Un análisis laboral del Centro de Estudios para el Desarrollo Laboral y Agrario (CEDLA) afirma que Bolivia aún registra una elevada tasa de desempleo, inestabilidad laboral, bajos salarios y desprotección social. Y el reto para enfrentar esta problemática es un tema que se debate desde los años 80 para activar políticas que estimulen y mejorar la producción del país a favor de la generación de empleos.
La socióloga Silvia Escobar, investigadora del CEDLA, dice que en los dos últimos años se han desarrollado estudios de comportamiento al mercado de trabajo y a partir de esa información se identificaron las principales tendencias en la situación de los trabajadores.
Producto de esos estudios se estableció que la tasa de empleo abierta en el país continúa en crisis, la misma se elevó al 11 por ciento, en 2009.
El tema afecta aun con más intensidad a la mujer porque la tasa de desempleo actual para ella actual es del 13.3 por ciento.
“En muchos casos se intenta desconocer esta situación, pero si uno ve la tasa de desempleo ligada a las condiciones de trabajo que están teniendo hoy en día los trabajadores, se ve que el problema ocupacional en el país no es solamente el desempleo abierto sino también una alta precariedad laboral” señala Escobar.
La precariedad laboral se refiere a que las condiciones de trabajo en general han perdido calidad, y los indicadores de esta situación son la inestabilidad del trabajador, bajos salarios y desprotección social.
La socióloga afirma que se registra una mayor inestabilidad laboral, porque sólo la mitad de los trabajadores en los principales centros urbanos del país tiene un empleo permanente. La otra mitad esta ocupada bajo formas contractuales o atípicas para trabajos que son permanentes y regulares en las empresas, incluso en el Estado, bajo formas de contrato temporal, eventual o por obra.
Los bajos salarios que rigen en la economía “son un problema de gran magnitud”, la forma en que se ha logrado mantener altos niveles de ganancia y acumulación en el país hasta ahora, continúan a expensas de abaratar los costos salariales, tanto el salario directo como los beneficios complementarios al salario.
“Este tema es uno de los puntos neurálgicos de debate hoy en día y de lucha por parte de los trabajadores”, indica Escobar.
Señala que la forma de dimensionar la precariedad salarial es a través de su relación con los costos de la canasta alimentaria y la canasta familiar. El análisis del CEDLA ha demostrado que hay una brecha enorme entre el nivel del salario mínimo y el costo de una canasta alimentaria y es del 39 por ciento, y con el salario mínimo con su poder adquisitivo sólo se podría adquirir el 18 por ciento del costo de esa canasta total.
“Entonces –dice la investigadora- eso muestra que la situación en términos de ingreso se ha deprimido de tal manera que desde ahí deberíamos leer las luchas de los trabajadores por lograr aumentos que les permitan al menos recuperar un mínimo de su capacidad de consumo para satisfacer sus necesidades básicas”.
El tercer indicador señala que los trabajadores están cada vez más desprotegidos socialmente, quiere decir que muy pocos son afiliados a los sistemas de seguridad social, tanto de corto y largo plazo.
A medida que aumentan los empleos eventuales y de corto plazo sin beneficio, la gente aun registrada en el sistema privado de pensiones, no logra aportar con regularidad o con una mínima cuantía, lo cual no garantizará una protección social a su vejez. Datos del CEDLA indican que 13 de cada 100 personas estarían aportando para una jubilación.
Propuesta Escobar refiere de que este tema hace a la política pública en general y a las políticas en todos los niveles, macro, sectoriales, micro y también a todos los ámbitos, nacional, regional y municipal.
“El problema es que hasta ahora se ha privilegiado las políticas macro, la políticas de estabilidad y no se avanzó hacia políticas activas que puedan promover el potenciamiento de la base material para la producción”.
Considera que hay la necesidad de fortalecer la base productiva del país, de articular el tejido social y de generar a través de inversiones y de desarrollos tecnológicos nuevos, mejoras de la productividad que permitan reiniciar un círculo virtuoso de producción y con generación de empleo.
“No hay hasta ahora en la política pública una orientación clara hacia la definición de políticas activas para estimular la producción. Creo que este era un reto que viene desde los ‘80 cuando el gran debate era cómo generar empleo, y solo se puede generar empleo a partir de mejorar la productividad en el país”.

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