio ratificó, por su parte, «su absoluta independencia institucional y su estricto apego y cumplimiento de las leyes bolivianas» e indicó que sus labores «tienen como única inspiración el servicio al país y el desarrollo de la democracia».

El presidente Morales ha amenazado varias veces con expulsar del país a las ONG que conspiren contra su Gobierno o que promuevan movilizaciones para oponerse a los proyectos de su Gobierno.

Esta amenaza fue ratificada el lunes por García Linera, quien señaló que las ONG «no tienen derecho a entrometerse en asuntos políticos de nuestro país».

«Si se entromete, se va afuera», sostuvo el vicepresidente.

© EFE 2015

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