Bolivia debate estos días una nueva ley de pensiones que los sectores sociales critican abiertamente. El Gobierno de Evo Morales ha propuesto la creación de un fondo social para que los más desfavorecidos accedan a una prestación a su jubilación. Sin embargo, la necesidad de trabajar durante 30 años consecutivos, en un mercado laboral marcado por la temporalidad y la informalidad, o que el aporte a dicho fondo parta de los propios asalariados con sueldos superiores a los 700 dólares mensuales, enfrenta a los trabajadores a la reforma.

En declaraciones a AmericaEconomica.com, El economista encargado de la Reforma laboral del Centro de Estudios para el Desarrollo Laboral y Agrario (CEDLA) de Bolivia, Carlos Arce, ha mostrado el apoyo del centro y los sectores sociales al sistema solidario tripartito. Actualmente Bolivia cuenta con un sistema de aportaciones privadas a fondos de ahorro que el trabajador debe gestionar. “Abogamos por la recuperación del sistema vigente en los años 70. En el mismo aportaban tanto el Estado, como los empleadores así como el trabajador. La reforma anunciada por el Gobierno solo ratifica la ley neoliberal anterior”, ha asegurado Arce.

Tal y como comenta el economista del CEDLA, la reforma que se debate estos días plantea la necesidad de establecer un subsidio para los más desfavorecidos. De esta manera, aquellos trabajadores que, tras hacer la media de los últimos 30 años trabajados, hayan cobrado más de 4.500 dólares anuales (3.264 euros), deberán aportar una parte de sus ingresos a un fondo común. Dicho fondo servirá para abonar una pensión de entre 70 y 300 dólares mensuales (50 y 217 euros) a los trabajadores que no han alcanzado, a su jubilación, la media de los 4.500 dólares anuales.

Según Carlos Arce, esta medida genera varias controversias. La media de inicio en el mundo laboral de los trabajadores bolivianos se sitúa en los 10 años pese a que la edad mínima para trabajar es de 14. Sin embargo, muy pocos bolivianos, excepto en el sector de la enseñanza, logran alcanzar una estabilidad laboral. Teniendo en cuenta que uno de los requerimientos para acceder al fondo solidario es haber mantenido una actividad laboral de 30 años, los sectores sociales consideran que muchos trabajadores no podrán beneficiarse del mismo. Hay que tener en cuenta además la elevada tasa de trabajo informal, del 65% en la actualidad.

Por otra parte, aquellos que logren acceder a la pensión solidaria, se enfrentarán, con subsidios de entre 70 y 300 dólares mensuales, a una canasta básica que se eleva a los 180 dólares. Sin embargo, aquellos que elevan su sueldo por encima de los 700 dólares mensuales consideran injusto no poder acceder a un subsidio social que ellos van a tener que abonar. Bajo esta perspectiva, la nueva ley está provocando un distanciamiento de aquellos que más cobran con respecto a los más desfavorecidos.

Arce considera que el Gobierno de Evo Morales ha querido hacer una bandera de su política social con este subsidio social. Sin embargo recuerda que “el propio trabajador es quien actúa de manera solidaria con otros trabajadores y no el Gobierno, que no aporta nada.” Recuerda a su vez que el Gobierno ha disminuido la administración privada de los fondos de pensión y sin embargo mantiene una deuda de 2.500 millones de dólares (1.813 millones de euros) con dichos fondos. El economista aboga por el retorno al sistema de los años 70, bajo el que la jubilación se producía a los 55 años y estaba gestionado por los trabajadores. Para ello, el gobierno y los empresarios deberían aportar cierta cuantía a la las pensiones, algo que no parece, por el momento, que vaya a ocurrir.

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