De la nacionalización a la subvención a petroleras

Carlos Arze Vargas – Investigador del CEDLA – En octubre del año 2003, el pueblo boliviano, especialmente los pobladores de El Alto, enarboló la consigna de la nacionalización de los hidrocarburos y su industrialización, con lo que apuntó al corazón del modelo neoliberal y de las fracciones de la burguesía en el poder. Esta demanda histórica se inscribía en la tradición histórica de la lucha social por la recuperación de los recursos naturales y la necesidad de superar el patrón de acumulación primario exportador.

El Movimiento Al Socialismo (MAS), contrariamente a lo que dicen hoy sus voceros, no propició esta demanda sino que demandó la instalación de una Asamblea Constituyente que permitiera la reconstitución del Estado capitalista en crisis, postulando cambios políticos, pero sin cuestionar la base económica del país.
Posteriormente, en el proceso de reforma de la Ley de Hidrocarburos, que incluyó el amañado “referéndum del gas”, esta agrupación política centró su discurso en la necesidad de retornar al sistema del 50-50 en la distribución de la renta petrolera.

Este breve recuento de la postura del MAS explica, en parte, por qué, una vez instalado en el poder, la reforma que impuso no fue una nacionalización, ni siquiera en el sentido que conocimos con el nacionalismo burgués del Movimiento Nacionalista Revolucionario (MNR) en el pasado. Permite entender por qué la denominada “nacionalización inteligente” constituye una medida oportunista dirigida a controlar los recursos fiscales necesarios para mantenerse en el poder y desarrollar una política francamente burguesa, es decir, con el objetivo de impulsar la construcción de una economía y sociedad capitalistas escondidas tras el rótulo pomposo de “economía plural” o hasta de “socialismo comunitario”.

Mientras la nacionalización propugnada inicialmente por los gobiernos nacionalistas del pasado promovía el desarrollo económico a partir del control estatal de las rentas de las industrias extractivas y trasladadas al sector privado —ubicado en la agricultura comercial del oriente y la industria—, sobre la base de la expulsión de los monopolios extranjeros, la nacionalización del MAS postula un sui géneris “socialismo comunitario” en alianza con el capital transnacional: el “socio” del proceso.

Por esta razón, nunca contempló la expropiación de los medios de producción de las transnacionales petroleras y se limitó a adicionar a lo establecido por la Ley 3058 (el 50% de Impuesto Directo a los Hidrocarburos y regalías), una participación variable de YPFB en las utilidades de los operadores. Contrariamente, implicó una compra onerosa de las empresas privatizadas durante los gobiernos neoliberales, como lo demuestra el cuadro adjunto.

Hay que añadir a estos datos que, en varios casos, el valor de la compra alcanzó o sobrepasó el valor de venta de la privatización neoliberal: en el caso de Chaco —actualmente con una demanda internacional— la adquisición de la mitad del paquete accionario costaría el 76% del valor de la “capitalización”, la compra de Transredes alcanzaría al 91% del precio de la capitalización, la recompra de la empresa de Logística y de la de Refinación alcanzaría al 109% del valor de su privatización durante el gobierno de Hugo Banzer.

La “nacionalización” no abarcó más que a las empresas “capitalizadas”; por lo tanto, no se dirigió a controlar el sector, es decir, a establecer el monopolio estatal que determine la dirección de las políticas públicas para la superación de la economía primario exportadora, como cabe a un verdadera nacionalización. Asimismo, contrariando el discurso que le permitió posicionarse durante la reforma de 2005, otorgó legalidad a los contratos de riesgo compartido de Gonzalo Sánchez de Lozada y reconoció los derechos que les daban a las petroleras, como es el caso de las inversiones reconocidas de “buena fe” y devueltas a través de los costos recuperables.

Pero más allá de esas consideraciones están las evidencias que arrojan los resultados de la “nacionalización” para demostrar nuestra tesis.

Observando la situación actual del sector, se comprueba que la producción de hidrocarburos permanece controlada mayoritariamente por las transnacionales, que han mejorado su participación en los últimos años: las operadoras extranjeras pasaron de controlar el 74,2% de la producción de gas natural y líquidos en 2006 al 82,2% en 2010; YPFB —a través de sus filiales Andina y Chaco— disminuyó su participación en el mismo período de 25,8% a 17,8%.

La información sobre áreas petroleras refuerza esta observación: aunque YPFB posee el 71% de un total de 23,9 millones de hectáreas de áreas de exploración, las empresas extranjeras poseen el 68% de las áreas en explotación, que son las que contienen las reservas certificadas de hidrocarburos. La elevada participación de YPFB en las áreas de exploración se explica porque desde 2006 se han establecido 98 áreas reservadas con una extensión de 22 millones de hectáreas, de las cuales el 25% se encuentra ya bajo contratos de exploración y convenios de estudio con empresas extranjeras, como PDVSA, GTLI, Petrobras, Petrovietnam y otras.

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