El presidente Morales pide que se investigue su vinculación con la corrupción que desangra al Brasil.

“No encontrarán nada”, dice y quizás tenga razón: no haya nada.

No es, en todo caso, lo que piensa una investigación decidida a mostrar lo sucedido en distintos países de América Latina donde arribó el capital brasilero.

Precisamente el capítulo 5 se dedica a Bolivia. Es el capítulo Bolivia: OAS, publicado en CEDLA, Inversión de empresas brasileras en América Latina: Camargo Correa, Odebrecht y OAS, CDES/IBASE/CEDLA, Colombia, 2017.

En este trabajo se pone en evidencia que se dieron tres contratos a OAS por 800 millones de dólares.

Se comenta, con respaldo estadístico, que el MNR trabajó con Andrade Gutiérrez, el MIR con Queiroz Galvão y que ahora el MAS trabaja (o trabajó) con OAS.

El ensayo señala que se le concedieron obras con sobreprecios; no se tomó en cuenta el Sistema de Inversión Pública para adjudicarle obras (se llegó al extremo de que la carretera por el TIPNIS no tenía estudios de factibilidad ni diseño final); se adecuó la ley al capital y no el capital a la ley (¡¡¡el contrato del TIPNIS sufrió 23 enmiendas!!!). E incluso para ser más preciso:

En la carretera Potosí-Uyuni, el Banco Nacional de Desarrollo del Brasil, el BNDES, ya no aportó capital. No, éste provino de un crédito de la CAF. El precio original fue de 88 millones pero el costo final fue superior a los 100 millones. Asimismo, cabe remarcar que se les dio el contrato a pesar que la Contraloría en una auditoría dijo que hubo fallas en el proceso de licitación (fue la única empresa en carrera).

En la carretera Potosí-Tarija, el asunto se deterioró aún más. Dos decretos y una ley de excepción dieron la adjudicación directa a Queiroz Galvão, quienes finalmente no hicieron el trabajo.

Sin embargo, se lo “pasaron” a OAS, al margen de cualquier consideración de ley. Con Queiroz el precio fijado fue de 180 millones de dólares pero con OAS acabó en 338 millones de dólares. Un brutal sobreprecio.

En el caso de la carretera Villa Tunari-San Ignacio de Moxos, no hubo estudios de factibilidad y se puso un precio referencial de 415 millones de dólares. Fue adjudicada “llave en mano”.

La Contraloría observó errores en el proceso de contratación, que ciertamente no fueron tomados en cuenta.

¿Qué se observa? Pues simple: casi 1.000 millones de dólares fueron manejados de un modo cuando menos desprolijo. Tanto dinero en una sola empresa con las “debilidades” insertas en su contratación.

¿Es esta una excepción a la regla? No, y es aquí donde conviene mostrar que si el presidente Evo cree poder salir ileso del caso OAS (algo que merece ser investigado) posiblemente no lo esté de otras obras en la medida que lo que sucede con OAS parece ser la regla de una inversión pública orientada a que pocas empresas, todas extranjeras, concentren mucho dinero.

Ya lo analizó el investigador Marco Antonio Gandarillas del Centro de Documentación e Información de Bolivia, el CEDIB, dando a conocer que 30 megaobras en los rubros de energía, transportes e hidrocarburos, absorbieron el 40 por ciento del presupuesto de inversión pública de 2016.

Vale decir, ¡30 contratos concentraron una cifra espectacular: 2.500 millones de dólares!, de un presupuesto total de 6.395 millones de dólares. En 2015 sucedió lo propio con 30 megaobras que sumaban 1.800 millones de dólares, representando el 33% del total de la inversión pública.

Es decir, esta concentración se va haciendo más consistente: de exhibir un promedio de 60 millones de dólares por obra en 2015 pasamos al 2016 a un promedio de 83 millones. En todos los casos, se trata de empresas extranjeras o dotadas de capital extranjero como cofinanciamiento al aporte nacional. Por tanto, menos empresas –empresas grandes/extranjeras– manejan más recursos.

Considero que este es un fenómeno que se conoce como captura, como engranaje menor de un modelo de corrupción aún mayor que comprende el clientelismo, el matonaje y/o la clanificación.

¿Qué es pues la captura? Es un fenómeno que hace referencia a la vinculación informal/clandestina entre el Gobierno y el conjunto de empresas privadas (sobre todo extranjeras) con el propósito de beneficiarse mutuamente, la empresa con contratos cautivos y el Gobierno con recursos ilegales por concepto del “favor” otorgado precisamente a aquellas empresas.

No quedan exentos de este fenómeno, casos como el de la CAMC, Misicuni, o el de las barcazas chinas como dar algunos de los ejemplos más renombrados. Y, lo más relevante, no hay que creer que este “modelo económico” va a menguar por críticas de la oposición, arranques de ética o el funcionamiento de comisiones progubernamentales investigando lo sucedido.

No, pues lo que tenemos enfrente rebasa la culpabilización personalizada, la sanción focalizada (a una o dos empresas) o el voluntarismo moralista.

Tenemos enfrente un modelo que ya acabó con los sueños y esperanzas de un país como Brasil. Insisto: un modelo donde Lula puede ser culpable pero por supuesto que no está solo. ¿Estamos lejos de ello? Lo dudo, creo, más bien que estamos sumergidos hasta el cogote en similar modelo. La única diferencia es que aún no lo sabemos a detalle.

VER: http://www.paginasiete.bo/ideas/2018/4/15/oas-corrupcion-captura-176430.html