Sc. Joshua Bellott Sáenz

Los biocombustibles son considerados derivados de la fermentación de azúcares de ciertas especies vegetales (azúcares del jugo de la caña, del almidón del maíz o de la celulosa y de la lignina, que son parte de la biomasa vegetal de desecho, despolimerizadas química o enzimáticamente), y también se apropia ese nombre, para aquellos productos que son obtenidos por fermentación (alcoholes, particularmente el etanol), o por trans-esterificación y mono-alquilación de ácidos grasos de cadena larga (biodiesel). Los dos productos base para su fabricación son el azúcar y la soya.

La soya se constituye en el producto bandera de los bolivianos en vista de que 75% de la producción se exporta, y el restante 25% se queda en el mercado interno para abastecer la industria aceitera o como alimento balanceado para animales, entre otros.

Las exportaciones agrícolas más importantes para el país son las de castaña (Bolivia es el primer exportador mundial), quinua, girasol y productos derivados y, soya y productos derivados. En el caso de la castaña, la exportación creció de manera continua desde el 2005 cuando alcanzaba los 75 millones de dólares, llegando a 221 millones para el 2018. Respecto a la exportación de quinua, es interesante ver que el 2005 se exportó sólo 6 millones de dólares, creciendo de manera vertiginosa a casi 200 millones el 2014, para bajar hasta los 81 millones de dólares el 2018. La soya, también tuvo un crecimiento acelerado hasta el 2014 cuando llegó a casi 1 mil millones de dólares, para disminuir al 2018 a 800 millones. Por supuesto, las diferencias son grandes. Ver el gráfico.

En ese orden de ideas, podemos mencionar otras diferencias marcadas que determinan el valor de las exportaciones, entre la producción de soya y quinua por ejemplo. El precio de la soya se encuentra alrededor de 400 dólares la tonelada, en cambio la quinua supera los 2,500 dólares, en 2018. Sin embargo, el 2014 llegaron alrededor de 500 y 6,600 dólares la tonelada, respectivamente. Las hectáreas cultivadas de quinua alcanzan a 60 mil, en cambio en el caso de la soya llegan a más de 1 millón de hectáreas en la actualidad.

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Lo cierto es que la producción de biocombustibles en Bolivia ha despertado mucho interés en la opinión pública por varios factores. No sólo porque éstos pueden romper la dependencia a los combustibles fósiles, sino también porque dicha producción viola el artículo 24, numeral 11 de la Ley de la Madre Tierra Nro. 300, y además, porque el gobierno aprobó el aumento de 250 mil hectáreas para el cultivo de soya transgénica mejorada destinada a la producción de biodiesel. Por supuesto, estas posiciones contrapuestas generan distintos criterios por parte de la opinión pública.

En este sentido, conviene saber algunos aspectos importantes que son parte de esta nueva fase en la historia boliviana: la producción de biocombustibles.

Fuente: INE, elaboración propia

Es necesario destacar que para la producción de etanol (que es el producto que se mezcla con la gasolina), se requiere el uso de gasolina o diésel, pesticidas, fertilizantes, herbicidas y otros derivados del petróleo en el proceso de obtención del producto final. Por otro lado, se ha estimado que para la fabricación de 1 litro de etanol se consumen 1,700 litros de agua. A esto se suma el uso de agrotóxicos y la contaminación de ríos por las descargas de las empresas que procesan estos productos, con sus consecuentes daños a la salud y al medio ambiente.

Por otro lado, hace un tiempo atrás se decía que la inversión necesaria para el incremento de la superficie cultivada y las destilerías alcanza a 1,600 millones de dólares, con lo cual se crearían 30 mil empleos.

Es así que, desde este año se supone que la producción de la soya también será destinada a la producción de 100 millones de litros de biodiesel que sustituirá menos del 10% del diésel importado.

Pero en el caso de la soya, que es el negocio más grande no sólo en Santa Cruz, sino de Bolivia; por lo menos en el sector agrícola, debemos preguntarnos si esta nueva política de fabricación de biocombustibles, obedece a objetivos de desarrollo, crecimiento productivo o de re cambio de los combustibles fósiles. Argumentamos a continuación para dar una respuesta clara.

Según el IBCE los principales mercados de Bolivia el 2018 fueron Colombia (48% de la exportación) y Perú con un 30%, pero desde el año 2018 estos países conjuntamente Ecuador, prácticamente deberían abrir sus mercados al MERCOSUR, donde Bolivia tendría que competir con la soya de la Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay. También quedarán a la competencia abierta con el Norte (Sheyla Martinez, CIPCA).

En el mercado de Chicago el precio de la soya está en 298 dólares la tonelada métrica, por lo que descontando los costos logísticos, el precio de este producto puesto en Bolivia estaría oscilando en 210 dólares la TM, siendo que los productores bolivianos la ofrecen a un poco menos de 300 dólares. El promedio del precio de la soya en 2018 fue de 347 $US/TM (CIPCA), por lo que se nota una disminución.

Es claro, que la competitividad de la soya boliviana ha sido amenazada de muerte, y por supuesto, el negocio del biodiesel viene  a ser como un programa de salvataje para los productores e industriales del oriente.

Conociendo un poco más la problemática, sabemos que el control efectivo de la cadena de soya en Bolivia es ejercido por 4 empresas transnacionales, y hay dos que están operadas por capitales nacionales. Estas 6 empresas tienen bajo control el 95% de la exportación de la soya boliviana.

Según McKay (2018) y la Fundación Tierra, el oligopolio de la soya implica una evidente desigualdad en el acceso y distribución de la tierra productiva, y es por eso que el 78% de los productores controlan apenas el 9% de esta superficie cultivable, y sólo el 2% controla el 70% de la tierra. Es también preocupante, que entre el 80 y 95% de los pequeños productores no tengan acceso a maquinaria ni a insumos, y por supuesto, tampoco a créditos por lo que se ven obligados a alquilar sus tierras. Con lo que también concluye que los productores pequeños y medianos tienen costos muy elevados por hectárea de soya y una baja productividad que en el momento, les hace enfrentar pérdidas.

En ese ámbito, el CEDLA con un estudio para el 2017 concluye que se ha profundizado la desigualdad de acceso a tierra, pues las unidades productivas capitalistas tienen el 83,6% hectáreas en promedio, en tanto que las unidades productivas campesinas sólo tienen 10 hectáreas, en promedio, y el 25% produce con superficies menores a 1 hectárea. El 2013, el aporte de los campesinos a la producción de alimentos sólo fue del 10%. Precisa además, que campesinos y colonos son el 25% de los trabajadores (1.3 millones) y el 86% es pobreza multidimensional. Este hecho se enfrenta además a la competencia de alimentos importados a bajo precio.

Por las razones expuestas, estamos en condiciones de afirmar que el negocio propuesto a la industria soyera respecto al biodiesel, no obedece a un criterio de desarrollo ni de crecimiento de la producción, y menos de distribución de los recursos, sino más bien, a intereses políticos para la reproducción del oligopolio. En otras palabras, es una medida en pro de los terratenientes y las transnacionales.

Continuando con otra arista de esta interesante problemática.

Sabemos que ya se estableció en la Ley 821 que la importación de vehículos deberá cumplir con las normas Euro o equivalentes, las mismas que serán aplicadas una vez que los combustibles producidos o importados cumplan con la calidad exigida, y eso significa 5 años a partir del 16 de agosto de 2016. En ese año se deberá cumplir con la norma Euro IV, que implica contar con una gasolina de 97 octanos.

Resulta que desde hace más o menos dos años ingresa a los mercados gasolina mejorada, una de las primeras fue la RON 91, que permitía cumplir la norma Euro II, pero cuya consecuencia fue que sólo se permitiera el ingreso de vehículos modelo 2018 o 2019, para el anterior año. Posteriormente, se puso a la venta la super especial RON 91 a 4.4 Bs el litro.

En enero de 2019 el gobierno firmó con Aguaí, Guabirá, La Bélgica y Unagro para la provisión anual de 150 millones de litros de alcohol anhidro. Este es el insumo que se requiere para la obtención de la super etanol 92, con un 88% de fuente fósil y un restante 12% de esta fuente vegetal, comercializada a 4.5 Bs el litro.

Una publicación de Página 7 del 4 de agosto de 2019 afirma que pese a que el objetivo del ingreso de los biocombustibles al mercado era disminuir la subvención a los carburantes, este 2019 subió con relación al año pasado de 1,705 millones de bolivianos a 2,727 millones. Aunque según el presidente de la estatal la subvención disminuirá en 30 millones de dólares y los próximos años la baja alcanzará a los 100 millones de dólares. Por lo que obviamente, las medidas aplicadas no podrán reducir a cero las subvenciones actuales.

Lo que debe quedar claro para todos los bolivianos es que todas estas medidas en su conjunto tienen, según mi percepción, objetivos claros:

Como dijimos anteriormente, la industria soyera se encuentra con muchos problemas porque en estos 14 años no se produjo un cambio tecnológico que pueda incidir en la reducción de costos y el aumento de la productividad, especialmente de los productores medianos y pequeños.  Asimismo, no se incentivó al 80% de los productores de soya para que puedan crecer y posicionarse en el mercado, sino más bien se incentivó la reproducción de un modelo oligopólico que permitió a los más ricos y a los terratenientes apoderarse del negocio en esta industria.

Por otro lado, y dado que en uno o dos años en el país se tendrá un alto porcentaje de autos nuevos que requieren combustibles con mayor octanaje y que cumplan las normas de emisiones, como la Euro IV, el precio de la gasolina no habrá subido por medio de un Decreto (gasolinazo), sino por medio de una norma ambiental que dejará en el pasado el precio de la gasolina de 3.7 Bs el litro.

Por último, una conclusión que se desprende de este análisis en su conjunto, es que estos 14 años de gobierno han servido para reposicionar a las oligarquías en el país y no para el beneficio de las grandes mayorías, prueba de esto, es el acuerdo político de los grandes empresarios de Santa Cruz y el Movimiento al Socialismo. Por otro lado, y más grave aún, estos 14 años no sirvieron para diversificar la economía y crear una base productiva ancha que abarque a un mayor número de ciudadanos bolivianos, como una política, no sólo de sostenibilidad de nuestra economía, sino como una verdadera distribución de los recursos en pro de las mayorías nacionales.