Amelia Peña Aguilar

El tema de la “flexibilidad laboral” ha sido estudiado bastante desde el punto de vista de la economía y del derecho laboral. William Delgado, en su estudio “Consideraciones sobre reforma de la legislación”, publicado en 2002, dice que la flexibilidad laboral nos lleva a una época semejante a la Edad Media cuando existía un “salario de sudor”, porque los trabajadores no eran tratados como personas, sino como animales.

Delgado llega a la conclusión de que la flexibilización laboral afecta principios constitucionales y provoca consecuencias graves como la desocupación, el narcotráfico, la prostitución, el contrabando y la evasión de beneficios sociales, entre otros.

Por su parte, según sus estudios, Bruno Rojas, investigador de la Unidad de Trabajo y Previsión Social del Centro de Estudios para el Desarrollo Laboral (Cedla), reveló el 2011 que la situación de los trabajadores es cada vez más precaria, porque la flexibilización laboral está enraizada en la sociedad boliviana, subsistiendo como una práctica cotidiana para obtener mano de obra barata en todos los sectores de producción.

Asimismo, su análisis revela que un tercio de los trabajadores asalariados urbanos ganaba en ese año por debajo del salario mínimo nacional (entre 600 y 700 bolivianos), que el 63,2 por ciento (561.256 personas) de los ocupados asalariados no ha estado afiliado al sistema de seguridad de largo plazo (jubilación y otras prestaciones sociales) y que el único responsable de esta situación es el Estado, que también incumple y viola derechos laborales.

Otra investigación denominada “Tercerización e intermediación laboral”, realizada por Carlos Montellano, dice que este mundo globalizado nos hace creer que no existe otra opción que la economía de libre mercado y que, como en cualquier mercado del mundo globalizado, la libertad se extiende hasta el campo laboral.

Así el trabajador tiene la libertad de aceptar o no un puesto ofrecido, negociar el salario pretendido y, por otro lado, el empleador tiene la libertad de contratarlo o no bajo parámetros fijados por un contrato de trabajo que busca, idealmente, un beneficio mutuo. Para Montellano existe una legislación que no responde a la realidad, ya que busca beneficiar a los trabajadores por encima de los empleadores, imponiendo ciertos lineamientos de contratación, razón por la cual aparece en el mercado laboral el fenómeno de la “tercerización”.

Esta es una estrategia que utiliza la empresa privada para no lidiar con los conflictos laborales, sino que lo hace una tercera empresa que se ocupa exclusivamente de ser una especie de “jefe de recursos humanos” para muchas compa- ñías y es esta tercera la que elabora y firma el contrato laboral, negocia el salario, lo cancela en el tiempo estipulado y, al finalizar dicho documento, se ocupa también del finiquito y demás beneficios sociales que observen las normas.

Otros acercamientos

El investigador mexicano Edgar Belmont Cortez, en su artículo “La Reforma Laboral en México: la mitificación de la empresa y los ajustes en las relaciones laborales”, publicado en octubre del 2014 en la revista Nueva Antropología N° 80, ayuda a ver el tema de la legislación laboral desde un ángulo distinto al que brinda la economía que estudia la relación costo-beneficio de la flexibilización o del Derecho que estudia la relación legali- dad-equidad de la misma.

Este nuevo ángulo, el de la Antropología, ayuda a entender la relación laboral como una relación de poder.

Belmont plantea que la “flexibilidad del mercado de trabajo” es un relajamiento de las obligaciones patronales, que favorecen la inversión y persisten en el caso mexicano como paradigma hegemónico como parece persistir en América Latina y el mundo capitalista.

Como primer dato, el autor cita a Pierre Bourdieu y Luc Boltanski, quienes, en su publicación La Producción de la Ideología Dominante (2008), señalan que quien domina está obligado a justificar la dominación. Esta justificación consiste en transmitir esquemas narrativos, categorías que orienten la percepción y las prácticas de los actores que detentan el poder, sea económico, político y/o simbólico, nos referimos a los empresarios, los políticos, los intelectuales, etc., quienes tienen por objetivo construir una hegemonía más o menos estable.

En su análisis, Belmont cita al Poder Ejecutivo que, en su decreto del 2012 (México), hace un punteo de las razones por las que se impone una Reforma Laboral.

1. El marco jurídico laboral ha quedado rebasado ante las nuevas circunstancias demográficas, económicas y sociales.
2. La legislación actual no responde a la urgencia de incrementar la productividad de las empresas y la competitividad del país ni tampoco a la necesidad de generación de empleos.
3. Subsisten condiciones que dificultan que en las relaciones de trabajo prevalezcan los principios de equidad, igualdad y no discriminación.
4. El anacronismo de las disposiciones procesales constituye un factor que propicia rezagos e impide la modernización de la justicia laboral.

Justificación y objetivos

La justificación de ese decreto mexicano va acompañada de objetivos.

1. Flexibilizar la contratación de personal (contrato de prueba, de capacitación inicial, de temporada, etc.).
2. Individualizar la relación salarial con mecanismos que vinculen la retribución a la productividad y el desempeño individual de los trabajadores.
3. Descentralizar la negociación colectiva.
4. Reducir los costos del despido.
5. Eliminar la antigüedad como un criterio en la movilidad de los trabajadores.
6. Flexibilizar la jornada de trabajo.
7. Reducir las sanciones a la empresa en caso de que se demuestre el despido injustificado (excepto salarios caídos).
8. Regular la subcontratación.

El elemento discursivo de “transparentar los sindicatos” busca en el fondo su destrucción; cuando el objetivo es individualizar la relación laboral, lo que se busca es eliminar cualquier tipo de escudo protector que tenga un empleado para defenderse de los atropellos del empleador.

Los gobiernos neoliberales a lo largo y ancho de nuestro mundo globalizado hablan de su “competitividad” y quieren convencer a los obreros, a los maestros y a los ciudadanos en general de que “su competitividad” es “nuestra competitividad”.

Es decir, tenemos que trabajar más horas, recibir menos salario, no gozar de beneficios sociales, seguros, antigüedad, bonos, es decir, estabilidad en nombre de “su competitividad”. Tenemos que sacrificarnos por “su competitividad”.

Los Estados emiten normas que hacen creer al ciudadano que está protegido por éstas, mientras protege los intereses capitalistas bajo la consigna de “paz laboral”, que no es otra cosa que prohibir que los empleados se expresen por sus reivindicaciones.

Las reformas laborales buscan la flexibilización laboral y la destrucción de los sindicatos en busca del enriquecimiento de las empresas. La competitividad es sinónimo de explotación laboral.

Fuentes

Revista Nueva Antropología N° 80. Sindicatos, Antropología y Cultura Laboral, 2014.
Boletín Grupo Asesor 2309. Tercerización e Intermediación Laboral.
Es economista, egresada de Derecho y diplomada en Pedagogía para la educación superior y en Diplomacia Cultural de los Pueblos.

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