Al mejor estilo del expresidente Evo Morales, el presidente Luis Arce participó en la IV cumbre de jefes de Estado que comparten territorio amazónico, realizada en Belém do Pará, Brasil, y dio un discurso anticapitalista, conservacionista y medioambientalista que no guarda relación alguna con las políticas que, por acción u omisión, su gobierno viene aplicando en la Amazonía boliviana.

Empezó reconociendo que la Amazonía “enfrenta hoy en día a un modelo de economía basado en la maximización del crecimiento económico que prioriza intereses a corto plazo, como la expansión de la frontera agrícola y la explotación de recursos naturales, sin considerar adecuadamente las consecuencias ambientales y sociales a largo plazo”.

Sin embargo, lo que el presidente Arce no dijo en su discurso es que su gobierno continúa promoviendo en la Amazonía boliviana justamente este “modelo de economía”. El mismo se sustenta en el incremento de la producción agrícola para la exportación y la elaboración de biocombustibles con base en la expansión de la frontera agrícola, y no por la vía de incrementos de productividad.

Por ello, la ampliación de la frontera se dirige hacia el norte del departamento de La Paz y a los departamentos de Beni y Pando, expandiéndose a muchas zonas que no son aptas para el desarrollo de una agricultura sostenible a gran escala. Asimismo, al presidente se le olvidó señalar que su gobierno promueve este “modelo de economía” que, tanto por la vía del mercado como por mecanismos extraeconómicos, está despojando progresivamente de sus tierras a campesinos e indígenas.

Los asistentes a la Cumbre Amazónica tampoco han podido conocer –puesto que Arce Catacora no lo mencionó en su discurso– que su gobierno ha seguido promoviendo la expansión indiscriminada de formas de explotación minera aurífera con consecuencias medioambientales y sociales nocivas en la Amazonía boliviana. En los últimos diez años se ha triplicado el número de cooperativas auríferas que operan mayoritariamente en la Amazonía paceña. Mientras en 2010 se registraban 459 cooperativas, a 2020 se registraban 1.300, según la Gobernación de La Paz. Éstas –que hacen uso descontrolado del mercurio y que contaminan ríos, peces y seres humanos– ocultan también la presencia de verdaderas empresas capitalistas que contratan trabajadores asalariados al margen de las normas sociales y laborales.

La alocución del presidente Arce también advierte que “la deforestación en la Amazonía ha alcanzado niveles alarmantes en las últimas décadas”, responsabilizando de ello a “la agricultura, la ganadería y la minería que han llevado a la pérdida de millones de hectáreas de bosque”. Sin embargo, omitió señalar que Bolivia se encuentra entre los países con mayores niveles de deforestación del planeta. Debió informar que, entre 2016 y 2020, el promedio de pérdida de cobertura boscosa fue de 260.000 hectáreas anuales. Y debió remarcar que, durante su propio gobierno, la deforestación aumentó ostensiblemente: 364.000 hectáreas en 2021 y 429.000 hectáreas en 2022, informó la fundación Amigos de la Naturaleza.

A tiempo de señalar que “las comunidades indígenas que han habitado la Amazonía durante siglos enfrentan conflictos territoriales, desplazamiento y amenazas a sus formas de vida tradicionales”, planteó que el “reconocimiento y el respeto de los derechos de estas comunidades son fundamentales para la preservación de la Amazonía”.

En este ámbito las políticas de los gobiernos del MAS no guardan ninguna relación con este discurso. El presidente olvidó señalar que después de la represión a los indígenas amazónicos que se oponían a la construcción de la carretera que pretendía atravesar el TIPNIS durante el gobierno de Evo Morales, prácticamente se ha paralizado el proceso de saneamiento y titulación de territorios indígenas en las tierras bajas de Bolivia. Tampoco hizo conocer que los territorios indígenas vienen sufriendo constantes avasallamientos por parte de los actores convocados por el gobierno para ampliar la frontera agrícola: empresarios agropecuarios y “campesinos interculturales”.

Se olvidó recordar que las comunidades indígenas, ante la falta de apoyo gubernamental para el desarrollo de empresas forestales comunitarias capaces de explotar de manera sostenida y a gran escala sus recursos forestales, se encuentran cada vez más subordinadas al capital comercial e industrial maderero. Y que, además, ante la falta de apoyo gubernamental para la conformación de empresas agropecuarias comunitarias modernas, varios territorios indígenas están optando por alquilar sus tierras comunales a medianos y grandes empresarios agrícolas como medio de generación de ingresos.

No existe pues correlación entre lo que Arce Catacora y su gobierno pregonan en los foros internacionales y la orientación de sus políticas en relación con la Amazonía boliviana. Por ello, conociendo la orientación que tienen los gobiernos que participaron de la Cumbre Amazónica y reconociendo que también tienen una gran capacidad de simulación, es posible señalar que la Declaración de Belém, que plantea promover “el desarrollo sostenible, armónico, integral e inclusivo de la región”, será un saludo más a la bandera.

Enrique Ormachea es investigador del CEDLA.