Reportaje CEDLA
Unidad de Comunicación y Micaela Villa
Enero de 2026

La Empresa Minera Manquiri, controlada desde el 2021 por la canadiense Andean Precious Metals, afirma operar bajo estándares internacionales de sostenibilidad en el Cerro Rico de Potosí. Sin embargo, autoridades locales, comunarios indígenas y especialistas alertan sobre daños ambientales persistentes, conflictos sociales y debilidad institucional en una de las zonas mineras más frágiles de Bolivia.

El Cerro Rico de Potosí es uno de los territorios mineros más degradados del país y del mundo. En este contexto, la Empresa Minera Manquiri S.A. —creada en 2008 y actualmente controlada por la canadiense Andean Precious Metals Corp.— se presenta como una operadora alineada con los estándares globales de sostenibilidad. Sin embargo, ¿esos compromisos se reflejan en el territorio donde opera?

El Cerro Rico, declarado Patrimonio Mundial por la UNESCO en 1987 junto a la ciudad de Potosí, enfrenta una crisis ambiental y estructural que no es reciente. Hundimientos, contaminación del aire y de cuerpos de agua, y pérdida de biodiversidad forman parte de un proceso de larga data en el que han participado múltiples actores.

En la actualidad, uno de los actores centrales en esta cadena es la empresa canadiense Andean Precious Metals, que controla a la empresa Manquiri desde el 2021. Manquiri es la operadora del proyecto San Bartolomé que, a partir de la remoción y procesamiento de pallacos, sucus y desmontes del Cerro Rico, produce lingotes de plata doré.

De acuerdo a los datos de un estudio reciente del CEDLA, El capital canadiense en la industria minera boliviana del investigador Alfredo Zaconeta, Andean Precious Metals es una de las 14 empresas canadienses que, hasta el 2024, administraban 30 operaciones mineras en todo el país (20 en el departamento de Potosí), la mayoría en yacimientos de zinc. El estudio afirma que Canadá se erige como una superpotencia minera global, no solo por su producción, sino por la influencia de sus empresas en las bolsas de valores y en operaciones a nivel mundial.

La compañía canadiense sostiene que Manquiri cumple estándares internacionales y promueve buenas prácticas a partir de criterios ambientales, sociales y de gobernanza (ESG). Estos estándares, promovidos globalmente como una manera de medir el desempeño responsable de las compañías extractivas, suponen compromisos concretos: mitigación de impactos ambientales, respeto a derechos laborales y comunitarios, transparencia contractual y una relación regulada con el Estado.

Sin embargo, en el territorio el relato es otro. Diversas denuncias locales ponen en duda si esas políticas se traducen en mejoras reales para las comunidades donde la empresa opera.

Este reportaje contrasta los compromisos ESG declarados por la empresa con evidencias territoriales, testimonios y resoluciones judiciales que ponen en duda su cumplimiento efectivo en el Cerro Rico de Potosí. Toda la información fue obtenida de los sitios web de las empresas, además de otras fuentes. El CEDLA mandó cartas con preguntas a la empresa Manquiri en dos oportunidades, en el marco del estudio realizado en 2025, pero no obtuvo respuesta.

Contaminación judicializada y pasivos ambientales sin remediación

En los alrededores del Cerro Rico, la contaminación ambiental no es un temor, sino una certeza. Aunque los impactos responden a un proceso histórico y multicausal, resoluciones judiciales, acciones legales y denuncias recientes vinculan de manera directa a las operaciones actuales de Manquiri con afectaciones ambientales específicas, poniendo en cuestión su desempeño ambiental bajo los criterios ESG.

Uno de los puntos más sensibles es la contaminación de las lagunas Chalviri, Lobato, Ulistia y Phisco Kocha que abastecen de agua a la ciudad de Potosí y que se encuentran cerca del dique de colas de la empresa Manquiri.

Mapa de ubicación del proyecto San Bartolomé de la Empresa Minera Manquiri. Fuente: Google Earth.

En septiembre de 2024, a través de la Sentencia N° 10/2024, el juez agroambiental de Potosí, Tito Baspineiro, ordenó a Manquiri restaurar las cuatro lagunas y presentar un Plan de Adecuación y Remediación Ambiental (PARA) tras verificarse la presencia de metales pesados por encima de los límites permitidos.

La concejala potosina Reyna Menacho, quien impulsó la acción legal junto al concejal José Emilio Elías, sostiene que en los resultados de laboratorios (de sedimentos y de agua) y las inspecciones realizadas por el Concejo Municipal durante las gestiones 2023 y 2024 encontraron cianuro libre en el agua de las lagunas. Además, explicó que la contaminación también se debe a la polución: “como el dique de colas de Manquiri está al inicio, con el viento, como viene de la parte de abajo, las partículas que vienen con esa polvareda contaminan a las lagunas”.

La contaminación en el ayllu Jesús de Machaca

La contaminación ambiental no solo afecta a la ciudad de Potosí. Los comunarios del ayllu Jesús de Machaca (de quienes se guarda la identidad), ubicado detrás del Cerro Rico —zona en la que también está la planta de San Bartolomé—, denuncian impactos ambientales persistentes. Aunque no es posible atribuir estos daños a una sola empresa, los comunarios señalan a las operaciones mineras cercanas —entre ellas Manquiri— como las principales fuentes de contaminación.

La contaminación por la polvareda, proveniente de los diques de cola y las actividades mineras, es cotidiana y afecta viviendas, cultivos y animales.

“Hay mucha contaminación… la polvareda… cuando llueve toda esa contaminación baja hacia nuestras casas […] a nuestros lugares, a nuestros ríos. Antes lavábamos y enjuagábamos nuestras ropas y ahora la ropa se queda como si continuara enjabonada”, relata una comunaria del ayllu.

Un cerro debilitado y advertencias técnicas

El deterioro geomorfológico del Cerro Rico no es un fenómeno reciente, pero sí irreversible. La continuidad de operaciones sin un plan integral de estabilización aumenta el riesgo de más hundimientos que, hasta fines de 2025, llegaban a cerca de 150.

Desde 2014, el Cerro Rico figura en la Lista de Patrimonio Mundial en Peligro de la UNESCO, debido a la deformación progresiva de su estructura. De acuerdo a la sentencia constitucional 1062/2022, la explotación por encima de la cota 4.400 está prohibida, sin embargo, la continuidad de operaciones mineras en esta zona agrava la inestabilidad del cerro.

Más allá de los impactos ambientales, la actividad minera en el Cerro Rico, entre ellas la de la empresa Manquiri, revela tensiones sociales, como comunidades divididas, ausencia de consulta previa, amenazas a denunciantes y condiciones laborales precarias. Estos elementos cuestionan el cumplimiento del componente social de los estándares ESG que la empresa declara adoptar y cumplir.

En Jesús de Machaca, los comunarios reconocen que la minería ha generado divisiones internas. “En el ayllu sí hay un poco de división. Algunos [asumimos defensa] por la contaminación, algunos defienden la minería”, afirma una comunaria del ayllu.

La abogada indígena Ángela Uzuna señala que esta fragmentación suele darse cuando las empresas ofrecen beneficios puntuales a ciertos sectores, debilitando la cohesión comunitaria. “Cualquier empresa minera ingresa a dividir a las comunidades porque les ofrecen cosas y hay quienes aceptan y otros que no aceptan. Allí empiezan a fraccionar”, señala.

Además, los comunarios aseguran que nunca fueron consultados sobre las concesiones mineras en su territorio, lo que vulneraría el derecho a la consulta previa, libre e informada, reconocida por la Constitución Política del Estado y los convenios internacionales.

“Todas las concesiones se entregan sin consultar con nosotros si estamos de acuerdo o no”, afirma un comunario del ayllu.

Ingenios mineros que operan cerca del Cerro Rico de Potosí. Fuente: CEDLA.

Amenazados

Quienes denuncian impactos ambientales enfrentan presiones, como las autoridades municipales que iniciaron los procesos judiciales contra Manquiri.

“Como toda empresa, han querido desvirtuar nuestra denuncia, es más nos amenazaron con iniciarnos un proceso… incluso se utilizó a los comunarios que vinieron acá, a la oficina, […] con chicote en mano porque decían que la empresa minera Manquiri no estaba contaminando las lagunas”, recuerda la concejala Reyna Menacho.

Los comunarios del ayllu tampoco están exentos. “Nos demandan a nuestros comunarios, a nuestras autoridades, indicando que somos un obstáculo al derecho de trabajo”, afirma el comunario.

Trabajo precario, riesgos y muertes en el Cerro Rico

El componente social de los criterios ESG establece la obligación de proteger derechos laborales, garantizar condiciones seguras de trabajo y evitar impactos negativos sobre las comunidades. En el Cerro Rico, estas condiciones están lejos de cumplirse.

Las condiciones de trabajo siguen siendo precarias y extremadamente riesgosas. Situación que provoca la muerte de mineros, entre ellos, menores de edad.

La abogada Uzuna señala que, de acuerdo a un medio local, hasta septiembre de 2025 se tenían registrados 89 mineros fallecidos, “estos mineros son informales y de ascendencia rural”. Sin embargo, también afirma que hay muertes que no se informan, por lo que la cifra puede ser aún mayor.

“Yo he visto que trabajan de manera informal con estas cooperativas mineras o bien son contratados por empresas mineras. Hay mucha explotación laboral. [Trabajan de] manera informal y en condiciones precarizadas. Muchos pueblos indígenas están trabajando. No les queda otra cosa, porque la necesidad es grande”, relata Uzuna.

Ángela Uzuna, abogada quechua.

El investigador del CEDLA, Alfredo Zaconeta, afirma que un reclamo constante de los comunarios es que las políticas de empleo de la empresa Manquiri no priorizan la contratación de personas de la zona. Además, la situación laboral se torna aún más precaria para quienes encuentran empleo en las cooperativas mineras que venden su producción minera a esta empresa.

“Con el aparente consentimiento de la empresa, estas cooperativas incurren en prácticas de subempleo, ofreciendo salarios bajos y condiciones laborales inestables. Esta forma de tercerización laboral precariza el mercado local y perpetúa un ciclo de bajos ingresos y falta de seguridad económica para un sector importante de la fuerza laboral”, señala Zaconeta.

Aunque Manquiri no contrata directamente a todos los trabajadores, su rol como actor central de la cadena productiva la vincula a las condiciones laborales precarias en las que se produce la materia prima que procesa.

En Potosí, los compromisos de gobernanza que exigen los estándares ESG chocan con una institucionalidad débil, fragmentada y, en algunos casos, contradictoria. La falta de fiscalización efectiva permite que las operaciones mineras —incluida la de Manquiri— se desarrollen en un entorno donde los controles ambientales y sociales son insuficientes o inexistentes.

La falta de cumplimiento de la normativa ambiental vigente es habitual. La concejala municipal Reyna Menacho identificó que ingenios, laboratorios y cooperativas mineras operan en el Cerro Rico sin licencia ambiental.

“El tema no es ir contra los actores mineros, sino que se respete la Ley Ambiental. No la podemos tener simple y llanamente como una ley que sirva para utilizarla en discursos y no aplicarla en la realidad. […] Potosí es una ciudad minera y por eso debe tener una responsabilidad ambiental y cumplir con esa normativa”, señala Menacho.

El rol de las instituciones estatales encargadas de controlar tampoco es el adecuado. La Corporación Minera de Bolivia (Comibol), que administra buena parte de las concesiones, no ejerce un control efectivo y no cumple a cabalidad su trabajo de preservación del Cerro Rico.

“Comibol tendría que cumplir, por ejemplo, el decreto supremo 27787 [que establece la preservación del Cerro Rico], pero son los primeros en otorgar tornaguías [permisos] a las cooperativas para extraer óxidos de plata del Cerro”, menciona Menacho. Estos óxidos son enviados a la empresa Manquiri, que es la que los compra.

El investigador Alfredo Zaconeta es más directo: “Tenemos una debilidad institucional, un sistema corruptible, en donde no esperemos que el que es juez y parte tenga una gestión objetiva para garantizar la verdadera utilidad de los recursos naturales”.

Menacho también señala a la Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera (AJAM): “Tendría que verificar que no existan trabajos de minería ilegal. Incluso, evitando de alguna forma el deterioro del Cerro porque hay algunas cuadrículas que, si bien están con la Comibol, hay otras que dependen de la AJAM y en ello no hay una actuación por parte de esta institución”.

Mariel Guerra Tapia de la Sociedad Potosina de Ecología (SOPE).

A esta falta de control efectivo, se suma que hay una transparencia limitada por parte de las empresas acerca de sus informes ambientales. Mariel Guerra, de la Sociedad Potosina de Ecología (SOPE), se cuestiona: “¿Cómo podemos saber si las cosas están bien? Se han hecho estudios, por instituciones [locales] más independientes, y sí se evidencia que hay, por ejemplo, un mal manejo ambiental, pero obviamente ellos van a decir que está todo legal”. El problema está en que “no transparentan su información”, agrega.

Esto deja a las comunidades en un limbo: empresas que se amparan en estándares internacionales, pero un Estado sin capacidad para verificar.

En este contexto, los compromisos de gobernanza que exigen los criterios ESG se diluyen en un entramado institucional donde la falta de control estatal permite que los reportes empresariales no puedan ser contrastados con la realidad del territorio.

La Empresa Minera Manquiri y Andean Precious Metals destacan en sus informes corporativos que cuentan con certificaciones internacionales, como ISO 14001:2015 e ISO 45001:2018, orientadas a la gestión ambiental y la seguridad laboral, respectivamente. Sin embargo, especialistas en minería y medio ambiente subrayan que estas certificaciones evalúan sistemas de gestión interna y no miden necesariamente impactos acumulados, ni los efectos indirectos sobre la ciudad, las comunidades y los ecosistemas.

Vista panorámica de la ciudad de Potosí desde el Cerro Rico. Fuente: CEDLA.

El deterioro ambiental y social del Cerro Rico no puede atribuirse a una sola empresa, ni exclusivamente a Manquiri. Se trata de un proceso histórico y resultados de múltiples causas. Sin embargo, las empresas que hoy operan en este contexto tienen una mayor responsabilidad, especialmente cuando proclaman estándares internacionales de sostenibilidad.

En Potosí, el caso de la empresa Manquiri muestra que la existencia de certificaciones y de reportes de cumplimiento de los criterios ESG no garantiza, por sí sola, prácticas responsables en el territorio si no existen mecanismos públicos de control, transparencia y participación comunitaria.

Para las comunidades afectadas, el debate ya no se centra solo en la legalidad de las operaciones, sino en si el modelo extractivo actual es compatible con la protección del agua, el territorio y la vida.

Mientras el Cerro Rico sigue hundiéndose, la brecha entre los informes de sostenibilidad de las empresas y la experiencia cotidiana de quienes habitan el territorio continúa siendo un punto crítico que exige mayor transparencia, estudios independientes y un diálogo real con las comunidades.

Este reportaje no sostiene que la Empresa Minera Manquiri sea la única responsable del deterioro ambiental y social del Cerro Rico de Potosí. Los impactos descritos responden a un proceso de larga data. Sin embargo, la información presentada muestra que, en el período en que la empresa opera bajo control de capital canadiense, persisten conflictos ambientales, sociales y de gobernanza que ponen en duda la efectividad de los estándares ESG que declara cumplir.