El saldo a favor de la oferta se achica cada vez más en el país, reveló el especialista Enrique Gómez. El margen de reserva roza los niveles mínimos que se requieren, según estándares internacionales.

El Gobierno apunta a depender menos de la termoelectricidad, pero el subsidio al gas natural va en contra flecha de las hidroeléctricas. Se requieren inversiones anuales de 250 millones de dólares.

A nivel internacional cada país debe tener un margen mínimo de electricidad de reserva disponible, ante cualquier eventualidad que pueda sufrir el sistema.  El consenso entre los especialistas es que dicha reserva debe representar el 10% de la oferta.

El margen de reserva  se ha reducido a la mitad en la última década y el año pasado rozó el nivel mínimo, reveló el investigador Enrique Gómez esta semana durante su disertación en un seminario organizado por la Plataforma Energética del Centro de Estudios para el Desarrollo Laboral y Agrario (Cedla). Esta situación es altamente preocupante, remarcó el especialista, según ANF.

El 2003 el margen promedio de reserva superaba el 30% y el año pasado se achicó a 11%, detalló Gómez en su disertación. En cinco meses del 2009 el nivel estuvo incluso por debajo del 10% (ver tabulados). La producción bruta supera los 1.110 megavatios (MW); la demanda mínima el pasado año fue de 895 MW.

En el año 2007, un 59% de la electricidad se generaba con gas y diesel, 39% con hidrolectricidad. El Gobierno proyecta para el año 2027 reducir a 44,8% la producción con gas y diesel y elevar la oferta de las hidroeléctricas (ver infografía). Asi lo explicó la funcionaria del Ministerio de Hidrocarburos Susana Anaya en el seminario del Cedla.

Sin embargo, este plan puede truncarse debido al subsidio al gas natural en el mercado interno que  fomenta la instalación de nuevas plantas termoeléctricas pero torna inviables financieramente las centrales hidroeléctricas.

En el país hay ocho centrales termoeléctricas con una capacidad generadora de 686 MW  y siete hidroeléctricas con capacidad de producir 478  MW, indicó al mencionar en el primer grupo a Guaracachi, Karachipampa, Aranjuez, Bulo-Bulo, Carrasco, Valle Hermoso, Kenko y Guabirá. En tanto que en el segundo grupo están Zongo, Miguillas, Corani, Takesi, Yura, Kanata y Quehata.

Hoy más de tres millones de bolivianos  no cuentan con electricidad en el área rural y unos 4 millones de personas en el país usan leña, informó el gubernamental periódico Cambio. Para que esa gente pueda acceder a una fuente segura y barata de energía, es necesario construir el concepto de energía sostenible para una solución integral al problema, aseguró el experto en energías renovables, Miguel Fernández.

“El acceso a la energía marca la diferencia en la calidad de vida de la gente y mejora sus condiciones de sostenibilidad”, dijo el especialista a dicho diario.

Para garantizar la seguridad energética el Gobierno apuesta al uso del gas y la hidroelectricidad, según el plan para el periodo 2008-2027.

Respecto a la seguridad energética, Gómez dice   para el período 2010-2020, se requerirán inversiones en el sector eléctrico por 2.524 millones de dólares, con un promedio anual de al menos 250 millones / El Día y Agencias

La estatización es un tema pendiente

El Gobierno del MAS ha expresado públicamente su deseo de estatizar la generación y transporte de electricidad, mientras que ha enviado señales confusas sobre la distribución.

Desde hace un año el Gobierno tiene en la mira a las generadoras Corani, Guaracachi y Valle Hermoso; incluso un viceministro anticipó que había llegado a un preacuerdo con los dueños de una de las empresas, aunque no se dio mayores detalles al respecto.

Corani participa en un 50 por ciento por Ecoenergy International, subsidiaria de la francesa GDF Suez, mientras que Guaracachi tiene como socia principal a la británica Rurelec PLC, que posee la mitad de las acciones.

La mitad de Valle Hermoso pertenece a la empresa The Bolivian Generating Group, de la firma inversora Panamerican de Bolivia.

El Ejecutivo ha destinado este año 16,6 millones de dólares para el pago de acciones por las empresas que estatice en el sector eléctrico, según consigna el Presupuesto General del Estado (PGE).

Las transportadoras TDE e ICA, pertenecen a capitales españoles y colombianos, respectivamente. La distribución en Santa Cruz está a cargo de CRE / El Día y Agencias.

Para mayor información haga clic aquí