Parece que en unos meses más tendremos una nueva Ley de Hidrocarburos. Será la cuarta en 19 años y la segunda en los últimos cuatro. Parecería que acá interpretemos que la seguridad jurídica no se obtiene con la estabilidad y duración de las leyes, sino más bien por una dinámica de constante cambio.

La actual Ley 3058 tuvo una difícil gestación, tardó más de 2 años en su elaboración. Primero fueron los borradores del Ejecutivo hasta que su redacción pasó al Legislativo, donde el entonces honorable (ahora no tan honorable) Santos Ramírez, haciendo honor a su profesión de maestro de escuela, dirigió a los representantes nacionales a la aprobación de un texto que fue rechazado por el entonces presidente Carlos A. Mesa y tuvo que ser promulgada por el presidente del Congreso. Esa es la Ley 3058 que en su texto recoge el desmesurado entusiasmo masista y la intención movimientista de castigar la supuesta traición de Mesa a Sánchez de Lozada.

La ley es mala y contradictoria, su único mérito accidental ha sido el haber subido la tributación a los productores hasta el 50% de los ingresos, al inicio de un periodo de aumento de precios. Resultó ser un éxito de recaudación fiscal, sin poner en riesgo las inversiones. Una cosa es 50% de impuestos cuando el precio está a más de 100 $us/bbl. Productores y Estado ganan muy bien. Otra muy diferente sería si, como el 1997, el precio del petróleo a menos de 10/bbl. Con esos ingresos la tributación del 50% hubiera decretado el cierre de la industria.

Otro de los grandes errores de la Ley 3058 es el tratamiento exageradamente generoso a los derechos de los pueblos originarios al añadir a la consulta obligada el derecho inexcusable de participar en los beneficios del proyecto. Recientemente ya se ha empezado a sentir esa especie de veto al desarrollo de las actividades de YPFB en los proyectos del norte de La Paz.

El defecto más grande de la ley es el tratamiento de YPFB. La norma no vacila en volcar sobre los hombros de un YPFB a ser refundado, todas las responsabilidades de funcionamiento del sector. El énfasis es tan grande que llega a delinear en detalle su futura organización cediendo a todos los intereses regionales. En esta forma termina con una organización de YPFB totalmente inoperante. Lo asombroso es que la Ley 3058 no le asigna ni un centavo de ingresos directos del sector a YPFB, inclusive le suprime los que tenía con la ley anterior. YPFB deberá convertirse en una empresa del “calibre de Petrobras y Pemex” con parte de los dudosos márgenes de utilidad de los contratos de operación.

Posteriormente se aprobó una nueva Constitución Política del Estado (CPE), cuyo articulado referente a los recursos naturales, hidrocarburos muestra la decisión política que el Estado sea el único agente principal de la industria petrolea, a diferencia con la ley que mantiene opciones para la inversión privada. En lo referente a los derechos de los pueblos originarios, reafirma y enfatiza aun más lo planteado en la Ley 3058.

Lo anterior hace necesario que la Ley 3058 sea revisada y modificada para que esté en sintonía con la flamante CPE. Ese es el mandato prioritario para la próxima futura Asamblea Legislativa Plurinacional.

Todo lo anterior es parte del intenso trabajo político que se está realizando con miras a las elecciones. En la vida real ha sucedido que la producción de petróleo y gas está en descenso, hemos perdido mercados de gas, la tan declamada industrialización del gas no ha pasado del discurso y estamos importando carburantes por más de $us 500 millones al año con tendencias crecientes. Esta lamentable situación es atribuida por propios y extraños a la falta de inversiones en el sector.

Como se está en un periodo preeleccionario, con su tradicional habilidad política el Gobierno ha decidido evitar cargos por la inoperancia del sector. Por tanto, se ha abierto dos cauces de discusión o diálogo para remediar la difícil situación. Por un lado el Ministerio de Hidrocarburos y Energía a través de su asesor está convocando a reuniones para analizar aspectos específicos de la ley, para presentar una versión reformada a ser aprobada después de las elecciones en la flamante Asamblea Legislativa Plurinacional. Por otro lado, CEDLA que ha asumido posición crítica a la política actual del Gobierno, ha lanzado públicamente su plataforma de discusión energética. Una especie de asamblea popular para discutir planes y proyectos y proponer iniciativas en todo el sector energético, no sólo hidrocarburos.

No obstante, la aparente intención de lograr cambiar la Ley de Hidrocarburos, crear mecanismos internos que permitan hacer la ley más moderna y operativa no se puede pasar por alto que el límite es la CPE que inclusive amenaza el declarar “traidor a la patria” a las personas que traspasen los límites fijados por la propia CPE. No debemos hacernos muchas ilusiones.

Pero se dice que lo último que pierde un ahogado es la esperanza. Por tanto, me voy a permitir resumir la intervención del señor Azizollah Ramazani, viceministro de la República Islámica del Irán y director Ejecutivo de la Nacional Iranian Gas Company, en la 24ª Conferencia Mundial del Gas el pasado 9 de octubre con el título, muy apropiado para nuestros problemas: “Mecanismos para asegurar la disponibilidad y asequibilidad de capital para futuros desarrollos e infraestructura gasífera”. ¿Por qué Irán? Porque, no obstante, las grandes distancias de magnitudes petroleras siderales que nos diferencian, cualitativamente Irán tiene similitudes con nosotros, enfrentando la falta de inversiones. Irán posee las segundas reservas de gas en el mundo. Nosotros las segundas en Latinoamérica. Irán tiene reservas probadas en el campo de gas más grande del mundo, South Par de 9.700 km2 con 1.800 TCF de reserva de gas y 50.000 millones de barriles de condensado. Nosotros tenemos varias decenas de TCF de reservas de gas en campos probados como Itaú, Margarita, Incahuasi. Irán igual que nosotros importa gasolina. Finalmente he escogido Irán porque los argumentos que se verán más adelante no pueden ser descalificados acusándolos de ser de origen neoliberal, vende patria, etc. Cargos difíciles de endilgar a un importante funcionario de un país como Irán.

Ramazani empezó señalando que las fuentes de ahorro interno y mercado de valores de un país en desarrollo, no son suficientes para las necesidades de desarrollo petrolero.

En consecuencia indicó “la diferencia entre los requerimientos de inversión y los ahorros internos en algunos países en desarrollo y economías en transición, señalan claramente la necesidad de movilizar flujos de capital del exterior”. Dicho lo anterior, continuó el expositor: “Irán tiene un perfil notorio en el mundo de la energía y facilita la inversión de compañías, ha probado estar en conocimiento y está comprometida a cumplir con las reglas de los mercados energéticos”.

Con relación a los riesgos y la incertidumbre para la inversión, Ramazani pasó a señalar que, no obstante que el Medio Oriente cuenta con el 41% de las reservas mundiales de gas y que los costos de exploración y desarrollo son los más bajos del mundo, el movilizar los recursos para atender desarrollos futuros de mercado es altamente incierto por los riesgos en los países, la inestabilidad de la región y la competencia para atraer inversiones.

Por lo anterior indicó, “Inversión extranjera directa sería la llave para el desarrollo a largo plazo de proyectos de abastecimiento de gas en la región”.

Por lo citado, una reflexión. Probablemente Irán no tenga playas tan hermosas como las de Varadero, pero en ese país sí se sabe de petróleo y gas, Alejandro el Magno el año 320 aC reportaba fuegos de gas. Allá se debe ir, bastaría con aprender farsi persa y convertirse al Islam.

Carlos Miranda
es experto en temas energéticos.

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