Evo decreta nuevo “gasolinazo” a favor de las transnacionales

Las transnacionales petroleras que operan en Bolivia ayer festejaron en grande: empezarán a recibir 30 dólares por barril de petróleo producido, que les cuesta menos de 8 sacarlo del subsuelo. El gobierno de Evo Morales pasó de un plumazo de la “nacionalización” decretada el 1 de mayo de 2006 y desvirtuada el 29 de octubre del mismo año, a la subvención a las petroleras transnacionales.

La medida se anuncia en medio de una creciente insatisfacción de varios sectores populares que se manifiestan en las calles de diversas ciudades del país, y a pocos días de iniciarse la novena marcha de los indígenas habitantes del Territorio Indígena Parque Nacional Isiboro Sécure (Tipnis) en el norte de Cochabamba y sur de Beni. Esta marcha amenaza con aglutinar a varios sectores antes aliados del partido de gobierno y que, a lo largo de los últimos dos años se han alejado de Evo Morales.

Como “yapa”, Repsol YPF, la cuestionada transnacional que virtualmente fue expulsada de Argentina, ha recibido regalo por doble partida. Al “gasolinazo” encubierto se le sumó la publicación del factor de distribución del reservorio H1b del bloque Caipipendi, el que, según la consultora Gaffney, Cline and Associates, un 24,9% está ubicado en Chuquisaca y un 75,1% en Tarija. Con esta información, la producción de los pozos petroleros ubicados en los campos Margarita y Huacaya deberán compartir regalías en función de sus volúmenes de producción ponderados.

En diciembre de 2010, el gobierno de Morales decretó un “gasolinazo” con subida de precios de los carburantes líquidos como la gasolina y el diesel, cuyos valores casi se duplicaron. Los nuevos precios a pagar por el consumidor boliviano tenían como destino principal el pago de casi 60 dólares por barril de petróleo a las transnacionales. El hecho motivó una protesta social que obligó al Gobierno a dejar sin efecto la medida. Ayer, sin embargo, decretó otra vez la vigencia de un pago mayor a las transnacionales, sin tomar en cuenta, según un estudio del Centro de Investigación de Desarrollo Laboral y Agropecuario (Cedla), que el costo de producción no supera los 8 dólares por barril de petróleo en promedio.
El especialista en hidrocarburos, Christian Villalba, opina que con el actual contrato con las transnacionales el Estado ganaría entre 80 y 90 dólares. Un informe del Cedla afirmó hace algunos días que las transnacionales ganaban “mucho dinero en el país”.

Este estudio revela que los costos de producción de las transnacionales están por debajo del precio que les paga el Estado. El costo promedio de producción de un barril de petróleo es de $us 5,7 y el del millar de pies cúbicos de gas asciende a un dólar.

Con estos costos, gran parte de las empresas que entregan la producción de petróleo condensado al Estado obtenían, antes del decreto, una utilidad neta de 5,62 dólares por barril de petróleo. Otras compañías, que trabajan en campos marginales, reciben un incentivo mayor a la producción, por lo que su utilidad neta aumenta a 11,27 dólares por barril.

Lo mismo sucedería con la producción de hidrocarburos líquidos, y las transnacionales petroleras lograrían millonarias utilidades con la producción de gas natural, ya que sus costos de producción están muy por debajo de lo que reciben como pago desde el Estado.

En promedio, el costo de producción de un millar de pies cúbicos de gas natural en Bolivia es de 1,02 dólares. El 60 por ciento de la producción de gas natural tiene un costo menor al medio dólar por millar de pies cúbicos

Ganancias
Para el analista Económico especialista en Hidrocarburos Christian Delgadillo, el estudio que sacó Cedla está demostrando cómo los costos de producción son bajos y las ganancias que tienen las petroleras en Bolivia superan los 10 dólares por barril. Lo que demuestra que las petroleras no pierden dinero.

De la misma manera, afirma que en el año 2010, cuando el Gobierno intentó aprobar el fallido gasolinazo, el Vicepresidente justificó la medida con el argumento de que se debe elevar el costo del petróleo en el mercado interno, lo que hubiera provocado que estas empresas obtengan más réditos de los que ya perciben.

Delgadillo vaticinó, antes de emitido el decreto, que luego del fallido gasolinazo el Gobierno intentará elevar el precio del barril de petróleo y propiciará una nueva ley de hidrocarburos.

Repercusiones
El asambleísta por Camino al Cambio, Johnny Torres, afirmó que no ha podido ver el decreto porque estaba más concentrado en el informe de la Gaffney, sin embargo, dijo que la nacionalización ha sido inventada. “Si se hace una contabilidad, la petrolera recupera toda su inversión, antes era un contrato de riesgo compartido, se perforaba pero si no encontraban la empresa pagaba eso. Pero ahora es diferente, es un doble discurso del Gobierno nacional”, dijo.

El vicepresidente del Comité Cívico, Mario Cavero dijo que con esto queda demostrado que la nacionalización no funciona y que el país se sostiene gracias a las transnacionales. “Les están dando condiciones para que ellas puedan explorar y perforar para que tengamos hidrocarburos”, afirmó.
Entretanto, el diputado Wilman Cardozo manifestó que es contradictorio a la política de nacionalización que tiene el gobierno.  “La industrialización ha sido un bledo en el país, las únicas beneficiadas siguen siendo no más las petroleras”, señaló.

La “nacionalización” dejó de existir
El decreto de nacionalización de los hidrocarburos, promulgado el pasado 1 de mayo de 2006, ya no existe en los hechos.

En efecto, dicha norma, que establecía ingresos para el Estado boliviano del orden del 82% del valor de la producción hidrocarburífera para los megacampos, dejó de tener efecto en mayo de 2007, cuando el Congreso de la Repblica, por unanimidad entre las bancadas del oficialismo (MAS) y la oposición de derecha (Podemos y otros), aprobó 44 contratos petroleros que anclaron a las empresas transnacionales por otros 30 años en Bolivia, y que redujeron la participación del Estado a sólo 50% de ingresos (32% IDH y 18% de Regalías y participaciones), recordaron expertos consultados por El País.

Los contratos fueron aprobados pese a que las auditorías petroleras conocidas el mismo año 2007, establecieron prácticas fraudulentas e incumplimiento en los compromisos de inversión de varias de las petroleras que llegaron al país el año 1997 de la mano del gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada.

“Lo que hizo Cristina Kirchner en Argentina fue nacionalizar, porque recuperará las acciones de YPF que fueron vendidas por Menem a Repsol en la década de los noventa anteriores. Lo que hizo Evo fue todo lo contrario: legalizó la presencia de las transnacionales en todos los campos petroleros y ahora las subsidia”, dijo ayer uno de los consultados.

“Contrasta la ´confianza´ expresada por Evo hacia Repsol y las críticas que ésta recibió en Argentina. Habrá que hacer una investigación oficial, vía Ministerio Público, para saber las razones por las que el gobierno de Evo Morales no denunció los indicios de fraude contable e incumplimientos en sus compromisos de inversión de Repsol, Petrobras y otras transnacionales”, advirtió otro.

La subvención, vía Notas de Crédito Fiscal (Nocres), constituiría una violación al precepto legal de la Ley de Hidrocarburos vigente que establece que al menos el 50% del valor de la producción de hidrocarburos sea del Estado boliviano, advirtió un abogado especializado en hidrocarburos, quien prefirió mantener su nombre en reserva. Dijo que esta violación a la ley acarrea responsabilidad penal de los que aprobaron el decreto de subvención.

Subvención sería ilegal
La subvención a las petroleras podría estar violando la ley y los propios contratos petroleros, así como un mandato establecido en el Referéndum Nacional de 18 de julio de 2004.

“Se dispone que el Estado retendrá el cincuenta por ciento (50%) del valor de la producción de gas y del petróleo, conforme al mandato contenido en la respuesta de la pregunta número 5 de la Ley del Referéndum Nacional de 18 de julio de 2004”, reza el artículo 8 de la Ley de Hidrocarburos, en tanto que las cláusulas 13.6 de los contratos de operación suscritos por el gobierno de Evo Morales con las transnacionales no obligan al Estado boliviano a garantizar a las petroleras utilidades adicionales a las ya pactadas.

“Queda expresamente convenido que la Retribución al Titular constituirá el único pago a ser efectuado por YPFB por las Operaciones Petroleras realizadas por el Titular bajo este Contrato, y de que YPFB no garantiza en forma alguna la rentabilidad de este Contrato al Titular ni que el Titular recuperará las inversiones en que incurra”, reza la citada cláusula, que es común a los 44 contratos petroleros aprobados por el Congreso de la República el año 2007.

El decreto anunciado por el presidente interino de YPFB, Carlos Villegas, establece el pago de incentivos a las petroleras para que produzcan más petróleo y condensado de petróleo, hecho que, por un lado, evidencia que, a cinco años de la nacionalización y “refundación” de YPFB, ésta empresa es incapaz de perforar pozos productores de petróleo y, por otro, que se estarían violando la ley y los contratos petroleros, advirtió un especialista consultado por El País.

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