Silvia Escóbar

La finalidad del sistema de pensiones vigente no es garantizar los derechos de las personas; sus objetivos están dirigidos a responder a los requerimientos del mercado financiero y de capitales en contraposición a las necesidades de los trabajadores y los jubilados.

La reforma estructural del sistema de pensiones realizada en 1996 sustituyó el sistema público solidario de reparto (SR), por el Sistema de Seguro Obligatorio (SSO) de ahorro individual y desde 2010 por el Sistema Integral de Pensiones (SIP). El nuevo sistema eliminó el aporte patronal y estatal estableciendo como única responsabilidad del Estado el pago de una compensación por las cotizaciones (CC) realizadas en el anterior sistema, dejando atrás su función social como garante del ejercicio del derecho a la seguridad social. Bolivia fue uno entre 12 países del mundo que encararon la reforma bajo esta modalidad radical.

El nuevo sistema tiene carácter obligatorio para todos los trabajadores dependientes, mientras que los independientes pueden solicitar su incorporación tomando a su cargo  la totalidad de las cotizaciones. Su funcionamiento está en manos de entidades privadas, las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP), cuyos objetivos son propios de las entidades lucrativas. La reforma fue presentada como una necesidad social, con argumentos que se apoyaban en los problemas que presentaba el anterior sistema y en sus potenciales ventajas para mejorar la cobertura, la suficiencia o calidad de las prestaciones y el desarrollo del mercado de capitales en el país.

A diferencia del sistema de reparto, donde los trabajadores contribuyen a un fondo común a partir del cual se pagan los beneficios de jubilación, el nuevo sistema funciona bajo principios mercantiles, donde los trabajadores ahorran y acumulan dinero en cuentas individuales durante su vida laboral para financiar sus pensiones, asumiendo todos los riesgos de las inversiones y, a la vez, la pérdida de las garantías de que los ingresos por jubilación sean iguales o mayores a los que les proporcionaba el sistema anterior.

Desde las primeras evaluaciones hechas por el CEDLA (Centro de Estudios para el Desarrollo Laboral y Agrario), se pudo demostrar empíricamente el fracaso de la reforma con relación a sus objetivos, develando su carácter financiero antes que social. No se mejoró la cobertura con relación a la población activa ni la suficiencia de las pensiones, mientras que la sostenibilidad del sistema sigue amenazada por las obligaciones contraídas por el Estado.

RENTAS. Insuficiencia de las pensiones de vejez. Hasta septiembre de 2013, los jubilados eran 170.000 (18% de la población de 60 años y más), de los cuales el 30% recibe una pensión en el SIP. En los últimos meses, ambos grupos de pensionistas se encuentran movilizados debido a sus bajas rentas. Los del sistema de reparto cuestionan la discriminación de que fueron objeto con relación a los trabajadores activos, tanto en el pago del doble aguinaldo como en los porcentajes de actualización anual de sus rentas; viniendo de un régimen solidario, su demanda se sustenta en una visión colectivista de sus derechos. Una parte de quienes pertenecen al sistema de capitalización se suma a estas peticiones, mientras que la otra, permeada por la filosofía individualista, realiza sus propios planteamientos.

El hecho es que las pensiones son extremadamente bajas para la mayor parte de los rentistas. Actualmente, la pensión promedio de los jubilados en el sistema de reparto es de Bs 2.600, sin embargo, más de la mitad recibe una renta inferior a este monto. El nuevo sistema tampoco asegura un nivel de pensiones suficiente para garantizar el bienestar de las personas. Con rentas que dependen de ahorros acumulados en cuentas individuales y expectativas de vida que superan ampliamente las que se verifican en la realidad, ni siquiera la  compensación de cotizaciones o la Pensión Solidaria, creada para responder al descontento de los trabajadores, posibilita que el SIP supere esta falla estructural. Además de la eliminación del aporte patronal y estatal, la baja rentabilidad de los fondos de pensiones y su tendencia decreciente agravan esta realidad. Veamos.

De los  54.000  jubilados en el  sistema de capitalización individual a marzo de 2013, el 60% financió su pensión solo con el ahorro acumulado en su cuenta individual y la fracción de CC, con un promedio de Bs 2.962.  En este grupo, 6 de cada 10 trabajadores reciben una pensión inferior al promedio. Más aún, el 30% tiene una pensión igual o menor al salario mínimo, con Bs 690 en promedio.

El otro 40%  se jubiló con  la Pensión Solidaria de Vejez, contando con la fracción de CC y  un ahorro suficiente para acogerse a la escala establecida para acceder a este régimen. Con una fracción solidaria variable en función de los requisitos exigidos, reciben  una renta promedio de Bs 1.344, menos de la mitad en comparación con el resto de los  jubilados del SIP. Pero este promedio también encubre una realidad dramática: más de 6 de cada 10 trabajadores de este grupo tienen una pensión inferior al promedio.

Considerando ambos grupos de manera conjunta, el porcentaje de  jubilados con una pensión igual o menor al salario mínimo nacional en el SIP era del 40% en 2013, sin diferencias por sexo. Ese año, el salario mínimo solo permitía cubrir  la mitad del costo de una canasta normativa de alimentos, lo que muestra que  gran parte de los jubilados está expuesto a un retroceso en sus condiciones de vida en la vejez.

LUCRO. Un negocio lucrativo para el capital. Actualmente, el 71,1% del monto de las pensiones en el SIP proviene de la fracción de compensación de cotizaciones financiada por impuestos de los propios trabajadores en tanto contribuyentes al fisco;  el 10% de la fracción solidaria y solo el 14% de la fracción pagada con el saldo acumulado en las cuentas individuales, luego de 16 años de aportes en las AFP. A medida que transcurra el tiempo, el número de trabajadores que cuentan con una compensación de cotizaciones tenderá a disminuir con dos consecuencias visibles: i) las rentas financiadas exclusivamente con el ahorro individual acumulado en las AFP pasarán de bajas a miserables acentuando la pobreza en la vejez; y, ii) un mayor porcentaje de trabajadores necesitará contar con la fracción solidaria para jubilarse, agravando las condiciones para la insostenibilidad del sistema.

En cambio, el sistema financiero, las grandes empresas, el Estado y las AFP siguen beneficiándose utilizando los ahorros de los trabajadores. Solo como referencia mencionemos que según el Ministerio de Economía, las dos AFP obtuvieron un ingreso de 6,7 millones de dólares como utilidad neta en 2012, con un ingreso de 30 millones por concepto de comisiones y un gasto administrativo extraordinariamente elevado de 21 millones, lo que es una paradoja considerando la reducida rentabilidad que obtienen con los fondos de los aportantes.

Ésta es apenas una muestra  de que la finalidad del sistema de pensiones vigente no es garantizar los derechos de las personas; sus objetivos están dirigidos a responder a los requerimientos del mercado financiero y de capitales en contraposición a las necesidades de los trabajadores y los jubilados. Esto significa que estamos frente a una alteración del núcleo básico de la seguridad social, mientras el Gobierno que ha constitucionalizado un conjunto de derechos sociales se desliga de la obligación de garantizar rentas dignas y somete el ahorro laboral a los vaivenes del mercado de valores.

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