Descripción

Esta nueva entrega del Alerta Laboral trata la actualidad de una Bolivia castigada por los incendios, afectada por la propaganda electoral y los problemas de la economía.

El principal artículo aborda las consecuencias de la política agraria vigente, observándose que la caída de los precios internacionales de los hidrocarburos y la deficiente gestión del sector, llevó al gobierno, en alianza con los agroempresarios, a buscar aumentar la producción agropecuaria mediante la ampliación de la frontera agrícola.

La estrategia no tuvo en cuenta que, en realidad, se requieren políticas agrarias que incentiven incrementos sustanciales de la productividad de la tierra que, a su vez, acrecienten la producción agrícola en suelos adecuados, para la sostenibilidad de bosques y biodiversidad.

Se advierte asimismo que una de las características del mencionado ensanchamiento de esta frontera es la producción de etanol, lo cual ocasionará un efecto totalmente contrario a las supuestas intenciones de utilizar un combustible más amigable con el medio ambiente.

Más aún, se constata que la diferencia entre lo que YPFB paga a los agroempresarios por el etanol y el precio internacional de este producto —y que oficialmente se considera es destinada a cubrir la inversión realizada por éstos— es más bien una forma de subvención pagada directamente por los consumidores, que no están informados de estas implicaciones que llevan a comprar un combustible a un precio mayor.

Por último, se muestra que los buenos negocios para los empresarios en la chiquitania se extienden hacia a la minería, constituida entre las principales actividades económicas de la región.

Coincidente o no, el incendio forestal muestra que la alianza de los agroindustriales con el gobierno —para los cultivos de soya destinada la producción de biocombustibles y carne para la exportación— comprende la explotación minera con un centenar de prospectos y ocurrencias de oro, plata, platinoides, níquel, tantalio, cobre, hierro, estaño, cromo, zinc, piedras preciosas y tierras raras.

Así, en ese contexto es que se registran en la región las presiones gubernamentales y de cooperativas del sector para incursionar en la actividad minera en contra de la voluntad de las comunidades.

Javier Gómez
DIRECTOR EJECUTIVO
CEDLA

Alerta Laboral 85: Políticas del MAS o legitimación del poder agroempresarial

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