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¿Qué privilegios se juegan en el conflicto por las pensiones?

El conflicto entre el Gobierno y la COB marca un hito porque los argumentos del oficialismo ratifican su procapitalismo y porque muestra la independencia ideológica de los trabajadores que antes se sentían gobernados por sus iguales.

La Razón / Carlos Arze Vargas / 19 de mayo de 2013

El actual conflicto protagonizado por los asalariados del país alrededor de la demanda de una jubilación digna  marca un hito en el ámbito de las relaciones del gobierno de Evo Morales con los trabajadores. Ello, principalmente, por dos razones: primero, porque los argumentos con los que el Ejecutivo enfrenta a los movilizados ratifican y refuerzan la certeza de que se trata de un gobierno antiobrero y procapitalista y, en segundo lugar, porque demuestra un grado creciente de independización política de los trabajadores, especialmente de los obreros, respecto al que hace poco consideraban “su” Gobierno y que, cada vez más, es visto como ajeno e idéntico a los del pasado, principalmente por la forma en que pretende resolver los conflictos sociales.

El Gobierno y sus acólitos han desplegado una inusitada campaña de desprestigio de la movilización, arguyendo que se trata de una maniobra de un pequeño grupo de privilegiados. Como no es imposible acusar al conjunto de los trabajadores de ese pecado, pues la mayoría tiene bajos salarios y condiciones precarias de trabajo, se ensañan con los mineros y sus dirigentes. Que los trabajadores mineros gocen hoy de salarios altos se debe a la forma en que se fija éste y que fue alentada por los diferentes gobiernos capitalistas, incluido el actual: el pago a destajo. Esta forma de pago hace depender la magnitud del salario del precio y el volumen del producto; así, el trabajador es sometido al vaivén de los precios y gana bien cuando éstos se elevan y pierde cuando bajan, es decir, queda a merced del mercado. Entonces, el que su salario se haya incrementado extraordinariamente en los últimos años no es fruto de su manipulación, sino de una circunstancia ajena a su voluntad y que, valga la pena decirlo, sirve también al mismo Gobierno para vanagloriarse de la bonanza que el país estaría viviendo. Consecuentemente, no parece injusto que, apegándose a la promesa gubernamental hecha en 2010 a los mineros para obtener su apoyo en la reforma del sistema, intenten jubilarse con rentas que les permitirían una vejez más digna que la juventud que perdieron en los insalubres socavones.

No obstante lo anterior, donde se destaca con mayor nitidez el carácter procapitalista del Gobierno es en la defensa y el resguardo de los intereses que asume. No sólo se trata de que la reforma masista se redujera a la imposición de un limitado 3% de aporte patronal para el Fondo Solidario, contrariando su discurso “socialista” y los propios principios e historia de la Seguridad Social en el país (el Código de Seguridad Social establecía un aporte patronal para el sistema del 21%), sino que el Ejecutivo no aplicó lo que dispone la Ley 065. En efecto, ella estableció un Aporte Nacional Solidario (ANS) de las personas naturales con ingresos superiores a Bs 13.000, en una escala creciente, gravando ingresos como: i) honorarios y dietas de directores de sociedades anónimas, sueldos de socios de otras sociedades y sueldo del dueño de empresas unipersonales, ii) ingresos por alquiler u otra forma de explotación de inmuebles urbanos y rurales, y de muebles, derechos y concesiones, iii) ingresos provenientes de colocación de capitales, como intereses, rendimientos, dividendos, distribución de utilidades de sociedades y empresas unipersonales, e intereses de valores de deuda, iv) ingresos por servicios de consultoría y todo ingreso ordinario o extraordinario. Los datos oficiales sobre los ingresos del Fondo Solidario sólo consignan el ANS correspondiente a los asalariados (incluidos los denigrados trabajadores mineros) y no el de los capitalistas que, como personas naturales, también están obligados a realizarlo y que, obviamente, son quienes obtienen los mayores ingresos en el país, provenientes del trabajo ajeno. Consecuentemente, el Fondo Solidario se ve privado de una cuantía enorme de ingresos que podrían mejorar radicalmente las pensiones, debido a que el Gobierno —por su inclinación a proteger los intereses de los ricos— no ha ejecutado ese mandato de la ley.

Además, el Gobierno favoreció a determinados grupos que constituyen su base social —al margen de la discriminación en favor de los militares que obtienen una pensión del 100% con recursos del tesoro nacional— como es el caso de los cooperativistas mineros. Las cooperativas, al ser consideradas entidades de carácter “social”, no están sujetas al pago de aportes empresariales como el Aporte Patronal Solidario (APS) y el Aporte Minero Solidario (AMS), ambos para el Fondo Solidario, y el socio cooperativista sólo paga los aportes en su calidad de trabajador, eximiéndose, también, de la obligación de aportar por sus elevados ingresos como persona natural (ANS). Paradójicamente, los socios cooperativistas pueden acceder —en calidad de trabajadores— a pensiones solidarias con recursos del Fondo Solidario al que no contribuyen como accionistas o dueños de empresas ciertamente rentables.

Pero la cereza que corona la torta es, sin duda, el hecho de que a dos años y medio de la “reforma plurinacional” —pese a los reiterados anuncios oficiales sobre el inicio de actividades de la Gestora Pública— las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) sigan rigiendo el sistema obteniendo jugosas ganancias, pues no se han modificado las reglas del negocio.

Sólo como referencia mencionemos que en 2009, según datos de la Asociación Internacional de Organismos de Supervisión de Pensiones (AIOS), las AFP en Bolivia obtuvieron ingresos de 41 dólares por aportante por concepto de comisión, lo que, tomando en cuenta el número de aportantes efectivos (el 45% de los 1,5 millones de afiliados) de 2011 y 2012, arrojan un ingreso acumulado por comisiones para las dos gestiones, de aproximadamente 118 millones de dólares y una utilidad sobre esos ingresos —considerando la tasa promedio del quinquenio anterior del 42%— de aproximadamente 49 millones de dólares.

Así, la defensa acérrima de esos intereses explica que el Gobierno —que va adquiriendo cada vez más los rasgos de una tiranía— se vea obligado a blandir los calificativos más denigrantes contra la Central Obrera Boliviana (COB) y los sindicatos  (“golpistas”, “asaltantes del Estado”, etc.), que han despertado de la ilusión que el “proceso de cambio” había generado en algún momento en ellos, y a convocar a las organizaciones campesinas a enfrentar la lucha de los obreros, trayéndonos a la memoria imágenes de ese odioso “Pacto Militar Campesino”, que el dictador René Barrientos montó con algunos dirigentes campesinos y la cúpula militar para enfrentar al proletariado boliviano.

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