(*) Carlos Arze

Un argumento que lanzó Evo en el momento de explicar su huida de Bolivia, recién llegado a México, fue: «mi pecado es ser indígena». Argumento que sus agentes provocadores en el país han utilizado como consigna para radicalizar las movilizaciones de sus partidarios, poniendo el ingrediente étnico a un conflicto que pretendieron llevar hasta una guerra civil. Su estrategia es una consecuencia lógica de la “racialización” del discurso elaborado por los teóricos del régimen, antiguos izquierdistas que abandonaron toda referencia a la lucha de clases reemplazándola por una versión de la “guerra de civilizaciones”; de ahí que los primeros incendios y atracos protagonizados por sus grupos de choque se dirigieran a domicilios particulares y no a edificios donde se aloja el poder político -como sucedió en el 2003-, con el propósito de provocar el miedo entre la población y de anticipar el contenido de su auto-victimización.

En el curso del conflicto, como podía esperarse, la derecha «cívica» de Santa Cruz encabezada por el empresario financiero Fernando Camacho -personaje perteneciente a una fracción de las oligarquías regionales de oriente- y algunos jefes policiales contribuyeron a darle pábulo a esa versión, al protagonizar algunos hechos en los que se mancilló la whipala, bandera reconocida por los pueblos indígenas y símbolo nacional. Sin embargo, esa postura está lejos de la orientación que primaba en las movilizaciones que exigían el respeto al voto; esas expresiones teatralizadas por Camacho y aplaudidas por sectores conservadores de las ciudades, corresponden a la ideología de una fracción de la burguesía beneficiada, durante la década y media del ciclo de bonanza que vivió el país, por las políticas económicas del gobierno del MAS, a contra mano de los resultados que se podían esperar de un régimen supuestamente socialista. No puede ser más elocuente, en ese sentido, el reiterado recordatorio que hacía el ex-presidente a los empresarios: “con mi gobierno han ganado más que con cualquier otro”.

Es necesario enfatizar que en las movilizaciones de rechazo al fraude electoral estuvieron presentes otras corrientes, diametralmente alejadas de la derecha tradicional, conformadas por sectores sociales como los mineros cooperativistas de Potosí, mineros asalariados de San Cristóbal y La Chojlla, estudiantes y docentes universitarios de La Paz, Cochabamba, El Alto, maestros urbanos, profesionales médicos, trabajadores de salud y, fundamentalmente, vecinos de casi todas los barrios citadinos que no son -como arbitrariamente los etiqueta la campaña mediática de apoyo a Evo, para descalificarlos- “blancos racistas”, sino únicamente integrantes del soberano burlado sucesivamente por las maniobras prorroguistas de Evo Morales y Álvaro García. Por todo eso, la auto-victimización de Evo, aduciendo su condición indígena, es una evidente impostura, no solo porque las movilizaciones populares que acabaron desalojándole del poder no tenían ese tinte racista y discriminador que los apologetas de Evo les atribuyen, sino también porque nada hay más opuesto a la pretendida naturaleza “indígena” de su régimen que la orientación y los resultados de sus políticas, que tuvieron a los pueblos indígenas como sus principales damnificados.

La paradoja histórica de que el gobierno del primer presidente indígena haya gobernado en contra de los indígenas, se refleja en el hecho de que Evo Morales priorizó con sus políticas la acumulación de ganancias capitalistas y la captura para el fisco de una parte de la renta proveniente de la explotación de los recursos naturales, situación que requería ir en contra de los pueblos indígenas, afectándoles en innumerables ocasiones, en muchas de las cuales las decisiones gubernamentales fueron acompañadas de una feroz represión. Algunos ejemplos de esa política, son: la decisión de construir la carretera por medio del Tipnis para favorecer a los empresarios ganaderos, a los productores de coca y al avance de los planes IIRSA; la entrega de tierras fiscales -incluso a costa de producir un desastre ecológico en la Chiquitania- para ampliar la frontera agrícola con el fin de producir soya y caña de azúcar para impulsar la producción de biocombustibles o para crianza de ganado vacuno destinado a la exportación de carne a China, ambos negocios en manos de los empresarios agroindustriales; la intención de construir gigantescas represas hidroeléctricas, como las de El Bala, Chepete y otras en la frontera con Brasil, que afectarían territorios indígenas y a pesar de las evidencias sobre su inviabilidad técnica y económica; la decisión de facilitar la exploración petrolera en áreas reservadas y territorios indígenas como la reserva nacional de Tariquía a cargo de Petrobras o la Cuenca Madre de Dios; el impulso a la minería del oro en el norte amazónico de La Paz, cuyas concesiones pertenecen a cooperativistas, pero que se explotan en asociación con capitales chinos y colombianos.

Es precisamente esa derecha empresarial tradicional, arrimada a los grandes proyectos controlados por capitales monopólicos extranjeros, dueña del boyante sistema financiero y “socia” del Estado en los nuevos negocios de la agenda gubernamental del MAS, cuyos gremios son componentes fundamentales del Comité pro Santa Cruz, la que levantó cabeza en la actual crisis política para intentar recuperar espacios de poder -especialmente regionales, en el caso de Camacho- cedidos en 2008, aprovechando la poderosa movilización ciudadana encabezada por la juventud citadina, ejemplarmente valerosa, pero políticamente inexperta.

El modelo económico prevaleciente durante el gobierno del MAS se ha caracterizado, además de su orientación indiscutiblemente pro-capitalista reflejada en la permanencia del dominio económico de las empresas transnacionales, por la extrema corrupción y una megalomanía ineficiente, resumidas en el fracaso de la denominada “industrialización”: plantas de separación de gas natural y de urea que producen muy por debajo de su capacidad y que no tienen mercados para su realización; retraso y reorientación del proyecto de industrialización del litio, debido a la incapacidad demostrada por la empresas estatal para la producción industrial de carbonato de litio, después de una década de experimentación; disminución de la producción metalúrgica de minerales metálicos, explicada por el fracaso reiterado de la implementación de la fundición de plomo/plata de Karachipampa y la ausencia de un proyecto serio para la construcción de una planta de refinación de zinc, etc. Con todo, la mayor y más grave consecuencia de esa política, radica en la virtual crisis del sector hidrocarburífero, reflejada en la caída absoluta de las reservas de gas natural, en la disminución de la capacidad de producción y en la pérdida de mercados de exportación, conjunto de circunstancias que han derivado de la orientación rentista de la gestión gubernamental concentrada -como sucediera en la etapa de gobiernos neoliberales- en la monetización acelerada de las reservas probadas de gas.

Consecuentemente, la administración fiscal de la enorme renta obtenida gracias a los elevados precios del gas natural y los minerales y de la explotación acelerada de sus reservas por empresas transnacionales, se caracterizó por la inexistencia de planificación seria, por la presencia extendida de hechos de corrupción y por la ineficiencia en la implementación de los proyectos estatales. Sumado a ello, se produjo una enorme sangría financiera provocada por la ejecución de numerosas obras faraónicas como la Casa Grande del Pueblo, el Museo de Evo, la sede de UNASUR, etc., inspiradas en el culto a la personalidad de corte estalinista, que contrasta con el insuficiente financiamiento de los servicios públicos esenciales -principalmente de la salud- sumidos en una crisis de infraestructura, obsolescencia tecnológica y de provisión de insumos.

En síntesis, la salida de Evo Morales no fue producto de un golpe de Estado, sino la consecuencia de la acumulación del enojo y descontento en gran parte de la población -principalmente citadina- que se movilizó en contra de los impactos de largo plazo provocados por su modelo rentista, en contra de la desinstitucionalización del Estado derivada de la orientación corporativista de su administración, en contra del desconocimiento y violación constantes de los derechos civiles, sociales y laborales, y en contra del creciente autoritarismo del caudillo gobernante. Aunque no buscada ni deseada, la presencia de la derecha tradicional, fortalecida por el mismo “proceso” dirigido a construir un capitalismo salvaje, se hizo patente debido al incipiente desarrollo político de los sectores sociales movilizados con la única consigna de “defensa del voto” y aprovechó la presencia de inveterados prejuicios y estereotipos en muchos sectores sociales -que da cuenta de la irrelevancia y demagogia que tuvo la “política de descolonización” en manos del MAS y de la impostura del denominado Estado Plurinacional-, para montar sobre el intacto sistema político de partidos y alcanzar gran influencia en la definición del curso del actual “gobierno transitorio”.

(*) Carlos Arze es investigador del CEDLA.